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Diputados de cuatro partidos se mostraron indignados al conocer que el Gobierno ha pagado un total de ¢182.000 millones por vencimientos de bonos de deuda pública, sin tener el presupuesto autorizado para hacerlo.
El dato lo dio a conocer la Contraloría General de la República, este jueves al mediodía, cuando precisó que se han cancelado ¢48.000 millones en vencimientos de deuda de corto plazo y ¢134.000 millones de títulos de largo plazo.
A raíz de esa revelación, legisladores de Liberación Nacional (PLN), Restauración Nacional (PRN), Unidad Social Cristiana (PUSC) e Integración Nacional (PIN) reaccionaron pidiendo una investigación de parte de la Contraloría, la cual también señaló la ilegalidad en la forma de hacer dichos pagos.
La ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, ya había informado a la presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios, Silvia Hernández, sobre el monto real de los pagos sin autorización legislativa, y aseguró que ella misma prefiere que el ente contralor determine qué pasó.
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Por su parte, la diputada Hernández aseguró que ya la Contraloría establece que empezará una investigación de oficio, pero si eso no prospera, entonces los liberacionistas procederán a pedir las indagaciones sobre las responsabilidades.
“Queremos averiguar exactamente la magnitud de los montos, la razón de que los títulos de largo plazo no estaban presupuestados”, enfatizó la verdiblanca.
La necesidad de pagar vencimientos de títulos de deuda, no previstos en el Presupuesto Ordinario 2018, obligó a Hacienda a presentar un proyecto de ley de Primer Presupuesto Extraordinario, con una autorización para pagar hasta ¢600.000 millones de deuda.
Tanto Aguilar como el anterior jerarca hacendario, Helio Fallas, justificaron los pagos de vencimientos de deuda de corto plazo en el hecho de que las condiciones de mercado en noviembre y diciembre les impidieron colocar títulos que vencieran en más de un año.
Pero, en los datos de Contraloría, proporcionados directamente por Hacienda, se revela que también se pagaron vencimientos de largo plazo, o sea, colocados antes de que el Presupuesto 2018 llegara al Congreso en setiembre.
“Ese es uno de los temas que tenemos, precisamente, en proceso de revisión. Eso fue lo que me hizo a mí incurrir en la cifra de corto plazo, porque al ver que la otra columna era de largo plazo, no había razón para que siendo de largo plazo, no estuvieran considerados”, reconoció la ministra de Hacienda.
En el informe de la Contraloría sobre la deuda del Gobierno Central, se establece que a junio de este año se ejecutó un 89,8% del dinero previsto para elo, pero enfatiza en el pago de vencimientos sin contenido presupuestario.
“El Ministerio de Hacienda ha indicado que ha realizado cancelaciones de títulos de deuda sin contenido presupuestario en los meses de junio y julio por un monto de ¢182.000 millones, compuestos de ¢48.000 millones de títulos a corto plazo y ¢134.000 millones de títulos a largo plazo, lo que contraviene principios presupuestarios consignados en la ley 8131”, advierte la Contraloría.
Sobre la situación de las inversiones estatales y la colocación de títulos de deuda, la presidenta de la Comisión de Hacendarios alegó que es necesaria una mayor claridad sobre cómo se hace el manejo de las finanzas públicas, pero la liberacionista además busca que se determinen los verdaderos responsables.
“Estamos en una situación país difícil, pero eso no exime de las responsabilidades que tienen las personas a cargo de Hacienda, indistintamente del rol. Me cuesta mucho creer que una tesorera nacional no maneje esta información, me cuesta mucho aceptar que no sea resorte de la Tesorería y que las autoridades anteriores de Crédito Público y de Presupuesto Nacional tampoco se hayan enterado de este hasta el día de antier, me parece inaceptable”, enfatizó Hernández.
Aunque la liberacionista llamó a que se sienten responsabilidades, salvó la responsabilidad de Rocío Aguilar, porque dijo que la responsabilidad es comenzar la investigación “lo antes posible, pero no así sobre su persona”.
“Es que hay un tema de cumplimiento de pago de deuda que el país no puede omitir, yo realmente, pese al elemento de pago sin contenido presupuestario y la debida autorización, vemos la situación muy compleja y el presupuesto debe aprobarse, no hay cómo no aprobarlo. Es mi criterio y lo comparte la fracción del PLN”, dijo.
En tanto, Eduardo Cruickshank, de Restauración Nacional, explicó que en la administración pública las autoridades solo pueden hacer lo que la ley les autoriza, según el artículo 110 de la Ley General de la Administración Pública.
“Esa ley sienta responsabilidades para esas personas, sin detrimento de otras penalidades que establezca el Código Penal y la legislación civil. La Contraloría y los entes correspondientes tendrán que detectar quiénes son los responsables de estas prácticas marginales a la ley y sentar las responsabilidades correspondientes”, comentó el restauracionista.
Al socialcristiano Pedro Muñoz le pareció que faltó transparencia en el último año de gobierno de Solís, más con “la campaña política a la vuelta de la esquina”.
“El gobierno anterior no nos dijo todo y eso nos deja un sinsabor de qué habría pasado con las elecciones si hubiéramos tenido toda la información”, dijo Muñoz.
En cuanto a las investigaciones, el rojiazul considera que podría haber sido una ilegalidad o un tema penal, pero que sobre todo lo que se debe ver es “si hubo dolo o hubo negligencia” en no presupuestar los recursos para pagar deuda de largo plazo.
Walter Muñoz, del Partido Integración Nacional (PIN), sí señaló a la ministra Aguilar porque cree que “ha incurrido en una gran falta”, por no haber revelado que existía la necesidad de pagar esos vencimientos y porque no pidió autorización.
“Esto nos da pie a pensar que, desde el punto de vista de los que estamos controlando las finanzas públicas, comenzamos a dudar de cuál es la realidad que se vive en las finanzas del país”, aseguró el jefe del PIN.
En un criterio separado de la fracción del PLN, la diputada Franggi Nicolás aseguró que enviará, este viernes, a la Fiscalía General de la República una relación de hechos sobre los pagos que Hacienda hizo sin autorización legislativa.
También, indicó que enviará esa relación de hechos a la Procuraduría de la Ética Pública. En sintonía con ella, el presidente del comité ejecutivo nacional del PLN, Fernando Zamora, publicó a través de sus redes sociales que, a su criterio, la ministra Aguilar debe irse del cargo, pues la responsabiliza de esos pagos.
