Revisar el plus de 4% por anualidad sin estar sujetos a ningún tipo de evaluación o el pago de 20 años de cesantía que reciben los funcionarios de la Universidad Nacional (UNA) es una de las propuestas que presentó la Federación de Estudiantes de esa casa de enseñanza.

Su planteamiento es parte de la campaña “La U que merecemos” que entre otros aspectos recomienda renegociar algunas cláusulas de la convención colectiva, que tiene por objetivo mejorar el uso de los recursos públicos.

La idea comenzó a construirse hace casi seis meses derivada de conversaciones con el sector estudiantil, académico, administrativo, sindical, autoridades universitarias, personas pensionadas y especialistas del Estado de la Nación.

Rodrigo Conejo, coordinador del Consejo de Asociaciones Estudiantiles, explicó que la intención es solucionar los problemas dentro de la casa de enseñanza, antes de que esos ajustes lleguen desde afuera.

“Proponemos defender la educación superior pública desde una perspectiva autocrítica de la deficiente gestión interna y falta de rumbo de la UNA”, dijo Conejo.

Según los estudiantes, la universidad que merecen es aquella que reciba el financiamiento pleno establecido desde la Constitución Política, pero también, que sea autocrítica, que brinde educación de calidad, utilice de una forma inteligente sus recursos y que asuma su responsabilidad como institución pública dentro del contexto actual.

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El anuncio de la campaña se da unos días después de que surgiera la polémica por la construcción en esa Universidad de un plaza valorada en $14,5 millones. La Proveeduría Institucional echó marcha atrás con el proyecto por razones de “oportunidad” porque faltan permisos.

Asimismo, en momentos en que se da a conocer un acuerdo de octubre de 2012 que modificó la forma en que se pagan los pluses a la cúpula universitaria, lo que elevó el monto que reciben.

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Sugerencias

Entre los sugerido está implementar una gestión que base su control y evaluación por resultados para asegurar mayor agilidad y transparencia en el uso de recursos públicos.

Además, piden garantizar que los costos de bienes y servicios, contratos, licitaciones y convenios establecidos por la Universidad no excedan injustificadamente los precios de mercado.

Otra propuesta es reformar el obsoleto proceso de evaluación docente para que los resultados tengan consecuencias directas en la toma de decisiones, así como crear un sistema integrado de reclutamiento y selección de personal para garantizar profesionales de excelencia, entre otras.

Daniela Alpizar, presidenta de la Feuna, insistió también en la defensa del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), pues según ella, en caso de un recorte ,las más afectadas serían áreas sensibles.

“Hoy reiteramos nuestra lucha por el presupuesto creciente para la educación pública, nos oponemos al recorte del FEES porque tocaría áreas sensibles de las universidades, como becas y proyectos en comunidad, pero dejaría intactos elementos como pago de salarios excesivos y gastos superfluos”, comentó Alpízar.

Conejo explicó que han tenido comunicación con las autoridades universitarias y sindicatos, que han escuchado atentos sus propuestas de sentarse a negociar algunas cláusulas de la convención.

“Entre esas cláusulas está la anualidad del 4% sin que se sujete a ningún tipo de evaluación. Una censantía que se le otorga al empleado incluso si renuncia y por un plazo de 20 años (...) Otra cláusula que es muy particular en la universidad, que impide a la Rectoría (en calidad de patrono) renunciar unilateralmente a la convenio. Hemos visto que muchos ministros han iniciado por su cuenta a renegociar, pero en la UNA solo se puede hacer en tanto haya acuerdo entre las dos partes”, comentó Conejo.

Las preocupaciones fueron enviadas la semana anterior en un oficio a las principales autoridades universitarias, entre ellas el rector Alberto Salom, para que estas puedan tomar decisiones al respecto en el menor tiempo posible.

La Feuna también invitó a las otras universidades públicas, en el marco de su autonomía, a valorar nuevas medidas que garanticen la sostenibilidad y pertinencia de la educación superior pública en el largo plazo.