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El mayor pensionado de lujo del país se salvará del recorte que la Sala IV avaló esta semana luego de una espera de cuatro años.
Rolando Ramírez Paniagua, exgerente del Banco Nacional y ex subcontralor general, conservará una jubilación bruta de casi ¢13,9 millones mensuales, la cual baja a poco menos de ¢7 millones tras los rebajos de ley.
Ramírez lleva 32 años de recibir el beneficio y esa es parte de la razón por la que quedó blindado contra el tope que el Gobierno aplicará a las pensiones de lujo, para que ninguna supere ¢2,7 millones brutos, en cuanto la Sala IV publique la sentencia del miércoles.
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Por voto de mayoría, el tribunal constitucional determinó que el tope no puede imponerse a quienes se hayan retirado antes del 28 de diciembre de 1998, porque esa fue la fecha en que se promulgó la ley 7605 que fijó que ninguna jubilación pagada por el Gobierno podría superar el equivalente a diez veces el salario más bajo pagado en la Administración Pública.
El exgerente del Banco Nacional se pensionó en 1986, según una base de datos de la Dirección Nacional de Pensiones (DNP) del Ministerio de Trabajo, por lo que se exime del tope.
De no haber sido así, su pensión bruta habría bajado de ¢13,9 millones a ¢2,7 millones, mientras que la neta habría pasado de ¢7 millones a ¢1,9 millones.
Sin embargo, Rolando Ramírez no es el único que se salvará del tope. De hecho, la mayoría de los pensionados de lujo se eximirá.
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El tope recaerá sobre los regímenes de Gobierno y Asamblea, que los administra la DNP, así como sobre el régimen Transitorio de Reparto del Magisterio Nacional (educadores), que lo administra la Junta de Pensiones del Magisterio (Jupema).
En el caso de Gobierno y Asamblea, si bien existen unas 374 superiores a los ¢2,7 millones, solo a 97 se les aplicará un recorte a causa del tope.
Las 277 restantes quedan exentas por haber sido aprobadas antes de diciembre de 1998.
Entre esas, están las de Ricardo Castro Monge, quien se pensionó por el ICE con ¢10,6 millones; y la de Teófilo de la Torre, expresidente del ICE, con ¢9,9 millones.
El verdadero ahorro en regímenes de Gobierno
En el caso de los regímenes de Gobierno, el ahorro con esta medida será de ¢850 millones anuales, lo que equivale a un 0,08% del costo de las pensiones con cargo al Presupuesto Nacional.
Actualmente, el costo anual de las 97 pensiones que se podrán recortar es de ¢3.300 millones, después de rebajar cotización, contribución solidaria, impuesto de renta y seguro de salud. Cuando todas estas sean reducidas a ¢2,7 millones, el costo anual será de ¢2.450 millones.
Si el tope hubiese recaído también sobre las otras 277 pensiones, el ahorro total habría subido a casi ¢3.190 millones.
En el Magisterio
En el caso de las pensiones del Magisterio, la Jupema estima que el tope recaerá sobre unas 200 pensiones. Sin embargo, la entidad todavía no ha suministrado la base de datos para poder definir el impacto en dinero para el Gobierno.
En la Jupema, aunque existen 1.884 jubilaciones superiores a ¢2,7 millones, dos factores se mezclaron para eximir a más de 1.600 jubilados. Una es la fecha de aprobación de la pensión, señalada por la Sala IV, y la otra es que la misma ley 7605 establece que si la persona postergó su fecha de retiro, aunque fuese un día, no le aplica el tope.
Para las pensiones de Gobierno y Asamblea, esa última exoneración no aplica, según Luis Paulino Mora, director nacional de Pensiones.
En resumen, el tope solo les recortará unas 300 pensiones financiadas con impuestos de un total de 61.000.
El recorte no aplica del todo para los pensionados del Poder Judicial.
