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Los jefes de las siete fracciones legislativas firmaron un proyecto de ley que crearía una agencia encargada de desarrollar proyectos de Gobierno Digital para todo el Estado.
La entidad se llamaría Agencia Nacional de Gobierno Digital y, entre sus funciones, estarían el desarrollo de sistemas enfocados en la simplificación de trámites para los ciudadanos y el acceso a la información pública.
El plan, presentado este miércoles por el diputado liberacionista Wagner Jiménez, propone que el programa esté bajo el mando del Ejecutivo. No obstante, podría venderle sus servicios también a instituciones descentralizadas, municipalidades, a los otros poderes de la República e inclusive al sector privado.
Para iniciar operaciones, a la entidad se le asignaría, en el primer año, un capital conformado por ¢100 millones y por el 2% de los fondos acumulados en el Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel).
En adelante, se financiaría con una partida ordinaria del presupuesto nacional y con los recursos que genere producto de “la asesoría, implementación, administración, capacitación, gestión de tecnologías digitales o cualquier otro servicio que preste a otros organismos públicos”.
De acuerdo con Jiménez, la agencia deberá autosostenerse con su actividad comercial.
El proyecto de ley faculta a la Agencia a suministrar sus servicios técnicos y sus productos mediante convenios y contratos, tanto al sector público como al privado, dentro o fuera del país.
“La Agencia Nacional de Gobierno Digital también podrá participar y constituir fideicomisos, administrar bienes en fideicomiso y, en general, celebrar todos los contratos permitidos por las leyes, necesarios para cumplir con sus objetivos y funciones”, dice la iniciativa.
Según la propuesta, el Consejo Directivo de la Agencia estaría integrado por el presidente de la República; los jerarcas de Ciencia y Tecnología, Hacienda y Planificación; el presidente ejecutivo del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) y un representante del sector privado.
Dicho Consejo operaría de forma independiente a cualquier otra institución y sería el responsable de nombrar a la persona que ejerza la Secretaría Técnica y al Auditor Interno de la Agencia.
“Esta es la forma de garantizar que no sea un proyecto de un gobierno, sino de garantizarle continuidad en el tiempo”, aseguró Jiménez.
El diputado aseguró que, además de los jefes de fracción de Liberación Nacional, Acción Ciudadana, Unidad Social Cristiana, Restauración Nacional, Integración Nacional, Republicano Social Cristiano y Frente Amplio, respaldan su proyecto los diputados independientes y los integrantes de la Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación.
Actualmente, el desarrollo de sistemas digitales para las instituciones públicas está a cargo de la Dirección de Nuevos Negocios e Innovación de Radiográfica Costarricense (Racsa), en la cual trabajan alrededor de 75 funcionarios.
Jiménez dijo que la idea sería que, a través del reglamento de la ley, se traslade dicha responsabilidad, así como el personal de la Dirección, a la Agencia.
En noviembre, la directora de Nuevos Negocios e Innovación de Racsa, Alicia Avendaño, dijo durante una audiencia en el Congreso que el Estado debería priorizar el desarrollo de una plataforma única para que todas las instituciones públicas gestionen los trámites que deben realizar los ciudadanos; así como un observatorio de compras públicas y un sistema de pago electrónico para el transporte público.
