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Si el Ministerio de Hacienda pagara los montos correspondientes a los 153 destinos específicos fijados por ley, entregaría el 95% de que recauda en impuestos.
El peso de tales obligaciones ha ido en crecimiento pues, por ejemplo, para 1991 representaban el 35% de la recaudación.
Con el tiempo se fueron creando más sin considerar su sostenibilidad pues aunque para el 2000 había 84, nuevas leyes e incluso reformas constitucionales aprobadas a partir de ese año crearon 69 destinos específicos más.
De esta forma, para el 2018, esta camisa de fuerza representa el 46,1% del presupuesto total de egresos del Gobierno y un 12,5% de de la actividad económica nacional (PIB), según datos que dio conocer la Contraloría General de la República (CGR).
Ese órgano emitió tres informes sobre problemas estructurales que deben atenderse para dar una verdadera solución a la crisis fiscal. Los otros documentos se refieren a la evasión del impuesto de ventas y al esquema salarial de pluses, todos fueron elaborados por el Área de Fiscalización Financiera.
Los tres son aspectos que se ponen en la mesa luego de la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
Uno de los aspectos en los que hace énfasis la contralora general, Marta Acosta, es que estos destinos se crearon sin fuente de financiamiento, como ocurre con el 74,2% de los que se pagan actualmente. Otra preocupación, es que ninguno tiene un límite de tiempo sino que todos son obligaciones a perpetuidad.
Por ejemplo, hay cinco instituciones que reciben montos por leyes que se crearon entre 1940-1959; existen 18 que reciben destinos específicos con leyes creadas entre 1960 y 1979, y 61 Instituciones que reciben dinero con leyes creadas entre 1980 y 1999.
El resto de los destinatarios, 69, reciben destinos específicos con leyes creadas del año 2000 a la actualidad.
“Los destinos específicos en Costa Rica han sostenido desde 1949 servicios esenciales tales como la educación, la justicia y la asistencia social, entre otros. Sin embargo, surge la interrogante de si estos cumplen, hoy en día, con los objetivos para los cuales fueron creados, o bien, si el presupuesto con el que cuentan es el necesario.
"El establecimiento de un término en el tiempo para las asignaciones presupuestarias predefinidas estimularía la evaluación de sus resultados, al tiempo que brindaría la posibilidad de valorar su continuidad y el óptimo direccionamiento en función de las necesidades de la colectividad.”, indicó la Contraloría.
Mucho peso
El destino específico que más pesa es el 8% del producto interno bruto (PIB) que se le asigna a la educación (incluido el financiamiento para las universidades públicas), según mandato constitucional. También es significativo el 6% de los ingresos corrientes del Gobierno Central que deben trasladarse al Poder Judicial.
Ambos rubros absorbieron el 73,8% (¢3,1 billones) del total del presupuesto para esos pagos.
También hay que incluir los montos fijados por leyes como los que se trasladan a la Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Desaf), al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), las universidades públicas), el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y la Dirección Nacional de Desarrollo Comunal (Dinadeco). Estos representan el 26,2% (¢1,1 billones) del total del presupuesto de destinos específicos.
O sea, que en por esos rubros, el país pagó ¢4,2 billones este año.
Para la Contraloría, la revisión sobre la estructura del gasto, principalmente el comportamiento de las asignaciones preasignadas o destinos específicos “debe ser continua”, sobre todo en el contexto de poca holgura fiscal como el que atraviesa el Gobierno Central.
Las advertencias han sido constantes.
El año pasado, la Dirección General de Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda indicó que por cada colón de ingreso del Gobierno, se deben atender gastos por ¢1,75. Para pagar el faltante hay que recurrir a endeudamiento, lo que convierte al presupuesto en uno altamente rígido.
“El informe dirigido a la Asamblea Legislativa es el que versa sobre los destinos específicos. Actualmente absorben el 95% de los ingresos tributarios y el 46% del gasto total. Es un tema que el país debe revisar a fondo”, reiteró Acosta.
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Para la CGR , los destinos específicos deberían establecerse de modo que no atenten contra la consecución de macro-principios del gasto público “como la eficiencia, la calidad y la sostenibilidad fiscal, ni tampoco pongan en riesgo la capacidad del Estado para proporcionar a la sociedad los servicios públicos que esta requiere”.
La Contraloría explicó que si se analiza la evolución de los destinos específicos en conjunto con la evolución de los ingresos tributarios que recauda el Gobierno Central, los gastos predefinidos del presupuesto representan este año el 12,5% del PIB, mientras que los ingresos tributarios un 13%.
“Esta cercanía entre el peso de los destinos específicos y los ingresos tributarios en la actividad económica nacional es claro indicador de la rigidez que estos gastos causan en los ingresos que recauda el Gobierno, dejando técnicamente un margen de flexibilidad presupuestaria de tan solo 0,5 puntos porcentuales”, manifestó el ente contralor.
En el caso de los destinos constitucionales (educación y Poder Judicial) estos representaron un 3,9% del PIB en 1991, pero, para el 2017, el porcentaje que representaban del PIB subió a 8,7%.
Como parte del análisis, la CGR hizo un ejercicio para ver los escenarios proyectados al 2030 y la conclusión es que no hay garantía de la sostenibilidad de este gasto en el tiempo, aun y cuando se implemente la reforma fiscal.
El ente contralor, explicó que el país tiene el desafío de realizar una “revisión exhaustiva”a la luz de los principios fundamentales de gasto público y condicionar la aprobación de nuevos destinos específicos teniendo una fuente de financiamiento identificable que permita su sostenibilidad y la de las finanzas públicas del Gobierno Central.
También corresponde a las instituciones receptoras rendir cuentas “incluyendo información sobre saldos no utilizados, logros alcanzados y eficiencia en el uso de los recursos públicos”.
¿A qué principios fundamentales deberían sujetarse?
Según la Contraloría, los montos que se fijen por ley, deberían responder a cuatro principios “fundamentales”.
Flexibilidad presupuestaria: La forma en que se establecen imprime un alto grado de inflexibilidad al presupuesto.
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Equilibrio o igualdad presupuestaria: El establecimiento de una fuente de financiamiento (tanto para los constitucionales como para los que resultan de leyes) es más la excepción que la regla.
Gasto óptimo necesario: Se han fijado como asignaciones fijas referidas al comportamiento de variables económicas y tributarias en lugar de asociarse a variables que se relacionen con sus objetivos, lo que ha favorecido su crecimiento inercial en el tiempo.
Temporalidad o término: Ninguno de los 153 destinos específicos que existen está sujeto a término ni a criterios de evaluación que justifiquen su permanencia en el tiempo.
