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Luego de que la Corte Plena envió una carta a la Asamblea Legislativa, con la que intenta proteger los salarios del Poder Judicial frente a las medidas de contención de gasto público de la reforma fiscal, el plenario legislativo rechazó este lunes consultar el proyecto a diversas instituciones públicas antes de someterlo a primer debate.
El lunes 24 de setiembre, de forma extemporánea, los magistrados remitieron al Congreso un acuerdo en el que alegan que la reforma incidirá en la organización y funcionamiento del Poder Judicial porque le pone tope a los salarios millonarios, atenúa el crecimiento de los incentivos salariales y limita el gasto público.
No obstante, la Corte Plena se pronunció sobre la versión anterior de la reforma fiscal, la cual ya fue sustituida por el gobierno de Carlos Alvarado.
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Las fracciones mayoritarias sostuvieron que el proyecto debía continuar su camino, al tiempo que el gobierno y partidos como el PLN, descalificaron el argumento de los magistrados.
Este lunes, el diputado frenteamplista, José María Villalta, presentó una moción con la intención de enviar consultas a varias instituciones, incluida la Corte Suprema de Justicia, antes de que discutir las mociones de reiteración, es decir, el último periodo para poder hacerle cambios al proyecto.
El resultado de la votación fue de 37 votos en contra y 16 a favor.
Frenaron la intención de Villalta la mayoría de diputados de Liberación Nacional (PLN), de la Unidad Social Cristiana (PUSC) y de Acción Ciudadana (PAC).
Votaron a favor Villalta, los tres diputados del Partido Integración Nacional; Franggi Nicolás, de Liberación Nacional; Shirley Díaz, de la Unidad Social Cristiana (PUSC) y diez diputados de Restauración Nacional.
La mayoría de la bancada restauracionista avaló la propuesta a pesar de que su jefe de fracción, Carlos Avendaño, votó en contra.
“Nosotros tenemos un criterio de que deben integrarse todas estas mociones que se están votando, las que faltan también, para entonces, ahí sí, consultarlo”, dijo Avendaño.
Si la Corte se pronuncia en contra de un proyecto de ley, la Asamblea necesita 38 votos para aprobarlo, lo que impide tramitarlo por la vía rápida. La reforma fiscal se tramitó por la vía rápida y el gobierno aún no asegura 38 sufragios a favor.
Será la Sala IV, después del primer debate, la que decida si el proyecto fue tramitado correctamente y si la contención de gasto en salarios afecta realmente el funcionamiento de la Corte.
Si se hubiera aprobado la moción, se habría modificado el procedimiento de vía rápida por el que se tramita el expediente 20.580, el cual establece que dichas consultas se harán después de que el proyecto reciba el primer debate. Esa es la etapa prevista, además, para el sometimiento del plan al escrutinio de la Sala Constitucional.
“Es una decisión que teníamos tomada desde el inicio de este proceso, las accionse se ordenaron de tal modo que pudiéramos avanzar con el proceso y, una vez votado en primer debate, se hicieran las consultas. Nosotros estamos absolutamente convencidos de la urgente necesidad de que avancemos en el proceso, después hacemos las consultas y ahí pues analizaremos los informes que vengan de ellas”, dijo Víctor Morales Mora, jefe de fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC).
Cuando presentó la moción, Villalta apeló a la “lógica, el sentido común y la prudencia” del resto de los diputados. El diputado del Frente Amplio (FA) alertó sobre el riesgo de que, producto de las consultas, se identifiquen errores en el proyecto de ley en una etapa en la que ya no habrá posibilidad de enmienda.
“Si eso se da cuando ya el proyecto está aprobado en primer debate, hay mucho más riesgo de que todo lo que se ha hecho aquí se descarrile”, alertó Villalta.
El diputado del Frente Amplio dijo que, de lo contrario, se corre el riesgo de que surjan criterios como el que emitió la Corte el 3 de setiembre, en el que los magistrados concluyen que la reforma incide en el funcionamiento y la organización del Poder Judicial.
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Durante la mañana del lunes, el plenario legislativo votó 32 mociones de reiteración. Todas planteaban exenciones a distintos tipos de productos y actividades, como la producción agrícola orgánica, las compras y ventas de las universidades públicas, la producción agropecuaria, los bingos escolares y las microempresas de turismo, entre otras.
