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El gobierno de Luis Guillermo Solís disimuló el tamaño real de la deuda pública que el país debía pagar este año a sus acreedores. Conocía la situación, tanto así que movió dinero de un lado a otro para tratar de tapar una de las goteras. No obstante, no le informó a la Asamblea Legislativa la situación y le dejó a la administración actual un gigantesco hueco en el Presupuesto.
El faltante es de casi ¢800.000 millones a causa de dos grandes problemas.
Canjes de deuda
El año pasado, el Ministerio de Hacienda presupuestó ¢1,6 billones para pagar amortizaciones de deuda pública en el 2018, es decir, para devolver a los inversionistas el capital que le prestaron al Gobierno mediante la compra de bonos que están por vencer.
No obstante, el monto estaba subestimado. En realidad, la partida debió ser de ¢1,9 billones. La administración Solís asumió que el pago de los ¢300.000 millones restantes los podría sortear mediante canjes de deuda.
El canje de deuda consiste en cambiar a inversionistas títulos a punto de vencer por unos nuevos de largo plazo, con lo que se posterga la devolución inmediata del capital, en el entendido de que el Gobierno les pagará intereses por un tiempo más. Ese es un supuesto que no suele incluirse en el Presupuesto Nacional, pues se trata de una expectativa.
El propio plan de gastos aprobado por la Asamblea dice: "La estimación de esta partida involucra el servicio a ejecutar por las colocaciones de títulos valores vigentes al cierre del año 2017, cuyo vencimiento ocurre durante el periodo 2018, monto que presenta una reducción de ¢300.000 millones considerando el efecto de posibles canjes a realizar en el período 2018".
Con ese supuesto, se produjo el primer gran problema, pues esos canjes de deuda no se concretaron.
Un reporte de la Contraloría General de la República confirma que, durante el primer semestre de 2018, “no se logró cumplir con la meta de canjes de deuda”.
Bonos de corto plazo
El segundo problema fue el siguiente.
Los ¢1,6 billones aprobados por el Congreso para amortizar deuda se distribuían de la siguiente forma:
-Poco más de ¢1 billón para deuda de largo plazo
-¢447.000 millones para deuda de corto plazo
-¢62.000 millones para deuda externa.
Así quedó autorizado en el Presupuesto Nacional del 2018.
No obstante, el monto estimado para la deuda de corto plazo estuvo muy por debajo de la realidad. Para calcular la cifra, el gobierno debía sumar los bonos de corto plazo colocados en el primer semestre del 2017, con vencimiento en el 2018, más los que estimaba colocar en el segundo semestre.
Hacienda estimó colocar ¢292.000 millones en la segunda parte del año pasado, pero la realidad fue esta: en el segundo semestre del año pasado, el Ejecutivo colocó ¢772.000 millones en bonos de corto plazo debido a que los inversionistas le huyeron a los bonos de largo plazo del Gobierno.
La cifra se excedió en ¢480.000 millones, producto de colocaciones hechas en el último trimestre del 2017, las cuales vencían en los primeros meses del 2018.
Esto significa que, para inicios de este año, el gobierno anterior ya tenía dos cosas claras: un desbalance de al menos ¢480.000 millones en el presupuesto para pagar amortizaciones de corto plazo y el hueco de ¢300.000 millones producto del fracaso del canje de deuda.
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El movimiento de dinero
La situación ameritaba la presentación de un presupuesto extraordinario a principios del 2018, con el objetivo de obtener autorización del Congreso para cubrir el faltante.
Sin embargo, en lugar de hacerlo, el Ministerio de Hacienda emitió el decreto 40995 el 14 de marzo del 2018, el cual rebajó la partida de amortizaciones de largo plazo en ¢413.000 millones, a fin de destinarlos al pago de deudas de corto plazo.
Al hacer esa modificación, el gobierno de Solís dejó descubierta la partida para pagar las amortizaciones de largo plazo que se debían cancelar en el segundo semestre de este año.
Eso explica por qué la administración actual debió cancelar unos ¢134.000 millones en bonos de largo plazo sin contenido presupuestario, cifra reseñada por la Contraloría General.
A la vez, el gobierno anterior continuó asumiendo que los canjes de deuda se realizarían, pero estos solo alcanzaron los ¢88.000 millones.
Del archivo:
Para este reportaje, este medio procuró obtener una versión del exministro de Hacienda, Helio Fallas. Se le intentó consultar incluso a través del exministro de Comunicación, Mauricio Herrera, pero no fue posible.
Apenas en enero del 2018, Hacienda ya había consumido un 77% de la partida para amortizar deuda de corto plazo, agregó la contralora general, Marta Acosta, en un informe a los diputados. Esa cifra subió a un 90% en junio.
El pasado 31 de julio, el Ministerio de Hacienda solicitó a la Asamblea autorización para incrementar el pago de deuda en ¢600.000 millones.
La Contraloría afirmó al respecto: “Incluso se prevé la presentación de un segundo presupuesto extraordinario con el fin de suplir la menor recaudación esperada de ingresos corrientes en el 2018 en comparación con el monto actualmente presupuestado, recaudación de menos que esta Contraloría estima en el orden de los ¢335.000 millones, producto de una menor actividad económica esperada y de un menor rendimiento tributario interno de los principales sectores económicos. Como se aprecia, el país está inmerso en un círculo perverso en materia fiscal”, añadió la institución.
