Eduardo Cruickshank expuso su oposición "innegociable" a que se grave la canasta básica. A la izquierda, Carlos Avendaño, jefe de fracción de Restauración. Los acompañan los demás miembros de la bancada. Foto: Rafael Murillo. (Rafael Murillo)
El Partido Restauración Nacional (PRN) sostiene que no votará a favor la reforma fiscal si el Poder Ejecutivo no acepta los cambios que su fracción propone, cinco de los cuales califica como “innegociables”.
La segunda fracción más numerosa de la Asamblea Legislativa (con 14 curules) elaboró una lista de 29 puntos, la cual le expondrá a la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, la tarde de este lunes.
El jefe de fracción del PRN, Carlos Avendaño, dijo que su bancada es consciente de que no logrará que el Ejecutivo ceda en los 29 aspectos que plantean. No obstante, sostienen que varios de ellos son “innegociables”.
“En una propuesta de 30 puntos, es entendible que no vamos a pretender lograr el 100%. Lo que es innegociable es la canasta básica, los medicamentos, los alquileres, meterle impuestos a la educación y a la medicina privadas”, dijo Avendaño.
La reforma fiscal plantea un 2% de impuesto sobre el valor agregado (IVA) para los productos de la canasta básica y un 4% para los medicamentos, la salud privada y la educación privada.
Restauración pretende que todos esos bienes y servicios estén exentos del tributo.
No obstante, el Ministerio de Hacienda no considera factible eximir la canasta básica, un grupo de 200 productos como arroz, frijoles, huevos y papas. Afirma que, hacerlo, más bien encarecería los productos por la forma en que se cobra el IVA.
El IVA es un impuesto que se paga y se acredita sobre toda la cadena de producción. Por ejemplo, cuando un industrial compra trigo para hacer harina, paga el tributo sobre el precio del trigo y, cuando vende la harina, cobra el impuesto al panadero sobre el precio de la harina.
Si los productos de la canasta básica están exentos del IVA, el productor paga el tributo sobre toda la cadena (por ejemplo, sobre el trigo y sobre la harina) pero no lo puede cobrar al consumidor final (por ejemplo, sobre el pan). Entonces, sus costos aumentan, según Hacienda.
En cuanto a los alquileres, Restauración pide elevar de ¢430.000 a ¢646.000 el monto mensual de los que estarían exentos en caso de familias y pequeñas y medianas empresas.
Por otra parte, en el tema de empleo público, el PRN propone pagar montos más altos de los que plantea Hacienda a los funcionarios nuevos, por dedicación exclusiva. Plantea un 40% para licenciados y un 15% para bachilleres, mientras el Gobierno pretende un 25% y un 10%, respectivamente.
Agua, luz y el Banco Popular
Otro de los puntos que el PRN pide negociar es la reducción del impuesto a los servicios de suministro de agua y de electricidad para consumo residencial.
La reforma fiscal propone aplicar el tributo cuando el consumo exceda los 250 kw/h –en el el caso de la luz–, y los 30 metros cúbicos –cuando se trate del vital líquido–.
No obstante, Restauración Nacional pide que no se grave el 100% de la tarifa, sino solo el excedente. Por ejemplo, que no se cobre el 13% sobre los 250 kw/h, sino, únicamente, sobre los kilovatios que se consuman de más.
"Lo que proponemos es que se grave lo que esté sobre el tope, no el 100% del consumo, porque es injusto para las familias que se pasen por uno o pocos kilovatios o metros cúbicos, que se les grave todo el consumo”, afirmó el diputado restauracionista Jonathan Prendas.
El proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas también propone un impuesto del 15% sobre las ganancias de las entidades financieras. No obstante, el PRN pide que, en el caso del Banco Popular, este sea solo de un 7%. Lo anterior debido a que “se trata del banco de los trabajadores”.
Asimismo, la fracción de Restauración Nacional solicita que no se tase con el IVA a las municipalidades.
"Gravar las gestiones de las municipalidades encarecería todos los trámites que cualquier persona haga; por ejemplo, la solicitud de permisos y el pago de impuestos municipales”, agregó Prendas.
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En un comunicado de prensa, los restauracionistas expusieron los demás cambios solicitados:
-Exoneración de los alquileres de microempresarios inscritos en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), así como a los arrendamientos de pequeños agricultores, inscritos en el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), cuando el pago renta sea igual o inferior, a 1,5 salarios base (¢646.000 mensuales).
-Exoneración de las primas de seguros personales, de riesgo de trabajo, agropecuarios y de viviendas de interés social; además de los servicios profesionales de ingeniería, arquitectura, topografía y construcción de obra civil para la construcción de viviendas de bienestar social.
-Exoneración de bienes y servicios adquiridos por las asociaciones de desarrollo para la realización de las obras comunales y bienes y servicios comprados o adquiridos por las Asociaciones Administradoras de los Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales en Costa Rica (Asadas).
-Exoneración de los servicios de transporte, mientras se trate de viajes especiales, traslado de estudiantes y turismo.
-Bajar monto de tarifas reducidas del IVA: del 4% al 3% para servicios de ingeniería, arquitectura, topografía y construcción de obra civil, así como para los servicios turísticos inscritos ante el ICT; y del 2% al 1% para los servicios utilizados en la producción de productos agropecuarios, agroindustriales, acuicultura y pesca no deportiva.
-Para las cooperativas y asociaciones solidaristas, respecto al impuesto de renta: tarifa del 5% sobre el 100% de los excedentes o utilidades pagado por asociaciones solidaristas, cooperativas u otras similares a sus asociados; tarifa del 0% sobre los rendimientos de los ahorros efectuados por los asociados de las cooperativas de ahorro y crédito y de las asociaciones; tarifa 0% sobre los excedentes pagados por asociaciones solidaristas, cooperativas u otras similares a sus asociados.
-Tarifa del impuesto de renta del 7% para los títulos emitidos por las cooperativas de ahorro y crédito, y los rendimientos generados por títulos valores en moneda nacional emitidos por el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, y el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, al amparo de la Ley No. 7052.
-Para las sociedades con una renta bruta superior superior a los ¢106 millones, subir el impuesto de renta de un 30% a un 36% en forma escalonada según los ingresos.
-Sobre empleo público, para nuevos trabajadores, propone aumentar los porcentajes que se pagarían por dedicación exclusiva y prohibición. Para el primero, propone un 40% para licenciados y un 15% para bachilleres. Hacienda, en cambio, propone un 25% y un 10%.
En el caso caso de prohibición, el PRN propone 45% y 20%, mientras que el Ejecutivo, 30% y 15%.