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Costa Rica apoyará las acciones que impulse la Organización de Estados Americanos (OEA) para buscar un diálogo con Nicaragua y así tratar de resolver la crisis política en la que está sumido el vecino país desde el 18 de abril pasado.
Específicamente, Costa Rica respaldará la aplicación del artículo 20 de la Carta Democrática de la OEA, que representa el primer paso de un proceso que funciona como medida de presión para hacer respetar la institucionalidad en territorio nicaragüense.
“Nosotros vamos a apoyar la aplicación del artículo 20”, afirmó la canciller interina, Lorena Aguilar, ante consultas de La Nación.
Se recurre a la Carta Democrática de la OEA cuando hay una alteración o una ruptura del orden democrático y su implementación puede desembocar en la suspensión de un miembro.
Su artículo 20 establece que el Consejo Permanente podrá efectuar las gestiones diplomáticas necesarias con el fin de promover la normalización de la institucionalidad democrática del país denunciado.
Además, faculta al secretario general o cualquier país miembro a convocar inmediatamente un Consejo Permanente para evaluar la situación del estado miembro y adoptar las decisiones que estime conveniente.
Si el proceso de la Carta Democrática avanza, podría acabar en la expulsión del país del organismo, aunque para ello es necesario invocar el artículo 21.
Aguilar conversó la noche de este jueves vía telefónica con el secretario general del organismo, Luis Almagro, para consultarle sobre las iniciativas que él impulsará luego de que el diplomático anunció ese mismo día durante una sesión extraordinaria, en Washington, que propondrá invocar la aplicación de la Carta Democrática al alegar que “la lógica de la dictadura está definitivamente instalada” en Nicaragua.
La canciller indicó que la aplicación del artículo 20 será la principal medida que impulsa Almagro cuando invoque el documento jurídico, lo cual se espera ocurra a más tardar la próxima semana.
“Conversé con él (Almagro) sobre cuál es la hoja de ruta que va a seguir, porque él planteó otra serie de acciones, entonces le preguntamos cómo ve él la situación y en qué momento va a realizar las gestiones”, dijo la titular del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Luego del contacto telefónico entre Aguilar y Almagro, Costa Rica tomó la decisión de apoyar el artículo del mecanismo, pues durante la ponencia evitó referirse al tema.
La canciller manifestó que el presidente Carlos Alvarado dio el visto bueno a la iniciativa.
La lógica de dictadura está instalada en #Nicaragua y @OEA_oficial debe actuar para proteger y defender. Nos vemos obligados a empezar proceso de aplicación del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana #OEAenNicaragua. Mi discurso hoy ante Consejo Permanente de la OEA pic.twitter.com/Hs3BmXHnYB
— Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) December 27, 2018
Nicaragua se encuentra en una profunda crisis luego de una ola de protestas que empezaron el 18 de abril contra una reforma del seguro social.
Las manifestaciones derivaron en reclamos para pedir la renuncia del presidente Daniel Ortega y de la vicepresidenta, su esposa Rosario Murillo, y una dura represión que, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha dejado 325 muertos y 400 detenidos.
Con el fin de investigar las denuncias, la Comisión conformó el Grupo Interdisciplinario Especial de Investigación (GIEI) y el Mecanismo Especial para Nicaragua (Meseni), que se desplazaron al país pero que fueron expulsados por el gobierno el 19 de diciembre.
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Los expertos del GIEI presentaron un informe hace una semana en el que se reveló que en el país vecino se han registrado conductas que deben considerarse como “crímenes de lesa humanidad”. El documento hizo particular referencia a asesinatos, privación arbitraria de libertad y persecuciones.
Un proceso extenso
La Carta Democrática Interamericana de la OEA, la cual se aprobó en setiembre del 2001, se aplica cuando hay una alteración o una ruptura del orden democrático. El proceso puede conllevar a su suspensión del organismo.
En primera instancia, es necesario que el Consejo Permanente del organismo declare por mayoría simple (con 18 votos) de sus miembros que en Nicaragua hay una alteración del orden constitucional y democrático. Si esto se avala, la OEA deberá realizar gestiones diplomáticas para tratar de resolver la crisis a través del diálogo y la mediación.
En caso de que la gestión no prospere, con el voto de dos tercios de los integrantes (24 votos) es posible convocar a una sesión extraordinaria de la Asamblea General del organismo.
De nuevo se intentaría la vía diplomática y, de fracasar en esta ocasión, sería necesario otra vez el voto de 24 países para suspender a Nicaragua del ente (artículo 21), con lo que dejaría de participar en los programas y actividades de la OEA.
