La Universidad Cristiana del Sur deberá cerrar sus puertas definitivamente. El Consejo Nacional de Enseñanza Superior Privada (Conesup) ordenó su clausura, según el acuerdo tomado el 12 de noviembre pasado.

La decisión se tomó al considerar que el centro de estudio no subsanó “totalmente las irregularidades señaladas” y por las cuales había sido suspendida un año.

“Por consiguiente, la Universidad, en el estado actual en que se encuentra, no puede entrar nuevamente en funcionamiento, esto de conformidad con el mandato constitucional desarrollado en el artículo 79 de la Constitución Política”, señala la comunicación enviada a los representantes de la casa de estudios, con fecha del 13 de diciembre.

Con la decisión de la clausura, el Consejo además instruye la conformación de una junta interventora para que organice y administre lo que corresponda. Según el documento, el único servicio cuya prestación debe continuar es la emisión de certificaciones que requieran los alumnos para trasladarse a otro centro educativo y aclarar dudas.

Asimismo, se resolvió secuestrar toda la documentación referente a los registros de calificación y promoción de estudiantes, expedientes académicos y otra documentación relacionada, con el propósito de “resguardar el derecho fundamental de acceso a la educación de los estudiantes”.

Incluso, para realizar esa diligencia se solicitaría cooperación de la Fuerza Pública.

El documento fue remitido a Freddy Ramos Corea, vicerrector académico y Querima Isabel Contreras, representante legal y extrajudicial.

“Para el cumplimiento de lo anterior, la Dirección Ejecutiva trasladará de forma inmediata a la Dirección de Prensa del Ministerio de Educación Pública, una solicitud para que comunique a la brevedad a nivel nacional la clausura definitiva de la Universidad Cristiana del Sur; de manera tal que los estudiantes o cualquier otra persona que se sienta afectado, disponga del plazo de 6 meses una vez publicado el comunicado, para apersonarse a Conesup a solicitar copia del expediente académico o certificación correspondiente, costos que corren por cuenta del interesado”, señala.

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Asimismo, ordena comunicarlo a la Comisión Nacional de Préstamos para Educación (Conape), con el fin de que tomen “las medidas precautorias necesarias” con los estudiantes que tengan préstamos.

Una vez notificada la decisión, los representantes universitarios tendrán diez días para presentar un recurso de revocatoria, el cual daría por concluida la vía administrativa.

Danny Aguilar, director de la Universidad, dijo que, en efecto, van a presentar la revocatoria ante el Conesup, gestión que pondría fin a la vía administrativa. Adelantó que también van a a ir a la vía judicial, es decir, una demanda ante los tribunales contencioso administrativos.

“Nosotros nos abocamos a hacer lo que nos ellos (el Conesup) nos pidieron. Hay una cantidad importante de gente que tenía la expectativa de matricularse y, entonces, pues lógicamente ya en ese sentido hay una afectación y tendrá que acudirse a la vía que corresponde tanto administrativa como judicial”, dijo Aguilar.

Esta universidad fue fundada por el exlegislador Justo Orozco en 1998, quien desde el 2005 se desvinculó.

¿Por qué fue suspendida?

La suspensión de esta universidad se resolvió el 6 de junio de 2017 y rigió a partir del III Cuatrimestre de 2017 y finalizaba en fecha 31 de agosto de 2018, plazo en el cual “debía corregir todas las irregularidades por las cuales fue sujeta a sanción”, así como presentar el plan de mejora.

No obstantes, los problemas habían trascendido desde el 2012, cuando incluso fue allanada por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) por la supuesta emisión de títulos falsos. La queja había sido presentada por el Colegio de Abogados.

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Entre las anomalías que quedaron probadas, según el Conesup, están haber recibido estudiantes que no habían concluido el bachillerato en educación media. Precisamente, uno de los alumnos aceptados en esas circunstancias fue el exdiputado Óscar López.

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Asimismo, permitió a docentes no inscritos ante el Conesup impartir lecciones en la carrera de Derecho. Además, ninguno poseía la licenciatura en esa carrera y, por lo tanto, no estaban incorporados al Colegio de Abogados.

Estas circunstancias le restaban idoneidad para dar clases.

Durante el periodo de la suspensión, la Universidad debía cumplir una serie de requerimientos y abstenerse de matricular alumnos, medidas que según el Conesup, no cumplió a cabalidad.