Cuatro plantas de asfalto compradas por el MOPT en ¢3.295 millones serán cerradas porque producen material a un costo más alto que el precio de mercado, a una calidad menor a la exigida por la normativa técnica y por baja productividad.

Las máquinas están instaladas en Cañas, Guanacaste; Santo Domingo de Heredia; Siquirres, en Limón y Paso Real de Puntarenas.

Por todas esas deficiencias, Rodolfo Méndez Mata, ministro de Obras Públicas y Transportes, ordenó “no volver a encender” esos equipos, los cuales fueron adquiridos entre 2011 y 2013 para producir asfalto para la reparación de vías cantonales.

La utilidad de esa maquinaria cambió en 2015 cuando fue aprobada la Ley Especial de Transferencia de Competencias.

Esa regulación estableció que el MOPT debe girarle a los ayuntamientos el dinero para el arreglo de caminos. Sin embargo, los municipios han optado por comprar el asfalto a otros proveedores que lo fabrican a precios menores y con estándares de calidad más altos.

Por ejemplo, cada tonelada sacada por la planta de Santo Domingo, durante el 2017, tuvo un costo de ¢55.000. Ese monto es, según datos del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme), ¢12.000 más alto que el precio promedio de la tonelada de ese material en el mercado nacional.

Los ¢55.000 solo contemplan, según el jerarca del MOPT, los costos directos de la producción. Si sumaran costos indirectos como cargas sociales, seguridad y electricidad, el valor subiría aún más.

“No se vuelven a encender; las plantas de asfalto del MOPT no se vuelven a encender porque no hay demanda, porque no tenemos que ser un industrial de la mezcla de asfalto, tenemos costos más elevados que el mercado nacional y si vendemos asfalto subsidiado tendríamos pérdidas. Tampoco cumplimos con requerimientos técnicos”, declaró Méndez Mata.

Ahora, el plan es intentar vender los equipos a un grupo de ayuntamientos o a un operador privado.

También deberán buscarle funciones al grupo de empleados asignado a las cuatro plantas de asfalto.

“Estamos haciendo un estudio general sobre el futuro de esos empleados y también un estudio integral de la planilla del Ministerio”, señaló el ministro.

La Nación solicitó el número de empleados que trabajan en las cuatro estaciones de mezcla, pero no fue sumistrado al cierre de esta información.

“Si este cierre de las plantas responde a un análisis técnico, en el sentido de que es lo más conveniente, no lo veríamos mal. Pero el MOPT tiene que buscar cómo vender ese activo, no dejarlas simplemente ahí en desuso. Lo importante es que cualquier decisión, en este y todos los casos, esté respaldada por un criterio técnico, y que incluya una salida para esos activos, de forma que algo se pueda recuperar”, declaró Mauricio González, presidente del Comité de Infraestructura de la Cámara Costarricense de la Construcción.

“Además, en el futuro el MOPT debería establecer un adecuado protocolo para garantizar un uso efectivo de las inversiones que se realizan”, añadió González.

Baja productividad y alto costo

De las cuatro plantas de asfalto del MOPT, solo dos (Santo Domingo y Siquirres) han producido asfalto en los últimos años, pero con porcentajes de productividad muy bajos.

En Santo Domingo la producción del 2017 fue de 5.211 toneladas, lo cual equivale a un 4,5% de la capacidad instalada anual.

Un panorama similar ocurrió en Siquirres el año anterior. De allí salieron 2.394 toneladas, un 6,3% de la capacidad anual de producción.

En Cañas y Paso Real los equipos ni siquiera están en uso por falta de tanques para almacenamiento de combustibles o inexistencia de infraestructura complementaria.

En Paso Real la inversión fue de ¢739 millones en la planta y ¢500 millones para las obras complementarias.

En junio de 2015, el expresidente Luis Guillermo Solís visitó la zona sur para inaugurar ese equipo, prometió que podría producir hasta 600 toneladas por día y que los ayuntamientos locales ya no tendrían que pagar altos costos de transporte.

En Cañas, la maquinaria está sin estrenar. Fue comprada por medio de un proceso de licitación abierta en 2013 y tuvo un costo de ¢716 millones. En el lugar aún está pendiente construir las instalaciones para albergar la planta: eso cueta ¢870 millones.

Otros problemas

En el caso de Santo Domingo, desde marzo del 2015 la planta carece de bitácora ambiental, porque el documento nunca fue activado por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena).

Tampoco tenía permiso del Ministerio de Ambiente y Energía para el autoconsumo de combustible. Esto significa que el MOPT no podía mantener el diésel en cisternas, sino que era necesario que colocara tanques de almacenamiento.

Por último, la infraestructura data de finales de los 70 o inicios de los 80 y, aunque se le realizaron intervenciones para instalar la planta en el 2011, se encuentra en muy malas condiciones.

“Su condición podría ser causal de clausura por parte del Ministerio de Salud o de la Setena, ya que no cumple las condiciones mínimas de seguridad e higiene para el personal, ni cumple con los requisitos establecidos en la legislación vigente. Su condición podría impedir la renovación del permiso de funcionamiento de Salud”, agrega un informe realizado por el MOPT este mes sobre el estado de las plantas.

Por su parte, en Siquirres tampoco hay bitácora ambiental ni permiso de autoconsumo de combustible por las mismas razones que en Santo Domingo.

Además, ninguno de los trabajadores asignados al sitio son idóneos por la clase de puesto que tienen o por su formación académica.

“En algunos puestos se requiere personal calificado para el puesto; sin embargo, la región no cuenta con estas plazas y en algunos casos no está definida la clasificación, como el operador de planta”, agrega el citado informe.

Al consultársele sobre estos problemas, Rodolfo Méndez reconoció que en la entidad hay “serios problemas de planificación” y que los mismos son palpables cuando se dispone la compra de plantas pero no se consideran las necesidades adicionales para ponerlas a funcionar.