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Pidió que le mandara fotos por telefóno, la invitó a salir y le hizo propuestas sexuales. Estas fueron las pretensiones de un profesor de un colegio en San José con una de sus alumnas que iba mal en la materia que él impartía.
Esas eran sus condiciones para subirle los puntos en la nota. Sus intenciones nunca llegaron a concretarse porque la colegiala lo denunció. Al final, el proceso contra él terminó en despido.
El caso no es aislado en el Ministerio de Educación Pública (MEP). En los últimos tres años, 415 funcionarios, en su mayoría docentes, fueron denunciados por estudiantes por hostigamiento y abuso sexual.
De esos, 151 (36%) fueron suspendidos sin goce de salario o despedidos, según estadísticas del MEP. En el resto, el caso se archivó, al funcionario se le amonestó o se le absolvió.
Las denuncias son, en su mayoría, en contra de hombres (406) y las víctimas son en su mayoría alumnas (400).
De las estadísticas suministradas por el Ministerio para los años 2015, 2016 y 2017 se desprende que el hostigamiento ocurre más en los colegios. En estos tres años, de las denuncias presentadas por hostigamiento, 250 se presentaron en la secundaria y 73 en la primaria; el resto, en otras modalidades educativas.
En el caso del abuso sexual, de las 77 denuncias que se presentaron, 45 eran de escolares.
“En los casos de abuso sexual lo que se se da mucho son tocamientos. (Se da más en escuelas) por la vulnerabilidad de la víctima, por cuestiones de edad, el menor no puede decir que está siendo víctima de un abuso y eso lo aprovecha el victimario. En caso de hostigamiento lo que más se denuncia son propuestas de toda naturaleza, vía mensaje de texto por redes sociales o por WhatsApp”, manifestó Dahiana Chacón, de la Unidad de Procedimientos Especiales del MEP.
Esta unidad se encarga de instruir todas las denuncias de connotación sexual en las que incurran funcionarios que laboren en el MEP.
Revictimización
Para que un procedimiento administrativo resulte en la destitución de un docente es necesario pasar por un largo proceso, que requiere una permanente participación de la víctima, quien es obligada a relatar varias veces lo ocurrido en distintas fases.
Primero, deberá dar su testimonio ante la Unidad de Procedimientos Especiales. Si esa instancia recomienda que se sancione al docente con despido, el caso se traslada al Tribunal del Servicio Civil si el funcionario estuviera en propiedad de la plaza.
Este Tribunal inicia un nuevo procedimiento que también requiere la declaración de la persona afectada. Al final ratifica o no la separación del funcionario.
En el caso de interinos, el proceso puede demorar unos seis meses. Con los propietarios se tardar dos años o más.
Si el funcionario en propiedad ha sido despedido por el Tribunal de Servicio Civil, este tiene la posibilidad de acudir en alzada al Tribunal Administrativo del Servicio Civil, que es un órgano desconcentrado del Ministerio de la Presidencia, el cual conoce y resuelve los recursos de apelación en materia de despidos. De nuevo, la víctima contará su historia.
Mientras se espera una resolución final, el docente denunciado es reubicado en funciones de escritorio, normalmente en una dirección regional.
Tanto el MEP como la Defensoría de los Habitantes objetan el procedimiento.
“Es inconcebible que las decisiones para separar del MEP a un hostigador o abusador sexual queden congeladas mientras otra institución, del mismo Gobierno, toma una segunda decisión, imposibilitando que yo pueda garantizarle a la sociedad, a una familia y a una alumna la protección necesaria. Esta es una de esas áreas de la vida nacional en las que se refleja que la doble moral se suele convertir en ordenamiento legal; esto no debería ser un espacio gris, es urgente que no hayan dobleces y nos pongamos a favor de la víctima y en contra del victimario”, dijo el ministro de Educación, Édgar Mora.
No necesariamente cuando un funcionario queda absuelto por un caso de hostigamiento o abuso sexual es porque no sea culpable.
Según Dahiana Chacón, muchas veces la víctima desiste de ir a declarar en el Servicio Civil.
“El Tribunal resuelve con lo que tengan en el expediente. Si la víctima no se presenta se desestima la causa y se declara sin lugar la gestión de despido. Como en un 60% de los casos, el Tribunal del Servicio Civil ratifica el despido, el resto no se ratifica porque la prueba no fue conservada por la víctima (el Tribunal le vuelve a pedir al afectado la prueba original) ya que el celular fue robado, por ejemplo, o porque la prueba desapareció. También ocurre que la víctima decide no presentarse a declarar porque, tal vez, ya no es alumna de esa persona en el centro”, contó la funcionaria.
Desde hace 10 años, la Defensoría de los Habitantes ha alertado al Servicio Civil la revictimización por la que pasan los afectados en las denuncias de acoso y hostigamiento.
“Al Tribunal del Servicio Civil llega un caso pasado mucho tiempo. Este Tribunal tienen un procedimiento que no facilita la resolución de los casos, ya que vuelve a recoger las pruebas testimoniales. Pasado el tiempo, la gente perdió memoria sobre estos hechos. Además, estarlo recordando en menores no es positivo” dijo Alejandra Mora, directora de la Defensoría de la Mujer en la Defensoría de los Habitantes.
Mora afirma que desconoce si el Servicio Civil ha hecho mejoras al respecto.
Alfredo Hasbum, director de la Dirección General del Servicio Civil (DGSC) confirmó que no hay ninguna modificación al proceso hasta el momento.
“Lo que yo considero es que este tipo de situaciones deberían tener un solo proceso por la connotación que tiene para la ofendida”, declaró el funcionario.
