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Aferrada a su cargo, la canciller Epsy Campbell solicitó la separación de siete funcionarios de su despacho, mientras avanzan las investigaciones en el Congreso y la Fiscalía por aparentes irregularidades en nombramientos del Ministerio de Relaciones Exteriores.
La jerarca también le solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) que aclare cómo deben realizarse las designaciones de 10 direcciones de la Cancillería.
Campbell aseguró que “existe un vacío de interpretación legal sobre cuál debería ser el mecanismo de elección de estas personas”.
Las renuncias, que rigen a partir de este lunes, corresponden a dos diplomáticos nombrados en el gobierno de Laura Chinchilla, tres en el de Luis Guillermo Solís y dos en la actual administración.
Se trata de la directora de Protocolo, Gina Guillén, y el director adjunto, Cyrus Alpízar; la directora de Servicio Exterior, Lina Ajoy, y su director adjunto, Sergio Vinocour, y el director del Instituto de Servicio Exterior, Jorge Sáenz.
Además, la directora de Política Exterior, Adriana Murillo, y su directora adjunta, Carolina Fernández, ambas designadas a dedo por Campbell.
Fernández también fue vicecanciller al inicio del actual gobierno, pero renunció después de un día en el cargo, luego de que se conoció que en el 2011 fue sancionada por abandonar su trabajo durante varias semanas cuando fungía como ministra consejera y encargada de negocios de la Embajada de Costa Rica en Brasil.
Una opinión no vinculante de la PGR, solicitada por la diputada liberacionista Karine Niño, sostiene que las designaciones en cargos de dirección deben ajustarse a los requisitos del Estatuto del Servicio Exterior, es decir, estos cargos no pueden ser escogidos a dedo.
Campbell afirmó que antes de esta consulta “no existió ninguna interpretación que planteara que esta forma de nombrar a los embajadores fuese irregular”.
Según una recopilación de registros históricos de la Cancillería, desde el 2000 se nombró al menos a 30 funcionarios como directores sin que tuvieran el cargo de embajadores.
La nueva consulta enviada por Campbell a la Procuraduría sería para esclarecer el procedimiento que debe seguirse para las designaciones de los directores y directores adjuntos de Cooperación Internacional, Política Exterior, Servicio Exterior, Protocolo y el Instituto Diplomático.
Al llegar la solicitud desde el Poder Ejecutivo, la respuesta de la PGR sí tendrá efecto legal, lo que “dejará totalmente dilucidada la forma en que, a partir de este momento, realizaremos los nombramientos”, dijo la canciller.
La también vicepresidenta añadió que le solicitó “al departamento de Recursos Humanos que nos haga un informe absolutamente detallado de todos los puestos y rangos para tomar las decisiones y ajustar todos los temas relacionados con un atraso histórico que viene teniendo la Cancillería”.
Asimismo, conformó una comisión para revisar el Reglamento al Estatuto del Servicio Exterior y actualizarlo, de ser necesario.
Según Campbell, “esta serie de medidas, constituyen una de las más profundas decisiones en la Cancillería para alentar la excelencia de nuestra diplomacia y el mayor esfuerzo transformador institucional en los últimos años”.
