Los empresarios se manifestaron satisfechos por el aval de la Sala IV al plan fiscal, y destacan la confianza en los mercados como el beneficio inmediato de la aprobación del proyecto de ley en el Congreso.
Este viernes, los magistrados determinaron que el trámite del proyecto no es inconstitucional, a partir de tres consultas que hicieron los diputados. Con ello, el plan tiene luz verde para continuar su camino en el Congreso y su aprobación final podría producirse en cuestión de dos semanas.
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Pese al respaldo, los actores económico urgen de medidas para la contención del gasto a fin de alcanzar la sostenibilidad de las finanzas públicas.
La Unión de Cámaras (Uccaep) calificó como una “resolución responsable” la decisión de los magistrados.
“Hoy los magistrados tomaron una decisión en la que sin duda creemos que consideraron las consecuencias que podríamos tener en el país”, comunicó la Uccaep por medio de un boletín de prensa, posterior al anuncio de la Sala Constitucional.
“Costa Rica debe ordenarse y tenemos que caminar por sendas más seguras en el balance fiscal, donde es urgente formalizar al sector informal que llega al 44%, apostar por un único régimen de pensiones, controlar los pluses salariales, ampliar con equidad la base contributiva del impuesto de valor agregado, tomando en cuenta la participación de los ciudadanos, quienes, solicitando las facturas, puedan ayudar a mejorar la recaudación y estos pasos se podrán ir concretando con la resolución que hoy conocemos de los señores magistrados”, detalló el presidente de Uccaep, Gonzalo Delgado.
Elías Soley, presidente de Cámara Costarricense Norteamericana de Comercio (AmCham), destacó la “responsabilidad" demostrada por los magistrados con esta decisión y reconoció un desgaste en el gobierno y la sociedad en general por la discusión fiscal.
"No debemos olvidar que la aprobación de esta ley es solo el primero de otros esfuerzos que tenemos que concretar, como la necesaria reforma al empleo público, la revisión de la eficiencia institucional y el fortalecimiento de nuestros indicadores de competitividad. Todo lo anterior será posible, solo sí la mayoría de la sociedad toma conciencia de la necesidad de cambiar y buscamos objetivos realizables, de impacto, que nos permitan generar mayor prosperidad y estabilidad”, comentó Soley.
Por otro lado, los banqueros destacaron la confianza de los calificadoras de riesgo, a partir de esta respuesta.
“Sanear las finanzas públicas es un tema urgente, por eso esta decisión de los magistrados envía una buena señal para recuperar la confianza de los inversionistas, de las calificadoras de riesgo y los bancos internacionales. Sabemos que el expediente 20.580 no es una solución definitiva al problema fiscal, pero marca la hoja de ruta, por eso esperamos que ahora continúe el trámite legislativo para la aprobación en segundo debate”, señaló María Isabel Córtes, directora ejecutiva de la ABC.
Los comerciantes, a través de la Cámara de Comercio, piden que se tomen medidas adicionales, en el corto plazo.
“Esta resolución de la Sala reorienta el camino para generar confianza en los organismos internacionales con relación a la situación fiscal del país... Será necesario que en el corto plazo se aprueben otras reformas que integren una reducción urgente, inmediata y necesaria del tamaño del gasto público”, comunicó la Cámara.
Por su parte, la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria enfatizó en las medidas necesarias para reducir el gasto público. “El bienestar del país depende de la revisión de temas como empleo público, sistema de remuneraciones, sistema nacional de pensiones con cargo al presupuesto nacional, los mecanismos de control y verificación de la eficiencia en el uso de las transferencias, así como la ineficacia de buena parte del Estado que se ha vuelto duplicado, ineficiente y obsoleto".