Cuando la Comisión de Reforma Fiscal terminó de conocer las 1.008 mociones presentadas al proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, el diputado José María Villalta, del Frente Amplio, advirtió de un eventual problema con un artículo de la iniciativa gubernamental.

Se trata del artículo 15 del capítulo III del título IV, donde se establecen las normas para la regla fiscal.

En ese numeral, se crea la obligación de que todos los proyectos de ley deberán ir “acompañados de un plan que garantice su financiamiento de mediano y largo plazo”.

Además, exige que cuando el Ministerio de Hacienda comparezca en audiencia sobre un proyecto de ley, esa iniciativa deberá estar acompañada por el plan de financiamiento, para que se dé un pronunciamiento de las autoridades respectivas sobre ese plan.

El problema, según advirtió Villalta, es que eso modifica las reglas de tramitación de los proyectos que, según la Constitución, solo se pueden modificar con la aprobación de dos tercios de los diputados, o sea, 38 votos.

Y, según el Reglamento legislativo, un expediente que requiera de votación calificada de los legisladores no se puede tramitar por la vía rápida que permite el 208 bis, mediante la cual se discute la reforma fiscal.

A raíz de ello, el frenteamplista solicitó un criterio al Departamento de Servicios Técnicos del Congreso, con la venia del presidente de la Comisión Fiscal, el oficialista Welmer Ramos.

La advertencia fue avalada por el diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) Pedro Muñoz, quien aseguró que no solo se trataba de una acción de buena fe, sino también prudente, y agregó a la solicitud que Servicios Técnicos debería hacer una revisión a profundidad de la versión del proyecto que tienen en las manos, para verificar que no haya más problemas.

Eso sucede mientras el Gobierno negocia con las fracciones legislativas una nueva versión del proyecto, que se conocería como moción de texto sustitutivo para el segundo día de mociones de fondo, que se abriría a inicios de agosto.

Mil mociones tramitadas

Este lunes por la mañana, la Comisión Especial de Reforma Fiscal terminó de conocer las 154 mociones de fondo del plan tributario que estaban pendientes, para terminar de tramitar las 1.008 que se presentaron.

Del millar de cambios propuestos, solamente se aprobaron nueve mociones, dos de ellas en la última sesión.

Los últimos cambios aprobados al plan fiscal son para cobrarles un 50% del impuesto sobre la renta a las radionovelas o telenovelas, y para eximir del impuesto al valor agregado (IVA) el autoconsumo de energía eléctrica generada por uso de paneles solares, pero agregando “otras fuentes renovables, como el viento, el sol, la biomasa y similares”.

Esas dos sugerencias de modificación fueron planteadas por los diputados del Partido Liberación Nacional (PLN) Silvia Hernández, Gustavo Viales y Yorleny León, y tuvieron apoyo de José María Villalta.

Las 16 mociones liberacionistas restantes fueron rechazadas y solo tuvieron el apoyo de los verdiblancos, pues la relación de votos en ese momento estaba desfavorable para Liberación, de cuatro o hasta cinco votos en contra.

Antes de eso, la semana pasada se aprobaron varias modifaciones: una para eximir del IVA a los seguros de varios tipos, entre ellos los personales, los de riesgos del trabajo, los agropecuarios y los de viviendas de interés social.

Otra moción aprobada es para cobrarle ese impuesto a los servicios de colocación, intermediación, transacciones y gestión de carteras realizadas a través del mercado de valores regulado por la Superintendencia General de Valores.

Dos mociones más, también aprobadas, establecen que los salarios del presidente, vicepresidentes, ministros, viceministros, presidentes ejecutivos y gerentes de instituciones autónomas, así como de los diputados y miembros de las juntas directivas no recibirán aumentos al menos durante dos años.

Dos mociones más dejaron claro que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) queda exenta de los impuestos, tanto el IVA como el de renta.