Lima. Un tribunal de apelaciones peruano ordenó este miércoles liberar a la líder opositora Keiko Fujimori, detenida desde hace una semana tras ser acusada por la fiscalía de recibir dinero de la constructora brasileña Odebrecht para su campaña electoral en 2011, anunció un juez.
La corte “dispone la inmediata libertad de los indiciados detenidos” por este caso, entre ellos la hija del exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000), dijo el presidente de la sala, Octavio Sahuanay, al acoger la apelación de la líder opositora y otros tres detenidos por el delito de lavado de activos, a raíz del presunto financiamiento ilegal de la campaña.
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Keiko, de 43 años, abrazó llorando a su abogada Giuliana Loza al escuchar el fallo, dictado luego de seis horas de deliberación de los tres jueces del tribunal.
La corte declaró que el juez de investigación que ordenó el arresto, Richard Concepción Carhuancho, había cometido dos irregularidades al ordenar la detención de Keiko: copiar y pegar los argumentos de la fiscalía en su resolución y emplear “conocimiento privado” que tenía sobre el caso.
El tribunal aclaró que no se pronunciaba sobre el fondo de la acusación de la fiscalía contra Keiko, de usar la “estructura” de su partido para canalizar el dinero de Odebrecht a su compaña en 2011.
Sin embargo, la corte dispuso que el caso pase ahora a manos de otro magistrado.
Keiko estaba detenida desde el 10 de octubre en el cuartel central de la policía de Lima, una semana después de que la justicia anulara el indulto a su padre mientras cumplía una condena de prisión de 25 años por crímenes contra la humanidad y corrupción.
El exmandatario, de 80 años, permanece internado en una clínica en calidad de detenido desde hace dos semanas.
Aunque debe volver a prisión una vez que sea dado de alta, el exgobernante podría evitar la cárcel por un proyecto de ley hecho a su medida, aprobado la semana pasada por el Congreso peruano, dominado por Fuerza Popular (derecha populista), que lidera su hija.
Cientos de personas marcharon este miércoles en una manifestación contra la corrupción, en la que exigieron al presidente peruano Martín Vizcarra que no promulgue la ley que otorga este beneficio a Fujimori.
En tanto, la hija del expresidente alega inocencia y dice ser víctima de una “persecución política”.
Keiko es acusada de haber recibido de Odebrecht 1,2 millones de dólares para financiar su campaña a la presidencia para las elecciones de 2011, que ganó su rival Humala.
Su detención fue ordenada “por fundados elementos de convicción que relaciona a los antes citados con el delito de lavado de activos, peligro de fuga y obstaculización de la investigación por los presuntos aportes de la empresa Odebrecht a la campaña de Fuerza Popular el 2011”, según había detallado el Poder Judicial.
Un total de 24 personas, entre ellas Keiko, Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya -ambos muy cercanos a los Fujimori- están investigados por supuestamente recibir los fondos de Odebrecht para esa campaña.
Según el exjefe de Odebrecht en Lima, el brasileño Jorge Barata, los dirigentes fujimoristas Yoshiyama y Bedoya fueron los intermediarios en la entrega del dinero.
Barata confesó a fiscales peruanos en Sao Paulo que Odebrecht había hecho aportes no sólo a Keiko, sino también a las campañas de 2006 y 2011 de los expresidentes Alan García (2006-2011), Ollanta Humala (2011-2016), Alejandro Toledo (2001-2006) y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).
Tanto los exmandatarios como Keiko negaron haber recibido dinero de Odebrecht.