Cada año, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) recibe unas 3.000 solicitudes de viabilidad ambiental.

De esas gestiones, el 60% (1.800) corresponde a actividades sin mayor impacto o se presentan con errores (o ambas), por lo que solo vienen a meterse en la fila de trámites para obstaculizar la revisión de permisos para proyectos de mayor importancia.

La viabilidad es un requisito para levantar obras mediante el cual se compensa cualquier impacto ambiental que estas puedan ocasionar.

El atasco de trámites en la Setena provoca la molestia en el sector empresarial, al tiempo que el Gobierno anuncia una nueva intervención en esa entidad.

Alonso Elizondo, director ejecutivo de la Cámara de Comercio, estima que empresas asociadas a esa organización dejarían de invertir ¢25.000 millones este año en proyectos comerciales nuevos por la lentitud de Setena con los permisos.

Calcula que eso representa unos 800 empleos directos y 3.200 indirectos menos.

“En Setena se confundió el tema ambiental con el administrativo. Los temas ambientales no tienen plazo pero tampoco significa que el trámite sea infinito. Como otras instituciones en el Régimen de Servicio Civil, Setena perdió avance y ello explica las medidas urgentes de intervención. Al menos tres o cuatro veces en últimos años, con cada arranque de Gobierno, se habla de mejorar Setena”, agregó Gonzalo Delgado Ramírez, presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP).

Gestión complicada

La Ley Orgánica del Ambiente Nº 7554 (13 de noviembre de 1995) establece que Setena es un órgano desconcentrado del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), responsable de armonizar procesos productivos y su impacto ambiental. Pasados 23 años de su creación; sin embargo, tal armonía se vuelve difícil de alcanzar, mientras crece el clamor de cambio.

Sergio Bermúdez Muñoz, director de Setena desde junio, explicó la enormidad de la presa de expedientes de esta forma: del 2011 al 2018, Setena recibió 17.000 expedientes y emitió 21.000 resoluciones.

Esto quiere decir que un expediente puede llegar a tener varias resoluciones. Además, todos los casos siguen un trámite muy similar sin importar si la obra es un estacionamiento en San José o una carretera nacional, cuyos impactos ambientales son evidentemente muy distintos. Los estudios de alto impacto ambiental pueden consumir de 6 a 12 meses de proceso.

Esta forma de gestión creó con el tiempo tal atasco para otorgar la viabilidad ambiental que, por tercera vez en 12 años, el Poder Ejecutivo prometió intervenir la entidad para buscar más agilidad en el trámite.

Según Setena, aparte de la presa de gestiones, el otro problema es que solo 20 de sus 104 funcionarios, se ocupan de conocer los trámites de viabilidad ambiental.

Con 3.000 expedientes anuales, explica Bermúdez, esos 20 funcionarios habrían de trabajar 260 días hábiles (sin tomar vacaciones o feriados) para resolver todos los expedientes de un mismo año. “Uno cada dos días, aproximadamente”, precisó Bermúdez. Al 30 de junio anterior, ya había en fila 1.854 expedientes de este 2018.

Los lamentos de Setena son compartidos fuera de la entidad.

Kattia Madrigal, directora de Investigación y Desarrollo Técnico de la Cámara Costarricense de la Construcción, recordó que, desde su creación en 1995, se critica a Setena su falta de eficiencia y limitaciones por falta de personal. Según ella, 50% de trámites de viabilidad ambiental vienen del sector construcción.

“Esto nos causa serios retrasos y es un tema sensible para el sector”, dijo.

Su queja, es que no se sabe cuánto puede durar un proceso de viabilidad ambiental, pues puede pasar hasta un año.

Por ejemplo, dijo Madrigal, los permisos para construir la terminal de contenedores en Limón trabaron todo lo demás por varios meses.

"Eso es inaceptable para el resto de solicitantes. Un trámite administrativo, además, no protege a la naturaleza y todo papeleo debería tener una fecha de caducidad clara”, enfatizó Madrigal.

Según ella, hace años desarrolladores y empresarios insisten en la conveniencia de que Setena renuncie al papeleo y centre su esfuerzo en detectar las faltas contra el ambiente cuando ya se han hecho las obras. El Gobierno asegura que comparte esta idea y que se aplicará.

El Ejecutivo sostiene que los problemas de Setena son superables porque su raíz es política; no burocrática.

Hacia un nuevo reglamento y la digitalización

“Cuando fui ministro antes (2002-2006), le entramos a Setena y la dejamos al día: todo se cumplía y sin atraso. Después del 2006 hubo por desgracia una intervención política de la Setena que hizo que se diera esta situación tan compleja hoy. Ya pasamos por donde asustan y la dejamos bien y sin cuellos de botella, luego pasaron circunstancias que no entraré a calificar o analizar pero, reitero, lo podemos hacer de nuevo”, comentó el ministro de Ambiente, Carlos Manuel Rodríguez.

Rodríguez admitió como suyos los reclamos contra Setena por lo cual, asegura, la lógica de trabajo de Setena se invertirá de manera que se dedique más tiempo al monitoreo y seguimiento de licencias otorgadas. El objetivo último, afirma, es darle un vuelco para que se reduzca a 40% “la revisión de documentos”.

A inicios de mes, el presidente de la República, Carlos Alvarado, firmó un decreto para conformar una comisión que profundice en el quehacer de la Setena. El ministro adelantó que el grupo revisará dónde ocurren las trabas, cuál es el perfil actual de los funcionarios y cómo debería ser en el futuro.

Luego de ese análisis, se harán una serie de recomendaciones. El grupo se reunirá la semana entrante y tiene un plazo de nueve meses para introducir mejoras.

Según Rodríguez y Bermúdez, la entidad ya está en un proceso de pruebas para automatizar por completo y desde Internet la presentación de solicitudes. “En un mes esperamos tener todo el línea” pronosticó el ministro.

“Calculo que 60% de cuanto llega a Setena no debería llegar. Una declaración voluntaria de compromisos es suficiente para, más bien, hacer una verificación de cumplimientos. Con una declaración jurada, un plan de gestión u otra, se puede informar a Setena de lo que va a ocurrir. Eso no requiere un estudio de impacto ambiental. No deberíamos pasar eso por trámite: debemos pedir el compromiso y luego revisar", enfatizó el ministro.

Para conseguirlo, el Minae está por emitir un nuevo reglamento para Setana que crea una serie de categorías o umbrales de actividades susceptibles de evaluación pero que, según sus impactos, reciban evaluaciones de distinto tipo para así otorgar más resguardo a los proyectos de mayor impacto.

Con el cambio normativo se exigirán acreditaciones mínimas a los consultores ambientales que elaboran los estudios de impacto presentados a Setena, de forma que se minimicen los errores y omisiones en las solicitudes. Además, estas personas (actualmente rondan los 2.000) deberán acreditarse para asegurar competencias profesionales.

El nuevo reglamento se encuentra en proceso de “socialización”. Este persigue divulgar unas 500 observaciones recibidas y que luego se integraron al documento bajo análisis. Completa esa fase, el documento podría publicarse el otro mes.

El llamado Reglamento de Evaluación, Control y Saneamiento Ambiental de Setena se originó a partir de unas mesas de diálogo que se desarrollaron desde octubre del 2015 con la colaboración del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). De ese proceso, se identificaron 22 acciones prioritarias para cambio en la institución. La primera fue cambiar el actual reglamento.

El año anterior, el borrador final se sometió a 10 días de consulta pública, según dicta el Ministerio de Economía Industria y Comercio (MEIC). Tras este proceso y arreglos finales, se llegó al término de la administración anterior, de forma que fue necesario socializarlo entre sectores que han hecho críticas al mismo como grupos ecologistas y arqueólogos.