La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica (UCR) descarta que la reforma fiscal que adversan los sindicatos vaya a provocar empobrecimiento entre la población.

Según los académicos de esa escuela, es “falso” que el proyecto de Ley de Fortalecimiento de la Finanzas Públicas que impulsa el Gobierno vaya a perjudicar económicamente a los trabajadores.

Ese es, precisamente, uno de los argumentos más utilizados por los líderes gremiales que llamaron a una huelga en el sector público que este sábado cumplió 13 días.

“No es correcto indicar, como lo han hecho algunos activistas sindicales, que la propuesta genera un empobrecimiento de toda la clase trabajadora, dado que establece un impuesto de solamente el 1% sobre la canasta básica.

"Los sectores más vulnerables de la población podrán verse afectados, pero el texto incluye la creación de un mecanismo de devolución a estos sectores, con lo que se mitiga un eventual impacto”, se lee en el pronunciamiento, con fecha de este viernes 21 de setiembre y firmado por el decano de la Facultad, Carlos Palma Rodríguez.

En un principio, la comisión especial de reforma fiscal de la Asamblea aprobó una moción para eliminar el cobro de un 1% del impuesto al valor agregado (IVA) a la canasta básica.

Sin embargo, diputados de los partidos Acción Ciudadana (PAC), Unidad Social Cristiana (PUSC) y Liberación Nacional (PLN) llegaron a un acuerdo con el Gobierno para restablecer el gravamen sobre la canasta básica a cambio de que parte del dinero que se recaudará con ese impuesto se destine al otorgamiento de pensiones del Régimen no Contributivo (RNC).

Este régimen carga al Presupuesto Nacional un giro máximo de ¢78.000 mensualespara adultos mayores en condición de pobreza.

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El acuerdo entre los diputados y el Gobierno es que el 15% de la reaudación del IVA (unos ¢4.350 millones anuales) se destine a financiar dichos subsidios. El monto alcanzará para otorgar 3.500 pensiones nuevas del RNC.

Niega impacto en salarios

En su pronunciamiento, la Facultad de Ciencias Económicas de la UCR también desmintió la afirmación de los sindicatos de que el plan fiscal afectaría los sueldos de los empleados estatales. “Los otros elementos que inciden en el salario del sector público, solo afectan el crecimiento de los pluses salariales y no el nivel de salarios”, se lee en el documento.

La Facultad, además, reconoció la gravedad de la situación fiscal y la urgencia de que el país cuente con una reforma que resuelva el problema.

Para lograr ese objetivo, la escuela defiende la misma fórmula que propone el plan fiscal: “Se necesitan tanto medidas que aumenten los ingresos, como medidas que reduzcan el crecimiento del gasto”.

La reforma fiscal impactaría el déficit fiscal en un 3,5% del producto interno bruto (PIB), cifra que sería suficiente para que el Gobierno Central pueda reducir a la mitad la brecha entre sus ingresos y gastos. Esa diferencia podría cerrar en más de un 7% del PIB en diciembre de este año, según estimaciones del Banco Central de Costa Rica (BCCR).

“Entre más tardemos en solucionar este problema, mayor será la porción del ajuste que tendrá que venir por la vía de reducción del gasto y más dolorosas serán las consecuencias para la sociedad costarricense”, advirtieron los académicos.

“Protegiendo a los sectores más vulnerables, es preciso reconocer que todos los demás sectores deberemos contribuir con una reforma, tanto por el establecimiento de mayores cargas tributarias como por limitaciones de beneficios por el lado del gasto. No actuar de forma responsable y urgente tendría consecuencias mucho más graves para el país y para la propia Universidad”, manifestaron.

Y agregaron que el país está a tiempo de hacer un ajuste fiscal de forma racional y planificada lo cual evitaría “graves impactos regresivos”, mientras que, en caso de postergarse la reforma, advierten que el panorama que enfrentaría Costa Rica, ya en medio del estallido de una crisis financiera, afectaría más a los sectores más débiles, aumentando la desigualdad.

No apoyan la huelga

La Facultad de Economía también expresó su rechazo a la huelga en contra del plan fiscal, así como a las acciones que han ejecutado los huelguistas, como los bloqueos, el vandalismo contra activos del Estado y el perjuicio causado a la población en general.

Según los académicos del área económica, el país ha sufrido pérdidas multimillonarias por el freno a la producción, exportaciones, la interrupción de servicios públicos en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), la afectación a la educación pública, y por el alargamiento de los tiempos de traslado para los estudiantes, los trabajadores y los turistas.

De igual manera, abogaron por la apertura de espacios de diálogo que promuevan una reforma fiscal “pronta, equitativa y progresiva”.

“La Facultad de Ciencias Económicas, se mantendrá trabajando normalmente, haciendo votos por una pronta recuperación de las actividades económicas y sociales del país”, comunicaron al resto de la comunidad universitaria.

La posición de la Facultad sobre la reforma fiscal y la huelga se distancia de la que defienden las autoridades de la UCR. El rector de esa casa de estudios superiores, Henning Jensen, incluso participó, el pasado 10 de setiembre, en una de las marchas a las que convocaron los sindicalistas.

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Y este viernes, el Consejo Universitario acordó hacer un llamado a la comunidad universitaria para que realice un “paro activo” de la UCR en oposición al plan fiscal por considerar que están ausentes elementos como la renta mundial, el impuesto a los “grandes capitales” que, según afirman, tendrían un impacto negativo en la recaudación del IVA.

El proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas ya avanzó hacia su trámite final en el plenario de la Asamblea Legislativa, pero aún está lejos de su votación en primer debate. La propuesta de ley está en este momento en una pausa de su trámite mientras la Presidencia del Directorio ordena y revisa las 373 mociones de fondo que presentaron los diputados para intentar realizarle cambios al texto de la propuesta.

Ahora, la presidenta legislativa, Carolina Hidalgo, deberá emitir una resolución en la que aceptará o rechazará las mociones para su debate en el plenario. Se espera que la jerarca del Congreso dé ese paso durante los primeros días de la semana entrante.

Asimismo, está pendiente que varias instituciones envíen al Congreso, por escrito, sus criterios sobre el texto del proyecto de ley, proceso que también alargará varios días el trámite.