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El pago de sobresueldos por concepto de recargos para el 2019 peligra para 16.000 docentes debido a que los directores de los centros educativos se han atrasado en el envío de las propuestas para hacer los giros por la huelga.
Yaxinia Díaz, directora de Recursos Humanos del MEP, dijo que esta situación coloca en “alto riesgo” la posibilidad de hacer estos giros. Espera que se puedan realizar en forma oportuna a partir de febrero.
El Ministerio de Educación Pública (MEP) utiliza la figura del recargo de funciones o ampliaciones de jornada como una forma de atender tareas fundamentales en los centros educativos, en particular del I y II ciclos de la educación eeneral básica.
Los docentes reciben un pago adicional por recargos cuando hacen tareas como dirigir la huerta de la escuela, atender a alumnos con problemas de aprendizaje, labores en biblioteca o coordinar las cooperativas estudiantiles. En total son 50 tipos de recargos, la mayoría otorga un 50% adicional del salario base.
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Cada solicitud de asignación o de renovación de un recargo debe ser tramitada por los directores antes del inicio de cada periodo lectivo.
Para cancelar ese rubro el próximo año, el MEP habilitó, inicialmente, el periodo del 17 de setiembre al 19 de octubre para que los directores de I y II Ciclo presentaran sus solicitudes; luego les otorgó una ampliación que venció este viernes 2 de noviembre.
Al cumplirse el nuevo plazo, Recursos Humanos solo había recibido alrededor de 3.000 peticiones que representarían apenas el 18% del total estimado de 16.000.
“El mayor problema que se genera de esta situación es que tarde o temprano llegará la avalancha de solicitudes cuyo análisis y eventual aprobación estará supeditada a que esta dirección la cumpla con miles de otros trámites aún de mayor prioridad para el inicio del curso, como lo son nombramientos, ceses, traslados y sustituciones por incapacidad, entre otros”, manifestó Díaz.
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Los docentes están en huelga desde el 10 de setiembre y mantienen la protesta a la espera de un fallo final del Tribunal de Trabajo sobre la legalidad o ilegalidad del movimiento.
En promedio, cada año se reconocen alrededor de 30.000 de estos sobresueldos a docentes y administrativos para cubrir, temporalmente, funciones adicionales a las labores propias del puesto permanente del servidor; se trata de una situación transitoria motivada por la necesidad de suplir determinados menesteres que, por razones de oportunidad y conveniencia de la Administración, no requiere de un funcionario a tiempo completo.
Para el 2018, el MEP presupuestó cerca de ¢200.000 millones a fin de cubrir tales obligaciones.
El VI Informe del Estado de la Educación concluyó que los incentivos y recargos que el MEP paga a sus docentes representan un gasto de muchos millones que no se traducen en mejoras de la calidad de la educación.
Según el estudio, los sobresueldos están “desligados de cualquier medición de desempeño”.
