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Varios exdiputados acudieron a la Sala IV para exigir que se les devuelva el privilegio que, durante décadas, les aumentó en un 30% el monto de sus pensiones de lujo cada año.
Ese beneficio les fue retirado en el 2016, cuando el Congreso aprobó una reforma para ahorrar dinero en las jubilaciones pagadas por el Gobierno. En su lugar, se les concedieron aumentos por costo de vida.
Si el tribunal constitucional declarara con lugar el reclamo de los exlegisladores, estas jubilaciones tendrían un incremento estrepitoso en poco tiempo: una pensión de ¢8,1 millones subiría a ¢30 millones en solo cinco años, por ejemplo.
A raíz de la reforma del 2016, la Sala IV recibió 42 acciones de inconstitucionalidad presentadas por 51 personas, de las cuales 34 son exdiputados (tres ya fallecidos).
Algunos reclamaron específicamente que se les restituyera el 30% de aumento anual, otros no, pero los magistrados decidieron agrupar todas las acciones en una sola en la que decidirán si restituyen ese mecanismo de alza.
Junto a los exlegisladores, también acudieron al tribunal al menos tres herederos de pensiones de excongresistas (viudas o hijos) y otras 14 personas cuya relación este medio no pudo precisar (cinco ya fallecidos).
Se trata de pensiones que oscilan entre los ¢3,1 millones y los ¢8,1 millones brutos, las cuales se cargan al Presupuesto Nacional; es decir, las pagan los contribuyentes con sus impuestos.
La más antigua data desde el año 1983. Está en manos de Mario Rivas, exlegislador de Coalición Unidad, y tiene un monto bruto de ¢6,5 millones.
De diversos partidos
Los exdiputados que acudieron a la Sala IV militaron en ocho partidos políticos, algunos ya extintos.
La mayoría de los accionantes proviene de Liberación Nacional (PLN), con 14 exdiputados que reclaman el reintegro del 30%.
Le siguen Coalición Unidad, con siete; Unión Nacional, con dos; Pueblo Unido, con dos; Republicano, también con dos; Demócrata, con otros dos, así Unificación Nacional y Unidad Socialcristiana (PUSC) con uno cada uno.
La información la obtuvo La Nación luego de hacer un cruce entre las bases de datos de pensionados de lujo, del régimen de Gobierno, y un reporte sobre las acciones de inconstitucionalidad presentadas ante la Sala IV.
Los reclamos entraron entre abril y agosto del 2017.
Solo las pensiones de 31 exdiputados cuestan ¢230 millones brutos y ¢104 millones netos.
CONSULTE LA BASE DE DATOS DE LOS RECURRENTES
¿Quiénes reclaman?
Dos de los exdiputados que interpusieron las acciones de inconstitucionalidad son Guillermo Villalobos Arce y Juan Rafael Rodríguez Calvo, quienes ostentan las dos pensiones más caras de la lista (¢8,1 millones, en monto bruto).
Villalobos Arce fue diputado en dos ocasiones. Primero entre 1958 y1962, durante la administración de Mario Echandi, por el oficialista Partido Unión Nacional. Luego, de 1974 a 1978 por el Partido Unificación Nacional, en el gobierno del liberacionista Daniel Oduber.
La Nación intentó comunicarse con él, pero no fue posible localizarlo.
Por su parte, Rodríguez Calvo fungió como legislador con el Partido Coalición Unidad entre 1982 y 1986, durante la presidencia del iberacionista Luis Alberto Monge.
Según el exdiputado, él no accionó para que se le devuelva el 30% del aumento en su pensión, sino porque con la reforma del 2016, el monto de su jubilación bajó considerablemente.
“En ningún momento fue por el 30%. Fue porque me rebajaron la pensión por otras razones. Siempre ha dicho la Sala IV que no se pueden pasar del 50% (de los recortes en las pensiones de lujo) y llegaron al 60% (con los rebajos a la jubilación de él)”, comentó Rodríguez.
La pensión de este excongresista es de ¢8,1 millones brutos y, con los rebajos, queda en ¢3,6 millones.
La ley actual permite recortar hasta en un 55% las pensiones de lujo.
Quien interpuso la primera acción para volver a recibir el 30% fue Rogelio Ramos Valverde, diputado del Partido Republicano entre 1962 y 1966.
“Las razones invocadas están en el recurso… Yo había planteado eso en razón del Estado de derecho en el que vivimos y respetaría el fallo que, al final, decida la Sala Constitucional”, respondió Ramos a La Nación.
¿Cómo nació ese 30%?
El incremento anual del 30% fue creado el 5 de noviembre de 1985 durante el gobierno de Luis Alberto Monge con la Ley 7007, Reforma a la Ley de Pensiones de Hacienda.
En 1992, con la la Ley de creación del Régimen General de Pensiones con Cargo al Presupuesto Nacional (7302), cambió el sistema de crecimiento de esas jubilaciones. Ya el aumento no sería de un 30%, sino que se les aplicaría el mismo que a los empleados públicos por costo de vida.
No obstante, un recurso de amparo presentado en contra de esa reforma, hizo que la Sala IV les devolviera el privilegio a los excongresistas en 1993 (voto 5817-93) porque lo reclamaron como un derecho adquirido, explicó el Director Nacional de Pensiones, Luis Paulino Mora.
En aquella ocasión, los magistrados sentenciaron: “Simultáneamente con el derecho a la pensión, se adquieren simultáneamente los beneficios que el régimen específico establezca: por ejemplo, el beneficio a que el monto de la pensión aumente año a año. Este beneficio no es una mera expectativa de derecho para quienes se jubilan cuando el beneficio está previsto, sino que es parte del derecho que han adquirido, y como derecho adquirido que es, resulta intangible para la ley posterior que, en consecuencia, no puede válidamente suprimirlo, aunque sí puede mejorarlo”.
Posteriormente, se impuso un tope igual al salario de un diputado, que hoy es de ¢4 millones, pero este solo rige para algunos exlegisladores.
23 años más tarde, en el 2016, el jugoso aumento volvió a quedar sin efecto en la Asamblea y, otra vez, la Sala Constitucional tendrá que juzgar de nuevo sobre el tema.
Impactados por el tope de ¢2,7 millones
Del total de demandantes que reciben una pensión, nueve se verán impactados por el tope de ¢2,7 millones que acaba de avalar la Sala Constitucional para las pensiones otorgadas después de 1998.
Seis de ellos son los exdiputados Ginny González Pacheco (Partido Demócrata), Javier Solís Herrera (Pueblo Unido), Zaira Rosa Herrera Araya (Coalición Unidad), Ovidio Antonio Pachecho Salazar (Partido Unidad Social Cristiana, PUSC), Édgar Ugalde Álvarez y Manuel Antonio González Flores (ambos del PLN).
Lo que se pide abolir
En las acciones, además de que se les reintegre el aumento del 30%, los accionantes reclaman que se deroguen varios artículos que reformaron los regímenes de pensiones en el 2016 y, los cuales, supusieron recortes en sus jubilaciones de lujo.
Contribución. Por ejemplo, piden que se declare inconstitucional la contribución solidaria que se le impone a las pensiones superiores a ¢2,7 millones, la cual se cobra sobre el monto que se exceda a partir de esa cifra. Ese aporte oscila entre un 25% y un 75%: mientras más alta es la pensión, mayor es el rebajo.
Alza en cotización. También objetan el incremento de un 7% a un 9% para la cotización que deben pagar los pensionados de lujo, así como la posibilidad de que suba hasta un 16% si un estudio técnico lo recomienda.
Ajustes por costo de vida. Asimismo, están en contra de la decisión de otorgar incrementos solo por ajustes en el costo de la vida, como se les realizan aumentos a los empleados públicos.
Herencias. Adicionalmente, se manifiestan en contra de la decisión de solo conservar las herencias de pensiones a los hijos o hijas de exbeneficiarios con 65 años o más, y de caducar las de huérfanos mayores de 25 años, normalmente hijas de exdiputados.
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