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El diputado Carlos Avendaño, en su condición de presidente de Restauración Nacional (PRN), denunció penalmente a la “fórmula presidencial” que su partido presentó para las elecciones nacionales de este año.
Ante el Ministerio Público, Avendaño le achacó al equipo haber montado una estructura paralela, para el manejo de los gastos de campaña, a espaldas del Comité Ejecutivo Superior del PRN.
La fórmula presidencial la integraron el excandidato presidencial Fabricio Alvarado y los exaspirantes a las vicepresidencias, la actual diputada Ivonne Acuña y el periodista Francisco Prendas.
El diputado presentó la denuncia luego de conocerse que la casa de campaña que Restauración utilizó para la segunda ronda, en Sabana oeste, la pagó una sociedad anónima y no el exjefe de campaña, Juan Carlos Campos, como se había reportado oficialmente.
El 18 de julio, La Nación publicó que una firma de nombre One Sports Costa Rica pagó $3.800 (¢2,2 millones) por el alquiler de la sede durante los meses de febrero y marzo, según consta en el contrato de arrendamiento que el exjefe de campaña firmó con la dueña de la propiedad, Flory Masís Acosta, de la empresa Inversiones Floma S. A.
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No obstante, ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), Restauración Nacional no reportó a One Sports Costa Rica como la donante de la casa de campaña, sino que lo hizo como una contribución en especie de Juan Carlos Campos.
El Código Electoral prohíbe la donación, tanto en efectivo como en especie, de personas jurídicas y extranjeros a partidos políticos. Incluso, establece multas económicas y penas de prisión, que van desde los dos hasta los cuatro años, para quienes lo hagan y para el tesorero de la agrupación.
Al respecto, el presidente de Restauración le envió al TSE una carta en la que dice: “En diferentes medios, se ha denunciado el tema del alquiler de la casa de campaña que utilizó la fórmula presidencial del PRN y la forma en que se pagó dicho arriendo".
"Para efectos del partido y del Comité Ejecutivo, se trató en principio de una donación del señor Juan Carlos Campos, según la factura y certificación de la donación hecha por espacio de dos meses de arriendo, con lo cual para los efectos legales el procedimiento y la documentación se encontraba a derecho, razón por la cual procedimos a informarlo al TSE como lo estipula la norma electoral”.
“Luego de las sendas publicaciones en donde se demuestra que el citado pago fue realizado por una persona jurídica y no por el señor Juan Carlos Campos, en su condición personal, llamando a engaño no solo a nuestro partido, sino también al propio TSE, procedimos el día 25 de julio a presentar una denuncia penal de la estructura paralela que la fórmula presidencial montó a espaldas del comité ejecutivo superior del partido, en donde se detalla el uso de la casa de campaña y su irregularidad”.
Este medio procuró localizar a Fabricio Alvarado para conocer su posición. Se le hicieron varias llamadas y se le dejó un mensaje, pero al cierre de edición no se le había podido contactar.
Este lunes, Carlos Avendaño confirmó la veracidad de la carta. Según alegó, su intención es que se investigue “si se había incurrido o no en una estructura o en una organización paralela” en el financiamiento y manejo de la campaña.
Explicó que, mediante una nota, trasladaron al TSE la documentación que presentaron ante el Ministerio Público.
Cuando se le pidió precisar a quiénes se refirió al decir “fórmula presidencial”, alegó que la denuncia “es muy generalizada".
“Es que personas específicas tendría que señalarlo la investigación, y atribuirles la responsabilidad o no, por eso se pide la investigación”, declaró el diputado Avendaño.
En cuanto a la casa de campaña, explicó que piden investigar quién la contrató, a quién la contrató, con qué dinero se pagó y quién la pagó.
Añadió que la denuncia incluye más aspectos, pues es “sobre la casa, sobre el helicóptero, sobre otros eventos o actividades".
A finales de mayo, Avendaño denunció que surgieron gastos de la campaña de Fabricio Alvarado, por al menos ¢300 millones, que nunca pasaron por el Comité Ejecutivo del Partido. Habló de facturas por servicios como producción audiovisual, la composición de la canción oficial y encuestas.
“Nosotros no estamos diciendo, sino que estamos pidiendo al Ministerio Público y al Tribunal... ¿por qué hay cobros de ¢115 millones, de $300.000, etcétera, etcétera, que aparecieron ahora? Y él (Campos) dice que él fue el que lo hizo, la tercerización, entonces, ahí el Ministerio Público tendrá que decirnos a nosotros".
“No hacemos una acusación contra las personas, estamos solicitando que se investiguen estos hechos", agregó.
Desconoce al jefe de campaña
Incluso, el diputado Avendaño desconoció a Juan Carlos Campos como jefe de la campaña del PRN.
“Nunca el señor Campos fue nombrado como jefe de campaña por el Comité Ejecutivo, nunca tampoco le dio facultades para contratar ni para tercerizar”, declaró.
La semana pasada, Juan Carlos Campos admitió que “tercerizó” la contratación de servicios para Restauración Nacional (PRN) de cara a la segunda ronda electoral. Semanas atrás, él alegó haber pagado $300.000 (¢174 millones) a empresas que contrató para la campaña de Restauración.
No obstante, las autoridades del partido político niegan haber firmado contrato alguno con Campos para que él asumiera esas funciones o haberle suministrado recursos.
¿Qué es una tercerización? Es una forma de contratación mediante la cual un partido le encarga a un tercero la prestación de bienes o servicios que subcontrate a otros con dinero de su bolsillo, o bien, que ofrezca directamente.
La legislación electoral exige a los grupos políticos reportar al TSE los gastos que hayan sido tercerizados.
