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Cuatro diputados presentaron este martes dos mociones, en las que solicitan convocar a audiencias ante la Asamblea Legislativa al procurador general de la República, Julio Jurado Fernández, al procurador adjunto, Guillermo Bonilla Herrera, así como al garante ético del gobierno de Carlos Alvarado, José Manuel Arroyo Gutiérrez.
La solicitud de los legisladores está relacionada con el caso de los supuestos nombramientos irregulares hechos en el Ministerio de Relaciones Exteriores, durante la actual gestión de la canciller y vicepresidenta de la República, Epsy Campbell.
Este martes, trascendió un informe de la Procuraduría General de la República (PGR), el cual concluye que las direcciones de la Cancillería no pueden ser nombradas como un puesto de confianza, luego de que Campbell colocara a dos personas en este tipo de cargos.
Se trata de Adriana Murillo, quien fue designada como directora de Política Exterior y de Carolina Fernández, nombrada como directora alterna de esa misma cartera.
Adicionalmente, desde julio, la Fiscalía abrió una investigación sobre presuntos nombramientos regulares que hasta el momento, no han sido especificados por el ente judicial.
Posteriormente, la Procuraduría de la Ética Pública emprendió otra pesquisa sobre la designación de la ahijada de Campbell, Catherine Rivera McKinley, como asesora de despacho, también en la Cancillería.
A la jefa de la diplomacia costarricense también se le cuestionó en la Asamblea Legislativa por el nombramiento de varios exministros de la administración anterior como embajadores en distintos países.
Exhortación para comparecer
Las mociones las presentaron este martes los diputados Yorleny León, Luis Fernando Chacón y Franggi Nicolás, los tres del Partido Liberación Nacional (PLN), así como Jonathan Prendas, del bloque independiente Nueva República.
En dos mociones distintas, ellos solicitaron ante la Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y Gasto Público del Congreso que se convoque a audiencias a los procuradores y al garante ético.
Una de las peticiones, firmada por los cuatro congresistas, pide la comparecencia en el Congreso de los procuradores Julio Jurado Fernández (general) y Guillermo Bonilla Herrera (adjunto).
El objetivo de llamar a Jurado Fernández y a Bonilla Herrera es para que se refieran al informe que emitieron el 23 de noviembre de 2018 y que trascendió este martes 27 de noviembre.
Dicho documento lo elaboraron los contralores, tras una solicitud de la congresista del PLN, Karine Niño, presidenta de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Asamblea Legislativa.
Ella solicitó al ente procurador una opinión con respecto a los nombramientos de Adriana Murillo, como directora de Política Exterior, y de Carolina Fernández, como directora alterna de esa misma cartera.
La Procuraduría se pronunció, pero aclaró que se trata de un criterio no vinculante, centrado en los aspectos técnicos y jurídicos.
La otra moción, promovida únicamente por la diputada Nicolás, solicita llamar a cuentas a José Manuel Arroyo Gutiérrez, exmagistrado y garante ético del Gobierno, quien en un informe publicado a inicios de noviembre, descartó que la canciller Epsy Campbell incurriera en faltas legales o éticas en relación con los aparentes nombramientos irregulares.
“Hoy vemos cómo este garante de la ética, siendo exmagistrado, conocedor de la normativa, de las leyes de la República, entra en contradicción con la misma Procuraduría General, la cual, sobre esos mismos nombramientos, hoy hace una resolución que indica que los mismos fueron ilegales”, expresó Franggi Nicolás.
En relación con los citados nombramientos, en su informe, Arroyo destaca:
“Encuentro que los procedimientos de designación se han realizado de conformidad con las pautas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes; así como debidamente respaldadas por los criterios técnicos-administrativos de las instancias obligatoriamente involucradas, en especial, la Dirección de Recursos Humanos y la Dirección Jurídica de ese Ministerio (de Relaciones Exteriores)”, se lee en el informe del garante ético.
Este martes, la Cancillería comunicó que pedirá a la Procuraduría General de la República un dictamen vinculante sobre el asunto.
El criterio emitido hasta el momento por el abogado del Estado no es vinculante, pues fue gestionado por la Asamblea Legislativa.
Para que las apreciaciones de la PGR adquieran carácter legal, la consulta debe ser presentada por el Poder Ejecutivo, específicamente, por la Cancillería.
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