Este sábado, el presidente Carlos Alvarado Quesada inaugurará en Moín, Limón un nuevo muelle petrolero que debió estar listo hace cuatro años y del cual no hay claridad si entrará en operación.

La construcción de la Terminal Portuaria Petrolera del Atlántico se inició en 2012 y su conclusión estaba prevista para 2014. Su propósito es aumentar la capacidad de almacenamiento de combustibles de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) al pemitir el ingreso de buques de mayor volumen con gasolina, diésel y otros carburantes.

En la marcha, sin embargo, se sucedieron una serie de atrasos. El último escollo data de marzo del 2017 cuando quedaba por instalar el “cerebro” informático es decir los programas para manejar la millonaria infraestructura.

Fue en aquel momento cuando unos 150 empleados interrumpieron labores por falta de pago por parte del consorcio ICA-MECO debido a que la constructora Ingenieros Civiles Asociados (ICA) en México atravesaba una crisis financiera. En el consorcio a cargo del muelle, esa firma es el socio mayoritario.

Aunque luego se depositó el salario de los trabajadores, la paralización de la obra se extendió 17 meses cuando faltaba supuestamente solo 4% de los trabajos por concluir; según documentos de Recope.

Cumplidos seis años de labores, cuatro de atraso y una década en planes, el presidente Alvarado cortará la cinta inaugural , aunque todavía la información oficial del proyecto sugiere que este podría seguir inconcluso.

“La obra civil se encuentra finalizada, se trabaja en detalles y terminación de calle de acceso. Se realizan pruebas hidrostáticas de tuberías de producto y se trabaja en tuberías del Sistema Contra Incendio (SCI). Se da continuidad al avance de obra eléctrica, instrumentación y control de forma lenta, dado que falta suministros importantes” indica la ficha oficial del proyecto.

Actualizada al 3 de agosto anterior, ese documento revela que la terminal tenía a esa fecha 95,8% de avance.

Este diario consultó a Recope si la ampliación está lista para entrar en operación. La entidad se limitó a responder que el presidente Alvarado la inaugurará este fin de semana.

La anterior administraciónde la Refinadora informó el año pasado de que iba a estrenarse entre junio y julio del 2017. Sin embargo, después trasladó su estreno para enero de 2018.

Los años de espera hicieron así que el costo original del muelle creciera de $98 millones iniciales a $103 millones (5% más) por ajustes en obras y complicaciones que datan del 2014, según ha admitido la Refinadora.

El actual puerto solo permite el atraque de buques pequeños con 30.000 toneladas de hidrocarburos (peso muerto), mientras que en el nuevo ingresarían barcos de hasta 80.000 toneladas.

Según el plan original, implicó ampliar el rompeolas norte en 200 metros y la construcción de cuatro diques de atraque, cuatro de amarre (dos en mar y dos más en la tierra) y una plataforma para carga.

Inspección

Tampoco la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) ha confirmado a la fecha si la infraestructura está lista por lo cual realizará una inspección de campo durante el próximo mes para conocer el estado real de esa terminal en la parte de automatización y control operativo, confirmó Mario Mora, Intendente de Energía de la Aresep.

Mora agregó que la visita es parte del seguimiento que hace la Aresep sobre las inversiones de Recope, luego que la empresa estatal intentara cargar a las tarifas de los combustibles ¢88.000 millones en forma indebida por inversiones sin requisitos o sin avance confirmado.

La detección de dicha irregularidad sobrevino durante el análisis de una solicitud de alza que planteó Recope a Aresep correspondiente al ajuste ordinario de este año. Ese único ajuste anual consiste en un incremento en los precios específicamente para financiar gastos y operaciones de la entidad.

“Preocupa a esta Autoridad Reguladora, los errores de fondo identificados en la información presentada por Recope, considerando que de no haber sido detectados por esta Intendencia implicarían una afectación directa a los usuarios del servicio público de suministro de combustibles”, indicó entonces la Intendencia de Energía en su resolución RIE-030-2018.

La ampliación de la Terminal Portuaria Petrolera del Atlántico está entre los 24 proyectos cuyos costos la Autoridad rechazó porque “se detectan ampliaciones, reclamos y acuerdos que requieren mayor justificación”.

Personal técnico de Recope, citado por la Aresep como parte de sus hallazgos, reveló que los retrasos se debieron a “muchos inconvenientes con el contratista en lo que se refiere al manejo contractual del muelle que ha derivado en reclamos económicos”.

Para la Intendencia, tales inconvenientes reflejan "problemas en el manejo contractual a lo largo de la vida de este proyecto entre las partes, tanto de la administración de Recope como el consorcio ICA-MECO, dando pie a una mala gestión del proyecto, provocando varios reclamos económicos; además de postergar la entrega final de la obra".

Según la Aresep, la mayoría de deficiencias descubiertas se vinculan con limitaciones en planificación y gestión del proyecto.

La Refinadora respondió a la decisión de la Aresep con un recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la decisión de la Intendencia el cual presentó el 6 de abril pasado.

Recope solicitó en su recurso que le autorizaran ingresos por $8,4 millones para atender reclamos económicos del consorcio ICA -MECO (constructor del muelle) y $4,7 millones adicionales como parte del acuerdo de finalización del contrato con esa compañía.

Ante consultas sobre esos señalamientos, representantes de Recope respondieron que le han hecho ver a la Autoridad Reguladora que sus proyectos de inversión se encuentran “afectados por diferentes circunstancias”; según indicó por correo electrónico el área de prensa.

Entre esas circunstancias están condiciones climáticas de las zonas de trabajo, aspectos geotécnicos y geológicos, entorno internacional ligado al precio del acero, componentes eléctricos y otros; “problemas propios de la empresa constructoras ajenos a Recope; los que pueden tener impacto en el plazo de ejecución y precio del contrato”.

“Dado que estas situaciones no son ajenas, ni extrañas al desarrollo de los proyectos, la legislación establece los mecanismos para tratarlos, salvaguardando el interés público y garantizando el equilibrio financiero de la relación contractual”, expresó la Refinadora por correo electrónico.