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“Concienticémonos y asumamos la responsabilidad que nos toca. Es un tema país que ustedes tienen en sus manos”.
Con esas palabras, la contralora general, Marta Acosta, solicitó este martes a los diputados aprobar el presupuesto extraordinario solicitado por el Gobierno para devolver a inversionistas ¢600.000 millones en bonos de deuda pública que vencen este año.
Se trata de recursos que la administración de Luis Guillermo Solís no incluyó en el Presupuesto ordinario del 2018.
Ante la Comisión de Asuntos Hacendarios, Acosta afirmó que el plan de gastos extraordinario es importante para darle transparencia a las finanzas del Estado y para darle confianza a los agentes internacionales. No aprobarlo tendría consecuencias “indeseables, catastróficas”, dijo.
Sería catastrófico, por ejemplo, tener que tomar dinero de los salarios para pagar las deudas, expuso la jerarca.
Entre junio y julio, el Ministerio de Hacienda se vio obligado a pagar ¢182.000 millones sin tener un presupuesto extraordinario aprobado. ¢48.000 millones correspondían a bonos de corto plazo y ¢134.000 millones a títulos de largo plazo.
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La contralora les aclaró a los diputados que aprobar el presupuesto extraordinario no es garantía de que el Ejecutivo va a obtener los fondos para pagar los vencimientos de bonos de deuda pública, sino que es una previsión.
Además, llamó a que la discusión se centre en los temas “relevantes”, como el endeudamiento del Gobierno central.
Acosta sí cree que, dada la situación del país, el presupuesto extraordinario debió presentarse con mayor anterioridad: “Quiero aclarar que vamos a revisar eso, las condiciones, el cómo, el cuándo, en el entendido que la deuda del Gobierno debía honrarse. Esto no es un cheque en blanco para ningún gobierno".
Según la contralora, las consecuencias de no aprobar el presupuesto extraordinario serían “funestas” para el país. “No me puedo siquiera imaginar”, enfatizó, desde el punto de vista del mercado nacional e internacional, que no se habilite ninguna fuente de recursos.
Para pagar los bonos vencidos, el Ejecutivo recurre a más endeudamiento. Acosta dijo que las otra opción sería usar fondos estatales para inversión o tomar dinero de partidas que ya tienen presupuesto, pero eso también lo tendrían que aprobar ellos y tendría consecuencias “muy nocivas”.
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La Contraloría General se dio cuenta de que Hacienda hizo los pagos sin permiso legislativo el 31 de julio, a través del contador nacional. “¿Por qué Hacienda no lo dijo antes?, es un tema que estamos revisando”.
Harllan Hoepelman, diputado de Restauración Nacional, le cuestionó si la Contraloría fue oportuna en la detección. Ella respondió: “Es muy difícil para la Contraloría estar absolutamente al tanto de todas las actuaciones de la Administración”.
Agregó que la Contraloría ha sido más que oportuna y les recordó a los legisladores que es su responsabilidad aprobar los recursos.
“Si las cosas se aprueban es responsabilidad de ustedes. Es importante que ustedes nos escuchen”.
Ante otra consulta del restauracionista Eduardo Cruickshank, la contralora dijo que “evidentemente” si los legisladores no aprueban el presupuesto rápido, no va a haber contenido presupuestario para pagar nuevos vencimientos de deuda pública en agosto.
A Cruickshank le preocupa que los diputados incurran en un acto irregular al aprobar un presupuesto para pagar algo que ya se pagó.
Por eso, Silvia Hernández, diputada de la comisión de Hacendarios, manifestó que se asegurará de que el dictamen del presupuesto extraordinario deje constancia de la disconformidad de los diputados con la forma en la que se manejaron las deudas, pese a las advertencias de la Contraloría.
“Nadie quiere poner al país en un estado de no pago, y nadie está hablando de no aprobar un presupuesto, somos conscientes de eso. Eso no estaría jamás en mi comisión o dentro de mi presidencia, pero no quieren venir a hablar del otro tema, y es venir a hacer amortizaciones sin la debida autorización presupuestaria, y eso también tiene que mantenerse en la palestra de discusión”, dijo Hernández.
Durante la audiencia, Hoepelman también le preguntó a la contralora si tiene un plan B. Ella le dijo que no, pues eso le toca a ellos.
“Hay que aprobarlo, no hay otro camino, los otros son prácticamente inviables”, dijo Acosta.
