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En el transcurso de una semana, las fracciones legislativas redactaron y presentaron en conjunto un proyecto de ley para cobrar impuestos sobre los ganancias de las cooperativas que, en este sector, son conocidas como excedentes y que hoy están libres de tributos.
La iniciativa crea un tributo específico para ese tipo de empresas, con dos tramos de cobro solo para las que obtengan ganancias superiores a los ¢250 millones anuales.
En la primera grada, Hacienda cobraría un 10% sobre los excedentes entre los ¢250 millones y los ¢750 millones.
En la segunda grada, el Gobierno cobraría un 20% de impuesto sobre la ganancia que se exceda a partir de los ¢750 millones.
Aquellas cooperativas que generen excedentes de menos de ¢250 millones estarían exentas.
Así, por ejemplo, si un grupo cooperativo tuvo ganancias por ¢1.000 millones anuales, el nuevo tributo será de ¢100 millones: ¢50 millones por la primer grada y ¢50 millones por la segunda.
El proyecto de ley se presentó el jueves, con el respaldo de 36 diputados de los partidos Unidad Social Cristiana (PUSC), Acción Ciudadana (PAC), Liberación Nacional, Restauración Nacional y el Frente Amplio.
La iniciativa establece que el impuesto se cobrará sobre los excedentes netos, es decir, al monto que queda luego de descontar los costos de producción y las cargas parafiscales que deben pagar las cooperativas.
Además, se cobrará antes de la repartición de excedentes a los asociados, los cuales a su vez hoy pagan un 5% de impuestos cuando los reciben y un 10% si se aprueba la reforma fiscal.
Según expone el proyecto de ley, la expectativa es recaudar al menos ¢6.000 millones.
De acuerdo con la diputada Laura Guido, del PAC, inicialmente se pensó en definir cuatro escalones de cobro: de 5%, 10%, 15% y 20%. No obstante, al final decidieron establecer solo dos.
“Básicamente porque el monto para cobrar está siendo bastante alto. ¢250 millones en renta neta, imagínese que significa en un promedio de ventas de más de ¢1.300 millones. Estamos hablando que una cooperativa que vende eso ya es una cooperativa muy muy grande, entonces decidimos dejarlo en dos escalones para compensar un poquito más ”, explicó la legisladora María Inés Solís, de la Unidad.
Según la congresista, al dejar solo dos tarifas, hay una mayor posibilidad de recaudación y menos posibilidades de evasión. Esa decisión se refuerza con la potestad que le dan los diputados al gobierno para que cree instrumentos que cierren el portillo a posibles fraccionamientos artificiales de la actividad por parte de las cooperativas.
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Solís explicó que hasta el momento hay poco más de 400 cooperativas identificadas. De esas, se prevé que unas 382 queden exentas, por generar excedentes de menos de ¢250 millones. De entrada, se estima que serían unas 24 las que pagarían el impuesto y, de esas, solo cerca de una decena estarían sujetas al cobro del 20%.
No obstante, según la legisladora, los diputados saben que en realidad en el país operan unas 1.200 cooperativas, aunque de la mayoría no hay información. Aseguró que ese es un vacío que deberá solventarse con el proyecto de ley.
“Realmente, existen registradas como cooperativas como 1.200, pero Hacienda maneja datos solamente como de cuatrocientas y algo (...) Ahorita estamos abriendo este portillo, que va a obligar a Tributación a registrar a todas las cooperativas, Tributación ahora va a tener que ponerse detrás de las cooperativas en general”, señaló la socialcristiana.
El plan fija, para las cooperativas, las mismas sanciones a las que están sujetos los demás contribuyentes si incumplen con sus responsabilidades. Además, dispone que las cooperativas que se encuentren morosas no podrán firmar contratos con ninguna institución pública.
La iniciativa se consensuó en apego al compromiso que asumieron los diputados la semana pasada, para reemplazar la moción de la socialcristiana María Inés Solís que proponía incluir, dentro del plan fiscal, la obligación de las cooperativas de pagar impuesto sobre la renta. Dicha iniciativa fue rechazada debido a que varias fracciones consideraron que la misma generaba contradicciones legales y que además ponía a contribuir también a las empresas más pequeñas.
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Guido explicó que las cooperativas, por definición, no generan utilidades sino excedentes, por lo cual no era viable imponerles un gravamen de renta. La diputada consideró que el proyecto de ley es la herramienta adecuada para poner a las cooperativas a contribuir según su naturaleza jurídica.
“Creemos que la forma más adecuada es creando un impuesto que trate los excedentes cooperativos y que esté pensado en el idioma del sector cooperativo, de la persona jurídica que es una cooperativa”, dijo Guido.
De acuerdo con las legisladoras, el acuerdo parlamentario es que el proyecto se tramite con dispensa de trámites y en forma paralela al proyecto de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. La expectativa de la socialcristiana es que antes de que el plan fiscal se vote en segundo debate, el proyecto de cooperativas haya recibido primer debate.
Solís dijo sentirse satisfecha con el proyecto de ley presentado, aunque reconoció que hace falta introducir otro tipo de reformas para flexibilizar las cargas parafiscales y para mejorar los controles del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop).
“Para el arranque me parece que es satisfactorio, además que con este arranque las cooperativas van a verse obligadas a presnetar sus informes y eventualmente este número que tenemos de cooperativas (que pagarían el impuesto) se vaya engordando y nos vayan a aparecer un montón de cooperativas más, que son datos que Hacienda en este momento no conoce. Todo eso creo que es parte del avance en esta materia”, dijo la diputada.
