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La diputada María José Corrales, del Partido Liberación Nacional (PLN), desmintió este jueves a las autoridades del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) sobre el valor del oro que se habría extraído ilegalmente de la mina Crucitas, en Cutris de San Carlos.
En vez de $1,5 millones como asegura hoy el Minae, Corrales habla de $196 millones.
La diputada basa la cifra en resultados del informe DGM-CMRHN-11-2018 que concluyó en marzo de este año y estuvo cargo de la Dirección de Geología y Minas del Minae y fue suscrito por el Coordinador Minero de la Región Huetar Norte.
El documento, aseguró Corrales, llegó a su despacho de manos de la actual viceministra de Gestión Ambiental, Celeste López.
El informe, en poder de este diario, indica que, del 21 de marzo del 2017 al 9 de febrero del 2018 se realizaron ocho inspecciones en la zona, donde supuestamente se constató que el valor económico del oro sustraído ascendía a $196 millones (¢118.000 millones al tipo de cambio de hoy).
Esas inspecciones estiman en 148.139 las onzas de oro sustraídas, es decir, 4,1 toneladas. Sin embargo, el documento oficial no explica ni cómo se llegó a esa cifra, ni qué metodología siguió para la cuantificación del material removido para sacar el oro.
El documento del Minae afirma textualmente que en la supuesta extracción de las 148.139 onzas de oro del 12 de marzo del 2017 al 2 de febrero del 2018 (menos de 12 meses) los coligalleros habrían removido sin utilizar maquinaria pesada 460.764 toneladas de tierra.
El texto suscrito en la administración anterior del Minae únicamente cita, confirmó este diario, que la elaboración de esas cifras se basa en las inspecciones de campo cuando evaluaron y dimensionaron áreas afectadas por las labores de extracción o remoción de material.
El documento del Minae, que se entrega casi al finalizar la administración de Luis Guillermo Solís, califica de “masiva” la intervención de coligalleros en la zona entre octubre y noviembre del 2017 pero sin precisar cómo arribó a tales números.
Según ese escrito, los coligalleros habrían concentrado sus labores de extracción "en los sistemas fluviales; con algunos indicios del trasiego de materiales hacia sectores como Las Juntas de Abangares y la instalación en la zona de Moravia de Cutris de tres sistemas de trituración mecánica o rastras.
Ese mismo informe revela indicios de una modificación en la metodología de extracción, hacia un aprovechamiento tipo cantera de superficie o explotación subterránea.
Esto se habría confirmado supuestamente en inspecciones posteriores realizadas en enero y febrero del 2018, cuando localizaron al menos tres zonas con sistemas de túneles excavados con longitudes de hasta 10 metros y unos cinco metros por debajo del nivel del suelo.
“Durante las dos inspecciones iniciales (21/03/2017 y 24/04/2017), se presenció una actividad minera artesanal poco desarrollada, pero instaurada y en crecimiento”, cita textualmente el documento.
El informe contradice declaraciones del ministro de Ambiente, Carlos Manuel Rodríguez, quien aseguró la semana anterior ante diputados de la Comisión de Ambiente del Congreso que el oro extraído no superaría la cifra de $1,5 millones.
Nuevo análisis
Al ser consultada esta tarde, la viceministra Celeste López admitió haber remitido ese documento a la diputada Corrales por solicitud de la diputada; sin embargo, recalcó que nuevos estudios están en curso y habrá un dato oficial en enero. López aseguró que la actual administración desconocía del documento.
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“Ese informe es un documento de la administración anterior. Desconozco cómo se llegó a esas cifras pero, si es correcta, la vamos a validar con este nuevo proceso de análisis”, declaró López.
Por ahora, según la viceministra, el proceso de análisis sigue aunque exista un informe anterior.
“Este es un proceso más integral donde el tema de la extracción es solo uno de los elementos. Vamos a validar la información que tenemos del Colegio de Geólogos y la que se generó con la antigua administración. Lo que nos corresponde es generar información que aclare”, comentó.
Para la diputada, existe una situación “caótica en Crucitas”, porque conforme pasan los días aparece más información que "pone en entredicho la acción del Gobierno en la zona, la contradicción de versiones y la necesidad de que se planteen las propuestas y los cambios necesarios para revertir esta lamentable situación”,
Corrales presentó hoy moción para que los jerarcas de Ambiente, Salud y Seguridad del anterior y actual Gobierno comparezcan en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público para brindar explicaciones.
La mina Crucitas se dio en concesión a la canadiense Industrias Infinito. No obstante, esa autorización para extraer oro fue anulada por irregularidades, que fueron ratificadas en el 2010 por el Tribunal Contencioso Administrativo.
Esta firma salió de manera definitiva del país en el 2015, cuando vendió la finca Vivoyet donde se ubica la mina. Se cree que desde aquel momento comenzó el ingreso de oreros artesanales, fenómenos que se disparó a mediados de 2017.
El ministro Rodríguez asegura que el daño causado por los coligalleros fue de "bajo impacto y pequeña escala” y se concentró en un espacio de entre 20 y 30 hectáreas. Según él, en dos años la propia naturaleza habrá recubierto de vegetación las zonas afectadas.
Hasta ahora, además, se ha descartado que fuentes de agua fueran contaminadas por el derrame de metales como cianuro y mercurio; habituales en el proceso para separar polvo de oro del barro.
Esa es la valoración del ministro luego del ingreso de unas 4.000 personas a los cerros del extinto proyecto minero.
