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Debido a la huelga, miles de estudiantes se quedaron sin recibir materia del tercer trimestre y sin preparación para bachillerato. Pese a esto, el Colypro apoyó el movimiento. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael PACHECO GRANADOS)
Personas que motivaran a los docentes a apoyar la huelga contra la reforma fiscal, botellas de agua con el logo del Colypro y comunicados de prensa.
Para estos rubros fue que la Junta Directiva del Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes (Colypro) aprobó el uso de ¢10 millones, días antes de que comenzara la huelga, el pasado 10 de setiembre; el movimiento cumple este viernes 47 días.
El acuerdo consta en el acta No. 075-2018, aprobada el 28 de agosto del presente año. Esta fue la forma como el Colegio mostró su apoyo al movimiento contra la reforma fiscal.
La Junta Directiva consideró que el Gobierno "está tomando medidas que deterioran enormemente el salario de los educadores, el presupuesto para educación y por ende la calidad de la educación”.
“Apoyar el posible movimiento de huelga, convocado a partir del lunes 10 de setiembre para lo cual se destinará un presupuesto máximo de ¢10 millones. Serán destinados ¢500.000 para cada Junta Regional del Colegio, dos comunicados en prensa nacional y medios internos, contratación de facilitadores para colaborar en la motivación en los centros de huelga (uno por Junta Regional y de acuerdo al área de influencia), compra de botellas de agua con el logo de Colypro u otro signo externo”, explica textualmente el acta.
El Colypro se nutre de cuotas obligatorias fijadas por ley para los docentes, pues los que laboren para la esfera pública tienen que estar colegiados para poder trabajar. Es el colegio profesional más grande del país; tiene más de 50.000 miembros.
La misión de la organización gremial es desarrollar acciones destinadas a fomentar una “educación de calidad en beneficio de la sociedad, mediante el control del ejercicio legal, ético y competente de la profesión, así como la dignificación y el bienestar de la persona colegiada”.
El Colegio aprobó usar ¢10 millones para la huelga mientras que, por otro lado, le recortó la ayuda económica al MEP, de ¢800.000, que la institución estaba usando para la producción de los centros virtuales en Facebook para jóvenes que necesitan prepararse para bachillerato y que no tienen el respaldo de sus docentes.
También, el Colegio pidió a un juez impedir que el MEP acudiera a voluntarios para que ayuden a aplicar las pruebas de bachillerato, ante la falta de docentes por la huelga. La solicitud les fue rechazada este jueves.
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Según la Junta Directiva, ellos apoyan el movimiento de huelga pues consideran que la reforma fiscal sí afecta a los docentes y al sistema educativo en general.
“El Colegio en aras de velar porque el sistema educativo de Costa Rica, que es baluarte nacional, no tiene un ejército, sino que se tiene educación e incluso el sistema es ejemplo en muchos países, especialmente en Latinoamérica; cree que están llamados a defender el tema. Sabe que hay otros temas de fondo: afectaciones a los educadores, se habla de poner en la Ley el tema de la prohibición, de la dedicación exclusiva, de las anualidades, pero lo más importante es la afectación que se dará para todo el sector educación en general”, se lee en el acta No. 075-2018.
La Junta Directiva también autorizó que los colaboradores del Colegio, y ellos mismos, participaran en las manifestaciones masivas contra la reforma; así mismo se autorizó la contratación de un autobús para el traslado de los funcionarios, según el acta 083, aprobada el 18 de setiembre.
La organización apoyó al movimiento pese a que varios de sus afiliados enviaron correos quejándose por ello, según consta en el acta 087 aprobada el 27 de setiembre, y a pesar de las consecuencias que la huelga ha dejado a miles de estudiantes los cuales se quedaron sin recibir materia del tercer trimestre y sin preparación para bachillerato.
“Dar por recibido el correo del señor (...) de fecha 17 setiembre de 2018, mediante el cual presenta su disconformidad con la posición de la Junta Directiva en relación a la huelga. Comunicar al señor (...) que conforme a los fines de la Corporación, establecidos en la Ley 4770 en su artículo 2, incisos c y b, el Colegio está facultado para brindar un apoyo solidario cuando haya violación de los derechos laborales de sus colegiados”, se lee en el acta 087.
La Nación llamó en reiteradas ocasiones a Lilliam González, presidenta del Colypro, para hablar sobre el apoyo a la huelga, pese al descontento de algunos de sus afiliados, pero no contestó las llamadas ni mensajes hechos a su celular. Este medio se comunicó con Marvin Jiménez, tesorero del Colegio, pero dijo que solo González estaba autorizada para hablar.
Dudas
Luego de que la huelga de docentes fuera declarada ilegal, el pasado 9 de octubre, la Junta Directiva del Colypro cuestionó la legalidad de su apoyo al movimiento. Un criterio legal de un asesor externo de la Auditoría les indicó que no se podía autorizar un pago más por concepto de huelga.
La Junta indicó que el Colegio simplemente acudió “en auxilio de algunos derechos y situaciones que se estaban violentando porque había una afectación en el plan de la reforma fiscal con lo que tiene que ver con el desempeño profesional y que afectaba directamente a los docentes".
Según la Junta Directiva, existe una posición por parte de la Fiscalía de que con la declaratoria de ilegalidad de la huelga en primera instancia, no podrían continuar con ningún tipo de pronunciamiento como colegio profesional por la naturaleza jurídica que este tiene.
“El Colegio no ha hecho nada que no esté fuera de la Ley desde un momento se dijo claramente por qué se iba a apoyar el movimiento de forma solidaria y así lo manifestó en la Asamblea Regional de San Carlos. Si el Colegio ya tomó una determinación, debe de mantenerla hasta el final porque a estas alturas del partido retirarse porque a diez o quince colegiados se les ocurre decir ‘nos vendieron’ cuando hay una gran cantidad que están agradecidos y consientes de cuál es el apoyo que el Colegio está brindando, no es correcto, porque también estarían faltando a los fines que están defendiendo y por los cuales se metieron en ese movimiento”, dijo Nazira Morales Fiscal de la Junta Directiva en el acta 088, aprobada el 2 de octubre.
Actualmente, el 98,5% de los funcionarios en huelga son del sector educación.