“La crisis interna que vive Nicaragua, la represión y violencia cometida contra el pueblo es motivo de dolor”. Con ese mensaje, la canciller y vicepresidenta, Epsy Campbell, intentó convencer a los ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y de la Unión Europea de que discutan la crisis nicaragüense, durante una reunión en Bélgica.
Así, el gobierno del presidente Carlos Alvarado aprovechó otro foro internacional para visibilizar la necesidad de que la comunidad internacional actúe ante la represión que el presidente Daniel Ortega inició desde el 18 de abril pasado, cuando estallaron protestas en toda Nicaragua producto de políticas de su administración para recortar pensiones con cargo al presupuesto.
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Antes, el 12 de junio, el presidente Carlos Alvarado intervino ante el plenario de la Organización de Estados Americanos (OEA) para solicitar que se forzara a Nicaragua a cumplir con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El gobernante también visibilizó el tema durante la reciente cumbre de presidentes y jefes de Estado del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), en República Dominicana. Allí afirmó que es “apremiante” identificar ruta para lograr una salida negociada en Nicaragua.
En el caso de Campbell, la canciller participa desde este lunes en la reunión de jerarcas de Relaciones Exteriores de la Celac y la Unión Europea, que se reúnen en la sede de este último organismo en Bruselas, Bélgica.
La emisaria costarricense también aprovechó ese espacio para recalcar la preocupación costarricense por lo que ocurre en Nicaragua.
“Aquellos países que defendemos los derechos humanos y la democracia debemos alzar la voz ante situaciones que atentan contra las normas básicas de la convivencia (...)”, dijo la titular de Relaciones Exteriores antes de reiterar el llamado de Costa Rica para que el régimen de Ortega no postergue más la aplicación de las recomendaciones de la CIDH de que establezcan las condiciones para que se desarrolle un proceso de diálogo “legítimo”.
Y afirmó que la posición de Costa Rica obedece a su firme creencia en “la fuerza de las ideas, de los valores” y de “la cultura”, así como en la protección y promoción de los derechos humanos, el desarme y “la construcción de una cultura de paz universal”.
Costa Rica, que en la última década optó por el multilateralismo para denunciar y acusar agresiones contra su territorio de parte del régimen de Ortega, recordó este lunes que es precisamente el compromiso con el derecho internacional y el multilateralismo implica el derecho de las reglas y la apertura al escrutinio internacional.
La crisis en Nicaragua estalló el pasado 18 de abril, cuando miles de personas, principalmente estudiantes universitarios, salieron a la calle a protestar contra la medida ordenada por el presidente Ortega de recortar las pensiones.
Desde entonces, organizaciones de la sociedad civil reportan la muerte de más de 300 personas producto de la represión que ordenó Ortega valiéndose de las Fuerzas Armadas bajo su mando.