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Un proyecto de ley que se tramita en el Congreso permitiría a la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom) imponer fuertes multas a las empresas que incurran en prácticas anticompetitivas en en el mercado nacional.
Por ejemplo, si la iniciativa es aprobada, la Coprocom podría aplicar una multa equivalente al 10% de los ingresos brutos anuales (del periodo fiscal anterior a la imposición de la sanción) a las empresas que incurran en prácticas monopolísticas, o bien, que incumplan una medida cautelar previamente dictada por la comisión.
De no poderse calcular los ingresos, la sanción sería hasta de 4.083 salarios base de un oficinista uno, es decir, unos ¢1.760 millones.
Eso endurece lo contemplado en la actual Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, que data de 1994 y en la que se basó la creación de la Coprocom.
Allí se establece que una práctica monopólica solo amerita una sanción equivalente a 680 salarios.
La reforma además incluye incentivos para que los participantes de un cartel empresarial se delaten entre sí, al tentarlos con la posibilidad de eliminar la multa al primero que le lleve pruebas a las autoridades.
Un cartel empresarial se configura cuando varias firmas se ponen de acuerdo para acordar precios o repartirse mercado.
Aunado a ello, si la compra de una compañía por parte de otra implica prácticas anticompetitivas, la Coprocom podría obligar al comprador a vender uno o más de los activos de la transacción, o bien, del sistema de distribución.
Este plan es requerido por el Gobierno para que el país ingrese a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Incluso, desde el 2014, ese organismo le llamó la atención a Costa Rica al concluir que su régimen de competencia necesita ser actualizado y fortalecido, y que su principal debilidad es la falta de recursos tanto financieros como humanos en la Coprocom.
Otras sanciones
Otros castigos que podría aplicar la Comprocom serían prohibir a las empresas castigadas participar en todo tipo de contratación pública por hasta diez años y sancionar a la persona física que participe directamente en conductas prohibidas con un monto hasta de 680 salarios base (¢293 millones).
En el caso de infracciones graves y leves, las firmas se expondrían a multas hasta del 5% y el 3% de sus ingresos brutos, o bien, 1.360 o 680 salarios base (¢586 millones o ¢293 millones).
El plan también quiere reformar el número de comisionados de la Coprocom y la manera en que son elegidos, al tiempo que la entidad tendría un presupuesto cuatro veces mayor.
Bajo el esquema actual, las denuncias han tardado hasta siete años en resolverse, lo cual afecta no solo a empresarios sino también a consumidores. Esta tarea ha recaído sobre la Coprocom, órgano adscrito por la ley al Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), y que cuenta con un equipo de comisionados que trabajan de tiempo parcial.
“Es un salto cualitativo enorme para el país, fortalece todo (...). La estructura que se le dio a la autoridad de competencia con esta ley es más robusta, le da roles más claros, más definidos, y le delimita el ámbito de acción con mayor claridad. La parte sancionatoria es importante, porque hoy las sanciones quedan muy a criterio y los comisionados siempre están como inquietos de si fue muy poco o fue mucho”, dijo la ministra de Economía, Victoria Hernández.
El resultado debería de ser mercados mucho más justos, más competitivos, que beneficien al consumidor, agregó la jerarca.
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Trámite legislativo
En la Asamblea Legislativa el proyecto se discute en la comisión especial encargada de conocer y dictaminar los proyectos de ley requeridos para lograr la adhesión a la OCDE junto con otras cuatro iniciativas.
La diputada Silvia Hernández, de Liberación Nacional (PLN) y quien integra ese foro legislativo, dijo que el plan cuenta con buen ambiente dentro, aunque reconoció que no serían proyectos sencillos. El de competencia dice que sería de los más grandes y complejos al tratarse de un tema en que se han señalado tantos problemas por los organismos internacionales.
“Para la OCDE es muy importante poder visibilizar que el país está teniendo avances en ese tema. Esperaríamos que este dictaminado y discutiéndose en el plenario pronto, en el primer trimestre del próximo año”, expresó la verdiblanca.
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