El próximo 20 de noviembre la constructora China Harbour Engineering Company (CHEC) habrá consumido 12, de los 34 meses que tiene de plazo para completar la ampliación de los 107 kilómetros de la ruta 32 en el tramo entre el cruce de Río Frío y el centro de Limón.

Sin embargo, un año después de haber recibido la orden de inicio de las obras en la fase de construcción, el avance apenas empieza a notarse y el ritmo de trabajo continúa sin ser del todo satisfactorio para la administración.

Actualmente, la empresa china trabaja en varios frentes a lo largo de la vía que atraviesa los cantones de Pococí, Guácimo, Siquirres, Matina y Limón.

De acuerdo con el encargado de la Unidad Ejecutora, Kenneth Solano, las obras que se realizan en este momento incluyen la colocación de alcantarillas, intervención y construcción de puentes, corta de árboles, rellenos y mejoramiento del suelo.

Para el ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez, la respuesta de la empresa a cargo del proyecto “ha mejorado”, pero aún no se está en el punto ideal.

“Ha mejorado la ejecución de las obras, no estamos en un punto ideal, no hemos llegado a eso pero sí creemos que vamos caminando hacia lograrlo”, consideró el jerarca.

Hace dos meses y medio, Méndez había indicado que se encontraba “absolutamente insatisfecho” por los atrasos que presentaban los trabajos.

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Solano agregó que si bien el ritmo de trabajo aún no es el esperado, sí ha ido aumentando y ha mejorado.

Pese a esa pequeña mejora, el ministro Méndez aseguró que aún deben exigir mayor ejecutividad a la empresa, de lo contrario no se cumplirá el plazo otorgado.

Según dijo, la empresa no ha solicitado de momento alguna prórroga en el tiempo de ejecución. Además, aseguró que no es algo que en el contexto actual se pueda permitir.

“Estamos encima del proyecto, siendo exigentes en lo que corresponde al manejo del proyecto, esperamos que la producción mensual aumente por lo menos al doble de lo que está en este momento”, enfatizó.

El jerarca reconoció que la empresa ha traído más maquinaria e incorporado más personal en los distintos frentes de trabajo.

Con el fin de agilizar los trabajos, CHEC subcontrató a varias firmas nacionales. Actualmente una de esas empresas ya los apoya en la corta de árboles en el último tramo de la carretera.

El MOPT por su parte aumentó el control sobre el proyecto, al incorporar a la empresa Cacisa como gestora de la obra.

La empresa CHEC informó la semana pasada de que los temas sobre el avance de la obra, en adelante, deberían ser tratados únicamente con el MOPT.

Menos expropiaciones

Tanto Méndez como Solano aseguraron que también procuran reducir el número de expropiaciones, aunque a la fecha aún no se tiene un número total de terrenos que debe adquirir el Estado.

De acuerdo con el jerarca del MOPT, las modificaciones en el diseño les han permitido bajar el número de expedientes hasta en un 70% en uno de los tramos.

Inicialmente la administración llegó a manejar estimaciones de hasta 1.200 expropiaciones por concretar.

Sin embargo, Solano aseguró que no revelarían una nueva cifra hasta tener certeza de cuáles son realmente los terrenos que van a requerir y aseguró que este proceso continuará en paralelo durante el plazo de construcción.

Lo mismo ocurrirá con la tala de árboles.

“No podemos decir que vamos a hacer la corta de árboles completa y ya después seguir con la otra etapa, pues a la hora que se corta y se elimina la capa vegetal se empieza a deteriorar el suelo y el proceso se complica. El contratista lo va a ir haciendo conforme tenga programado intervenir una zona (...), es un proceso paulatino que va a tomar por lo menos un año más”, explicó.

Precisamente la corta de árboles fue uno de los primeros trabajos visibles en la ruta. Esas labores se iniciaron en abril, cinco meses después del banderazo de salida.

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El MOPT achacó dichos atrasos a la compañía china, pues no cumplió los plazos previstos para completar los diseños, además no disponía del inventario forestal para la margen izquierda de la carretera y no contaba con una serie de permisos necesarios y la maquinaria requerida.

Antes de eso, el proyecto tuvo que esperar casi cinco años desde que se firmó el contrato con la empresa CHEC en junio del 2013 hasta que se aprobó el financiamiento, así como otros cuestionamientos y permisos ambientales y el refrendo de la Contraloría.

Descongestión urgente

Una de las principales preocupaciones en relación con la obra son las largas presas que afrontan quienes transitan por la vía debido a los trabajos.

Además, diputados y alcaldes temen que la empresa no cumpla con el plazo estipulado y eso se traduzca en pérdidas para el Estado y en la producción.

El diputado limonense, Eduardo Cruickshank (Restauración Nacional) destacó que uno de los grandes retos será reponer el tiempo que se perdió al inicio.

“Han venido trabajando, quizá no al ritmo que a mi me gustaría pero sí se está viendo el avance del trabajo (...), se habían perdido seis meses en el inicio, que en algún momento tendremos que ver cómo los reponemos”, aseveró.

Por su parte el también legislador limonense, David Gourzon (Liberación Nacional), enfatizó que además de hacer ajustes en el cronograma también han planteado la necesidad de buscar rutas alternas.

“Durante un viaje de Limón a San José en diferentes tramos se bloque la ruta para realizar movimientos de tierra y obras menores (...) a nosotros sí nos preocupa porque la empresa APM Terminals (empresa a cargo del Megapuerto de Moín) ya prácticamente tiene la terminal lista y cuando empiece a operar con barcos de 3.000 movimientos es lo que queremos ver qué va pasar, va a haber una gran congestión en la ruta y un gran atraso en la movilidad”, dijo.

El diputado, quien integra la Comisión de Infraestructura, añadió que también han insistido en la necesidad de reactivar el ferrocarril de carga.

“La única manera de que se cumpla el plazo es si se ponen en diferentes tramos a trabajar a las empresas y se hace una muy buena planificación de las obras”, agregó el diputado.

Por su parte el alcalde de Guácimo, Gerardo Fuentes también se mostró preocupado por los atrasos que deben afrontar quienes transitan a diario por la vía.

Según su criterio, el tener distintos frentes de trabajo sin lograr ver un tramo completo genera más pérdidas para la movilidad y productividad en los distintos cantones.

Fuentes también coincidió en que desde hace unas semanas el movimiento a lo largo de la carretera es mucho más notorio, incluso los fines de semana, pero aseguró que duda que se logre terminar en el plazo previsto.

Los 107 km de la nueva vía a Limón tienen un costo de $495 millones, que provienen de un préstamo del Eximbank de China y una partida estatal de $100 millones.

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La administración también planea pedir una adenda a la Contraloría General de la República para completar los diseños de una serie de obras adicionales que solicitan las distintas comunidades por donde pasará la carretera, tales como vías marginales, más puentes peatonales y ciclovías.

Posteriormente el Estado también deberá buscar los fondos para ejecutar esas obras.

Sobre este punto, el diputado Cruickshan afirmó que quizá no todas las obras que piden las comunidades podrán incluirse.