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Los diputados de Limón pidieron cuentas al presidente de la República, Carlos Alvarado, y al jerarca de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), Greivin Villegas, sobre los proyectos que se desarrollarán en esa provincia con el dinero del canon que genere la nueva Terminal de Contenedores de Moín.
La inquietud, aseguró el liberacionista David Gourzong, surgió luego de que se supiera que a causa de la “inoperancia” de Japdeva, el dinero del canon sería depositado durante los primeros meses en un fideicomiso puente, manejado por el Consejo Nacional de Concesiones.
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Gourzong, aseguró que les preocupa que en 54 meses Japdeva no pudiera formalizar dicha figura.
Según dijo, el jerarca de Japdeva les indicó que el fideicomiso estará conformado en julio del otro año. Esa información también fue confirmada por Casa Presidencial en un comunicado.
De parte del Ejecutivo, el vicepresidente Marvin Rodríguez detalló que en los próximos años, Limón recibirá ¢409.488 millones en proyectos de infraestructura.
Entre las obras citadas, destacó las mejoras en el abastecimiento de agua potable, fortalecimiento de los servicios en el Hospital de Guápiles, arreglos en el acueducto de Guácimo, el mercado mayorista de Siquirres, la construcción de un puente colgante sobre el río Zent en Matina y el puente binacional Sixaola.
Además, trabajarán en 26 proyectos habitacionales y la construcción de atracaderos turísticos de Cahuita, Puerto Viejo .
El contrato de concesión con la empresa holandesa APM Terminals la obliga a girar el 7,5% de los ingresos brutos que genere el nuevo muelle.
Desde noviembre pasado, la empresa empezó a girar los primeros fondos, que estimaron llegarían a $1 millón en los primeros tres meses.
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Según las estimaciones de la transnacional, el primer año, ese canon podría sumar unos $20 millones y, a lo largo de los 30 años que dure la concesión, Japdeva habrá recibido casi $1.000 millones, que deben ser invertidos en el desarrollo de la provincia de Limón.
Según Gourzong, una de las principales preocupaciones en este momento es qué pasará con los empleados que no sean requeridos,cuando la TCM inicie operaciones en un 100%.
Una de las intenciones del Gobierno era realizar traslados horizontales a otras instituciones.
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Sin embargo, según la información del Ministerio de Trabajo, hasta este miércoles solo 189 de unos 600 que deberían ser reubicados, han mostrado interés y se les ha elaborado perfiles para que las empresas los valoren según sus necesidades.
El Gobierno, aún no ha definido de dónde saldrían los recursos en caso de requerir liquidar personal, pues los fondos que habían sido destinados para este fin en el gobierno de Laura Chinchilla, fueron invertidos durante la administración pasada en la compra de grúas y equipos portuarios.
