Si en el futuro, una empresa constructora incumple un contrato con el Estado, podría quedar inhabilitada por cinco años para hacer nuevos negocios con el sector público.

Esa es la propuesta de un proyecto de ley que conoce la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa, con la cual el Conavi estaría de acuerdo. Ese órgano, adscrito al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), es responsable del manejo de la construcción de obra pública y del mantenimiento de la red vial nacional.

Para Mario Rodríguez, director del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), el proyecto permitiría crear los mecanismos adecuados para establecer sanciones contra las constructoras que quebrantan los contratos.

“Esto es necesario. Hemos venido enfrentando situaciones en las que los contratistas no finalizan las obras, entonces la Administración debe iniciar un proceso para finiquitar el contrato. Luego tiene que iniciar otro proceso para continuar las obras, en donde algunas veces, nos volvemos a encontrar con la misma constructora”, mencionó Rodríguez.

Precisamente, el 17 de noviembre anterior, el Conavi tuvo que finiquitar el contrato con la constructora Sánchez Carvajal, que no pudo completar la carretera a San Carlos después de 13 años de labores y más de $300 millones de inversión.

Ante esta realidad, las autoridades corren para encontrar una nueva empresa que logre culminar el tramo de 30 kilómetros de carretera entre Sifón de San Ramón y la Abundancia de San Carlosl

La obra, ideada hace 50 años y que empezó a construirse en el 2005, sigue con múltiples tramos inconclusos.

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“Hay un debido proceso que determinará cuáles son los incumplimientos en que la empresa ha incurrido. Hemos mostrado firmeza en el Conavi al decidir que este contrato terminaba y llevaremos hasta las últimas consecuencias este proceso", aseguró el director de Conavi.

No obstante, según afirmaron las autoridades del MOPT, el mecanismo actual para inhabilitar a una empresa por la vía administrativa, provoca que en los últimos 10 años no exista ningún antecedente de empresa suspendida, por lo que reiteraron la necesidad de la propuesta de ley, para sentar precedentes ante futuros posibles casos.

Cambio en la normativa

La iniciativa, presentada en el cuatrienio anterior, añadiría un artículo a la Ley de Contratación Administrativa, que permitiría al Estado suspender por cinco años a aquellas empresas que entregaron obras defectuosas o incompletas.

Las firmas inhabilitadas no podrán participar en los procesos de contratación pública desarrollados por el Gobierno, las instituciones autónomas o las municipalidades. Mientras que la Contraloría General de la República deberá llevar un registro de las empresas penalizadas.

“Sí creemos que los tiempos de suspensión deberían graduarse según el daño que ha recibido el país por el incumplimiento, considerando el tiempo mismo del atraso", solicitó el director de Conavi el 20 de noviembre anterior a los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa, que analizan el avance de este proyecto de ley.