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La Policía desalojó de manera pacífica a los precaristas que invadieron una franja de terreno ubicada a las orillas de la punta norte, la primera de tres secciones que componen la nueva ruta a San Carlos.
La intervención de las autoridades ocurrió este martes al mediodía, dos días después de que se detectara que varias personas levantaron ranchos con láminas de zinc y plásticos negros en el lugar.
Con el objetivo de garantizar que no se dé un regreso de los desalojados, una retroexcavadora, contratada por la empresa que diseñó y subcontrató el proyecto de casi siete kilómetros, derribó las cuatro estructuras que se levantaron en el sitio.
Tres de las mujeres que invadieron el área observaron de cerca la situación, e incluso una dejó escapar lágrimas.
Karen Rivera, una de las señoras que se quedó sin su rancho, manifestó que respetan la decisión aunque las perjudique. Agregó que la medida las obliga a refugiarse debajo de un puente situado a 150 metros del punto del desalojo y urgió al Gobierno para que les brinden ayuda de inmediato.
Las invasiones habían ocurrido apenas el domingo pasado, un día después de que se inagurara el tramo de siete kilómetros entre Ciudad Quesada y Florencia.
El proyecto completo incluye un segundo tramo inconcluso, de 30 kilómetros, entre Sifón de San Ramón y la Abundancia de San Carlos; y la punta sur, que apenas tiene un prediseño entre San Ramón y la carretera Bernardo Soto.
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Rápida acción
La expulsión de estas personas se concretó luego de una denuncia de la Asociación Pro-Carretera.
El desalojo de este martes lo fiscalizaron 12 policías de Fuerza Pública, mientras que los trámites administrativos estuvieron a cargo de Fernando Arce, encargado del Departamento de Inspección Vial y Demoliciones del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
Arce explicó a los precaristas que “nunca debieron meterse a esa propiedad”, pues la misma fue adquirida por el Estado mediante un trámite de expropiación como parte de las acciones necesarias para construir la punta norte.
Recalcó que si los ocupantes ilegales quieren recuperar las láminas de zinc y los otros materiales que compraron, deberán pagar una multa de ¢460.000. Sin embargo, luego de un plazo que no fue precisado, pasan a pertenecer al MOPT, que los utiliza según su conveniencia.
Por su parte, Luis Ortega, jefe regional de Fuerza Pública, destacó que no tuvieron problemas con ellos, pero sí se les hizo saber que desde el punto de vista sanitario no conviene la presencia de gente en la zona, dado que no hay servicios básicos como agua potable y electricidad.
Además, trascendió que la Policía investigará otras posibles invasiones en la zona, así como una supuesta venta ilegal de propiedades ahí mismo.
Al respecto, Patricia Romero, presidenta de la Asociación Pro-Carretera, advirtió que no consentirán ningún tipo de ocupación de esa índole.
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