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Dejar con un avance de 30% tres de las obras de infraestructura vial más grandes y por las que el país ha esperado décadas, fue la meta “realista" que se fijó el Gobierno en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2022, presentado este martes .
Se trata de la vía entre San José-San Ramón cuya ampliación está pendiente desde el 2012 tras la fallido contrato de concesión con la empresa brasileña OAS.
También está en la lista, la nueva carretera de San Carlos en la cual el actual Gobierno optó por romper el convenico con la constructora Sánchez Carvajal luego de 13 años de tropiezos.
La última es el corredor vial entre San José y Cartago con más de 10 años en espera.
Al establecer ese porcentaje, pretenden ser “realistas”, según palabras del ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata.
“Nada gana uno con levantar expectativas que después no se puedan cumplir, aquí lo hemos dicho claramente: lo técnico antes de lo político”, añadió el jerarca.
Obras en detalle
De acuerdo con el plan del Gobierno, la vía entre San José y Cartago será la que mayor beneficio traiga a los conductores al término de este mandato, pues el 30% anunciado incluye la conclusión de los intercambios de Taras y La Lima.
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Ese viaducto sería la primera estructura a cuatro niveles del país.
Según los diseños presentados por el MOPT, en Taras, el paso elevado dispondrá de tres carriles por sentido, con anchos de 3,3 metros y espaldones de 1,2 metros, así como aceras de al menos dos metros.
Mientras que en La Lima, también se busca privilegiar la circulación desde la Interamericana Sur hacia Cartago y viceversa, por la ruta nacional 10 (que cruza Cartago, pasa porTurrialba y llega hasta Siquirres).
El proyecto también contempla una intervención integral del tramo de carretera de 2,8 kilómetros que se encuentra entre estos dos pasos elevados.
La obra tiene un costo de $66,5 millones, de los cuales, $50 millones provendrán de un crédito sombrilla del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Méndez Mata aseguró que la obra debe salir a licitación a inicios del otro año, de modo que quede adjudicada y pueda recibir orden de inicio en el 2020. Ambos pasos quedarían listos en el 2022.
Una vez concluida esta obra, la ampliación a cuatro carriles de los 25 kilómetros entre las Garantías Sociales, en Zapote, San José, y los nuevos intercambios, sería dada en concesión.
Al igual que con otros proyectos, la intención del MOPT es que ese paso a desnivel cuente como un “aporte estatal”, lo que permita que los peajes que cobre el concesionario sean “socialmente aceptables”.
El costo total estimado del corredor completo es de $400 millones.
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En el caso de San José-San Ramón, el plan de la administración actual es completar una serie de obras llamadas “impostergables” en lo que inicia la ampliación de los 60 kilómetros.
Méndez Mata dijo que a esas obras habría que “sumarle algo más” para considerar el 30% del proyecto total.
El plan del Ejecutivo es arrancar en el segundo semestre del próximo año con la ampliación de tres puentes: uno sobre el río Segundo en la autopista General Cañas, y otros sobre los ríos Ciruelas y Alajuela, en la carretera Bernardo Soto.
En total se intervendrán 15 puntos, que incluyen mejoras en puentes, intersecciones y radiales a lo largo de la ruta a San Ramón.
Esas obras deberían estar terminadas en el 2020 y tienen un costo de $90 millones, de los cuales $50 millones provendrán del empréstito del BID y los $40 restantes serán aportados por el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).
También se incluye dentro de este paquete, la ampliación de la carretera que va desde el puente sobre el río Virilla en Santa Ana y el aeropuerto Juan Santamaría.
El fin del Gobierno es que se avance en esos 15 sitios, mientras el Banco de Costa Rica (BCR), encargado del fideicomiso de ampliación de la carretera, contrata estudios de factibilidad y estudios financieros. También debe definir el número de expropiaciones, realizar los diseños y fijar la tarifa de peajes de la futura vía.
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Los otros puntos que se intervendrán se ubican sobre el río Torres (cerca del Hotel San José Palacio) y nuevas intersecciones en Circunvalación (frente al Monumento del Agua), el Colegio Castella, antigua Firestone, El Coyol, Fábrica Nacional de Licores (Fanal), Grecia, Naranjo, Río Grande y San Ramón.
También plantean bahías de autobuses para darle fluidez al tránsito.
El fideicomiso a cargo del BCR para la ampliación total de la vía es por $650 millones.
De larga data
Finalmente, la meta del Gobierno es completar al menos una de las secciones de los 30 kilómetros entre Sifón de San Ramón y la Abundancia de San Carlos.
El ministro dijo que actualmente tienen pendiente la realización de varios estudios para determinar qué cambios deberán introducir.
Además adelantó que a final del próximo año podrían licitar el tramo de la punta sur.
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El Gobierno rompió en agosto, el contrato con la empresa Sánchez Carvajal, luego de 14 años sin que se pudieran concretar las obras y tras consumir más de $300 millones.
Ahora el Ejecutivo estima que requerirán otros $300 millones para completar la carretera, de los cuales ya cuenta con $200 millones que también provendrán del préstamo del BID.
Los restantes $100 millones deberán salir de los recursos propios del Conavi.
La carretera de 30 kilómetros se ideó desde hace 50 años y la construcción comenzó en el 2005, sin que a la fecha se haya podido habilitar.
