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El millonario sobresueldo que reciben los docentes de la UCR bajo el nombre de “escalafón” podría ser eliminado en el mediano plazo.
Este plus, que significa millones en el presupuesto de la casa de enseñanza, está bajo revisión del Consejo Universitario, presionado, de alguna manera, por cuestionamientos ante la Sala Constitucional, consideraciones de la Procuraduría General de la República y, según señala el mismo órgano, la necesidad de adecuarse a la “realidad financiera de la institución”.
Para la Procuraduría –que es el asesor jurídico del Estado– es inconstitucional el pago de este beneficio contenido en el artículo 11 de las Regulaciones del Régimen Salarial Académico de la Universidad de Costa Rica (UCR).
Así lo expresó en la respuesta dada a la Sala IV, el año pasado, que conoce acciones contra siete pluses de la UCR planteadas desde diciembre del 2016 por los entonces diputados libertarios Otto Guevara, Natalia Díaz y José Alberto Alfaro.
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La Procuraduría también consideró inconstitucional el sobresueldo porcentual que se incrementa según la categoría del docente, hasta llegar a un 80% del salario base, artículo 3 (Salario de categoría en régimen académico). Sin embargo, este no tendrá cambios en cuanto a la cantidad de dinero que se otorga, solo una redacción diferente o redefinición.
Aunque todavía no hay pronunciamiento del tribunal constitucional, la Universidad de Costa Rica (UCR) pareciera querer adelantarse y actualmente estudia una propuesta de “reforma integral” de las Regulaciones del Régimen Salarial Académico de la Universidad de Costa Rica (UCR), hecha por la Comisión de Docencia y Posgrado y analizada en la sesión del 16 de agosto pasado del Consejo.
Esta propuesta incluye eliminar el millonario incentivo llamado “escalafón” (artículo 11) que se otorga a cerca de 5.000 docentes que forman parte del Régimen Académico y Servicio Docente, según su categoría (interinos, instructores, adjunto, asociado y catedrático). Se avanza de categoría con base en sus méritos académicos y experiencia, independientemente de su jornada.
Este plus significa una erogación anual de cerca a los ¢4.300 millones. Un “escalafón” es un 3% más del salario base.
Por ejemplo, los profesores interinos e instructores que cumplan un año de trabajar en la institución tienen derecho a un escalafón (3% de aumento sobre el salario base).
A partir del segundo año de laborar, esos mismos trabajadores obtienen el derecho a un segundo escalafón (que suma un 6% sobre salario base). Aquel es el tope máximo para estas categorías por lo que el 6% sobre el salario se mantendrá durante los años que trabajen como instructores e interinos.
Si el profesor es ascendido a la categoría de adjunto, sumará tres escalafones por año, hasta un máximo de tres, los que sumarán 9% sobre el salario base. Ahí se quedará durante el tiempo que sea profesor en esa categoría.
Entre tanto, los profesores asociados reciben 3% por año, hasta un máximo de 10 escalafones, los que representan un 30% sobre el salario base.
En el caso de los catedráticos, ellos no tienen tope; se les aumenta un 3% sobre el salario base por cada año laborado. O sea, si laboran 20 años en esa categoría acumulan 20 escalafones (60% de aumento sobre el salario base).
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Sustitución del escalafón
Según Rodrigo Carboni, director del Consejo Universitario, como sustitución del escalafón, la propuesta de la Comisión de Docencia y Posgrado establece un crecimiento gradual dentro de cada categoría del Régimen Académico y Servicio Docente y no en saltos largos como ocurre actualmente. Por ejemplo; actualmente, al profesor en categoría de instructor se le paga el salario base más un 30% del mismo, cuando pasa a categoría de adjunto, por sus méritos académicos y experiencia, llega a ganar el salario base más un 40% del mismo.
“La idea es ir haciendo un crecimiento interno dentro de la misma categoría a medida que los puntos vayan creciendo, darle mérito al crecimiento, que sea paulatino, pero si no desarrolla trabajo académico, su salario no crecerá dentro de la misma categoría”, explicó el funcionario.
También se unificará en una sola cantidad el salario base más el porcentaje que actualmente reciben los docentes a medida que crecen en en el Régimen Académico (artículo 3).
“Esto no implica un aumento en erogación salarial ni una disminución salarial solo una definición (redacción) diferente. La gente cree que cada salario base es diferente para cada categoría, pero es el mismo salario base para todas las categorías. La manera de variarlo es dar un porcentaje mayor de ese salario base a medida que el docente aumenta de categoría. Se va a definir un salario base diferenciado para cada categoría y con esto se deja de definir en proporción de algún porcentaje”, explicó Carboni.
La propuesta también incluye la modificación del salario base que reciben los docentes en planilla y los docentes interinos. Cada uno será diferente.
El Consejo Universitario, en la sesión celebrada el 4 de mayo del 2017 (N°. 6077) dijo que, a la luz de la acción de inconstitucionalidad planteada por los exdiputados, la Procuraduría interpretó “erróneamente” las Regulaciones del Régimen Salarial Académico de UCR, “sin entender la dinámica salarial académica”.
“Es necesario actualizar y aclarar las Regulaciones del Régimen Salarial Académico de la Universidad de Costa Rica, para que estén acordes con la realidad financiera actual de la Institución y, por otra parte, para evitar interpretaciones erróneas o ambiguas de esta normativa”, se lee en el acta de N°. 6077.
En la sesión celebrada el pasado 16 de agosto, el Consejo Universitario solicitó a la Rectoría determinar el impacto que podría ocasionar en las finanzas institucionales cualquiera de las propuestas planteadas por la Comisión de Docencia y Posgrado.
