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La planta hidroeléctrica Reventazón pareciera no dar los resultados prometidos durante su construcción en Siquirres, Limón.
De hecho, en dos años ha producido 47% menos de la energía que proyectó el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
Inicialmente, se planteó que la megaplanta daría 1.560 Gigavatios (GW) al año. No obstante, ha producido 1.645 GW pero en dos años, de acuerdo con estadísticas de generación del Centro Nacional de Control de Energía (Cence). Los datos van desde setiembre del 2016, cuando se estrenó el proyecto, y el 31 de agosto pasado.
La energía real en ese lapso supone 47% menos respecto a 3.120 GW previstos para dos años.
Por casi una década, el ICE aseguró que los 306 Megavatios de capacidad instalada en Reventazón aportarían 1.560 GW al año al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) como precisan tres versiones de su Plan de Expansión en Generación; la hoja de ruta en inversiones de esa empresa pública.
Así consta en el documento del 2009 (página 74), en 2013 (página 65) y en 2014 (página 73) de las cuales este diario tiene copia. La previsión anual, no obstante, cambió en el 2017.
En la última versión del Plan (mayo del 2017), la proyección cayó 13% al quedar en 1.380 GW indica el documento en sus páginas 2 y 84 en referencia al proyecto que el ICE presentó como “la segunda mayor obra de infraestructura de Centroamérica luego de la ampliación del Canal de Panamá”.
Reventazón está valorada en $1.567 millones.
Al solicitarse la nueva versión del Plan (hoy solo está disponible un resumen ejecutivo). Javier Orozco, director de Planificación y Desarrollo Eléctrico del Instituto, señaló que el nuevo documento llegará en 2019.
Al justificar el desempeño real de la obra, Orozco afirmó que en 2018 el embalse de Reventazón estuvo sin operar cuatro meses (febrero a junio) debido a los trabajos para cerrar una fuga en el vertedero de excedencias de la hídrica, descubierta antes de la inauguración.
El funcionario dijo además que, desde el 2014 se han incorporado al sistema de generación 334 megavatios más de capacidad por parte de empresas privadas. Nueve plantas eólicas y tres hidroeléctricas.
“Solo esa porción, comparativamente, supera la capacidad instalada total de Reventazón”, señaló el vocero quien recordó que el ICE tiene la obligación legal de comprar toda la energía de esos generadores particulares que, según él, en los últimos cuatro años creció 30%.
Orozco recalcó que el SEN tiene alta participación de recursos renovables variables, como el viento y la hidroelectricidad a filo de agua.
“La generación de las plantas del ICE se ve condicionada por la operación de las plantas que no están sujetas al despacho, como las de los generadores privados y las de las cooperativas de electrificación rural, lo que incide en las proyecciones”, afirmó.
Ante ese mayor aporte de los generadores privados, se consultó nuevamente a Orozco por qué entonces se hizo una obra de ese tamaño en presencia de esos otros aportes de generadores particulares. Al cierre de esta edición, seguía sin responder.
Errores y ‘números en rojo’
El menor rendimiento de Reventazón llega luego de señalamientos contra el ICE por cómo hizo y cómo financió la hídrica.
La Contraloría General de la República (CGR) atribuye a sus encargados omisiones, debilidades e inconsistencias financieras en etapas previas a la construcción de un proyecto cuyo valor inicial era de $757 millones y terminó en $1.567 millones (107% de diferencia).
La CGR calificó de debilidad que el ICE excluyera en los flujos de caja del proyecto sus costos financieros y, en los flujos de caja del inversionista, que omitiera los costos financieros de los recursos entregados como capital durante la ejecución de obras. Como regla contable, esos cálculos se requieren completos para estimar el monto total de una inversión.
De haberse incluido, la rentabilidad calculada de todo el proyecto habría sido menor, precisa el informe DFOE-AE-IF-00009-2018 del 21 de setiembre anterior.
Otra falla, indica la CGR, fue una inconsistencia en la evaluación del inversionista: el ICE calculó los ingresos que produciría la planta en términos nominales y sus costos de operación en términos reales. En esencia, subestimó sus gastos en la obra o, visto de otro modo, sobreestimó los ingresos futuros de la infraestructura cuando ni siquiera la había construido.
La Contraloría incluso advierte de una falta de planes de contingencia en gestión de riesgos u otras variables a considerar (compra de energía a generadores privados, por ejemplo).
A los señalamientos de la CGR de setiembre siguieron admisiones del ICE sobre sus finanzas.
Irene Cañas, presidenta ejecutiva del Instituto, anunció el 2 de noviembre que el ICE tenía los “números en rojo” y también la cancelación indefinida del proyecto hidroeléctrico El Diquís (en el Pacífico sur) luego de siete años de atrasos y parálisis.
Al cierre del 2018, informó Cañas, la pérdida contable del Grupo ICE se prevé en ¢314.000 millones debido a impacto de tipo de cambio en el pago de sus deudas en dólares y una caída de varios años en la demanda energética.
El anuncio llegó luego de tres años en que el pago de la deuda del ICE registró un fuerte incremento: canceló ¢177.780 millones de intereses y comisiones de sus créditos y bonos de deuda en el 2017. Eso equivale a 87% más frente a los ¢95.111 millones pagados en el 2014.
El Instituto atribuyó parte de su desequilibrio financiero al supuesto “rezago tarifario en el reconocimiento de los costos asociados al Proyecto Hidroeléctrico Reventazón” como lo indicó en un comunicado en agosto cuando descartó a mediano plazo construir nuevas plantas.
