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La exministra de Planificación, Olga Martha Sánchez Oviedo, considera injusto tener que devolverle ¢28 millones al Estado por haber recibido un sobresueldo calificado como indebido durante el gobierno de Luis Guillermo Solís (2014-2018).
Ella acudió a los tribunales de justicia para defender ese pago, según reportó el medio digital CRHoy.
Durante un periodo de tres años como ministra, Sánchez recibió un total de ¢28,2 millones por concepto de un plus conocido como prohibición, a pesar de que no cumplía con el requisito de estar incorporada al Colegio de Profesionales en Sociología o al Ciencias Económicas, pues ella es socióloga y tiene un doctorado en Economía.
La prohibición se le paga a los jerarcas para que no ejerzan su profesión libremente, sino que se dediquen de lleno al Estado. Según la Procuraduría General, para pagar es indispensable que el funcionario esté incorporado a su respectivo colegio profesional en los casos en que es obligatorio para ejercer.
Este mediodía, la exministra le dijo a CRHoy que no logró un acuerdo con el Ministerio de Planificación (Mideplan) para devolver el dinero, por considerarlo sin condiciones de “proporcionalidad, ni racionalidad”.
El caso se agotó en Mideplán y pasó a la Unidad de Recuperación del Ministerio de Hacienda, la caja encargada de cobrar este dinero en representación del Estado.
“Con el Ministerio de Hacienda estamos en un proceso judicial”, confirmó la exjerarca.
El argumento de la exministra es que ella debió renunciar a una pensión que recibía al momento de asumir como ministra, cuyo monto era similar a su sueldo mensual como jerarca de Planificación.
“Ahí hay una condición diferente que no fue analizada en mi caso y, por eso, es importante que esto sea una instancia judicial que lo resuelva porque mi caso era absolutamente distinto al del resto de las personas” que recibieron sobresueldo y reintegraron el dinero al Estado, añadió Sánchez.
A Sánchez le giraron ¢778.000 mensuales por concepto de prohibición.
La actual ministra de Planificación, Pilar Garrido, declaró a La Nación que Mideplán había remitido el cobro a la exministra Sánchez pero ella no aceptó pagarlo. Por lo tanto, el caso fue remitido a Hacienda.
“(Sánchez) nos mandó un documento en el que señalaba que tal vez había vicios de constitucionalidad porque era muy agresivo el monto que se le estaba pidiendo devolver. Sentía sus derechos vulnerados”, explicó Garrido.
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“Yo lucho porque haya una justicia. Lo importante es que se aclare que ante una situación que yo no provoqué, que fue absolutamente ajena a mi voluntad y que me ofrecieron y me dijeron que esa era la condición que yo tenía, yo renuncié a un derecho que equivalía en términos cuantitativos al salario que se me dio”, señaló la ex ministra.
Tres casos anteriores que cancelaron deuda
Tres ex viceministras de la administración Solís negociaron con el gobierno la devolución de incentivos que recibieron fuera de la legalidad.
Carmen Muñoz, viceministra de Gobernación, canceló en setiembre del año pasado ¢11 millones que hasta mediados del 2015 recibió en pluses indebidos.
Un segundo caso fue el de Ana Cristina Trejos, viceministra de Vivienda del gobierno anterior, quien logró un acuerdo en diciembre de 2016 para cancelar ¢8 millones también recibidos en pluses ilegales.
El tercer caso fue el de la viceministra de la Presidencia, Ana Gabriel Zúñiga. Ella devolvió ¢28 millones el pasado 23 de febrero.
