Sin haber iniciado todavía las obras del prometido plantel de pruebas de manejo, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) ya utilizó ¢851 millones de los ¢2.000 millones presupuestados.

El 40% de los recursos se gastaron solo en cercar la propiedad, ubicada en Pasado Ancho, y acondicionar el terreno. Todavía no hay señales ni del plantel ni de las oficinas administrativas de Educación vial incluidas en el proyecto.

Así lo señala el informe de la Contraloría General de la República N° DFOE-EC-IF-00011-2018, publicado el 20 de julio.

En el documento se indican, además, una serie de deficiencias en las etapas previas de la iniciativa, que inició en el 2014 y aún no tiene fecha de finalización.

Esos faltantes, indica el órgano contralor, afectaron no solo en el alcance de los objetivos del proyecto sino en el uso eficiente de los recursos.

"Cabe destacar, que los citados incumplimientos, han incidido de forma negativa en el alcance de los objetivos del proyecto, su eficiencia y oportunidad, así como del uso eficiente de los recursos, en razón de que se han gastado ¢851,8 millones y solamente se han realizado aspectos relacionados con el acondicionamiento del terreno y de forma parcial, mientras que las obras pretendidas para la satisfacción de la demanda de los usuarios de pruebas de manejo siguen sin ser construidas.

"A ello se suma que según estimaciones de la Administración, queda pendiente una inversión adicional de aproximadamente ¢1.280 millones para concluir las obras del proyecto”, añade el estudio.

De acuerdo con el informe, en la auditoría realizada no se evidenció el cumplimiento del 71,4% (5) de los 7 requisitos correspondientes a la etapa de preinversión del proyecto establecidos en el Manual Técnico para el Desarrollo de Proyectos de Obras Públicas , así como el 57,9% (11) de los 19 requisitos previos para tomar la decisión administrativa del inicio del procedimiento de contratación.

Dentro de esos requisitos se encuentran la elaboración del perfil del proyecto, estudio de prefactibilidad, estudio de factibilidad y evaluación y uso de evaluación financiera y socioeconómica entre otros.

“Los mecanismos de control para la ejecución del proyecto no fueron definidos de forma previa, sino durante el desarrollo de las obras. Sin embargo, dichos controles no lograron demostrar ser eficaces para el aseguramiento de los recursos, así como para la finalización oportuna de las obras respectivas”, indica el resultado de la auditoría.

Asimismo, destaca que a la fecha no hay un plazo de finalización de las obras, pese a que el proyecto fundamentó su justificación, entre otras cosas en la urgencia de atender la demanda del servicio.

Esa demanda se refleja cada mes cuando se liberan entre 9.000 y 12.000 espacios para realizar pruebas de manejo y estos se agotan en menos de una hora.

El MOPT, sin embargo, rechaza incumplimientos en el proceso y aseguran que la Contraloría tomó como punto de partida una contratación cuyo fin no era la construcción del plantel sino las obra previas como cercado y limpieza de terreno.

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Más problemas

Otro de los hallazgos indica que la recepción definitiva de las obras se realizó sin contar con los análisis técnicos que acreditaran el cumplimiento de los términos del contrato.

Asimismo, destaca la Contraloría que la Dirección de Edificaciones Nacionales adelantó el 100% de los recursos (¢40 millones y ¢350 millones, respectivamente) aplicando una garantía colateral, antes de la recepción de las obras y sin que se cumplieran los criterios dispuestos por la normativa.

Luis González, director de esa dependencia del MOPT, respondió a varios de los señalamientos de la Contraloría y aseguró que ya hicieron el respectivo descargo.

“Se hizo un adelanto de un 100%, pero sí lo establece la normativa, inclusive se hizo una garantía colateral que emitió la empresa”, agregó.

González dijo que incluso realizaron consultas a los departamentos jurídicos, donde se confirmó que la legislación les permitía hacer esos pagos de manera anticipada y que la administración nunca estuvo desprotegida.

Según él, no se recibió la obra incompleta , pues en el cartel se estableció un sistema llamado “costo más porcentaje”, mediante el cual las obras se ejecutan hasta donde alcancen los recursos y ya tenían previsto que se llegara hasta el movimiento de tierras.

La razón, dijo, es que en dicha contratación se mencionan obras como la construcción de la pista de pruebas de manejo, oficinas administrativas y otras labores de demarcación e iluminación, pero nada de esto se realizó.

Sobre el tema de los requisitos previos, el funcionario explicó que el informe de la Contraloría parte de una premisa distinta, pues ellos consideraron como punto de arranque del Proyecto Ciudad Vial, una contratación cuyo fin era únicamente el cercamiento y limpieza de un terreno, que posteriormente se estableció como el que albergaría el proyecto.

“La Contraloría interpreta y toma ese proyecto, como ya pasó a ser el punto de ubicación, como el proyecto inicial, y es ahí donde ellos dicen que no se hicieron actividades de preinversión, pero para nosotros sí, porque eso se hizo antes de iniciar la contratación que inclusive se llama “Construcción de obras varias para el Proyecto Ciudad Vial, Paso Ancho”, informó.

De acuerdo con González, durante el 2016 se ejecutó la primera etapa de ese proyecto y se hizo la documentación necesaria para la segunda etapa.

Esa primera parte incluyó la construcción de un muro de contención pues una parte del terreno colindaba con taludes, canalización de aguas pluviales, continuación de una malla perimetral y construcción de cajas de registro, entre otros.

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Según el director de la Dirección de Edificaciones, durante el año pasado la obra quedó paralizada debido a las políticas de contención fiscal, que impidieron iniciar nuevas obras.

Actualmente, se encuentran en el proceso de apertura de la nueva contratación, el cual tomaría lo que resta del año, por lo que los trabajos iniciarían en el 2019.

Para la etapa pendiente se estima una inversión de unos ¢1.200 millones y debe incluir la construcción y demarcación de una pista de pruebas de manejo, así como oficinas administrativas donde se daría la emisión de licencias y zonas de espera para los acompañantes.