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Para evitar un “desbarajuste” en la economía del país, el Gobierno recurrió a un polémico salvamento del Banco Central a fin de pagar sus gastos durante el tercer trimestre del 2018, lo que incluye salarios, ayudas sociales y deuda pública. El salvavidas es de casi ¢500.000 millones.
La situación obedece a que, debido al empeoramiento del déficit fiscal, el mercado elevó las tasas de interés que le cobra al Ministerio de Hacienda por prestarle dinero mediante la compra de bonos de deuda soberana.
En otras palabras, conforme se ensancha el exceso de gastos frente a los ingresos, al Gobierno le cobran cada vez más caro por facilitarle recursos. Y, si el Ejecutivo accede a pagar altas tasas, estas subirán para todo aquel que haya adquirido un préstamo, sea para comprar casa, carro o desarrollar una empresa, tanto en colones como en dólares.
Cercado por el estrechamiento fiscal, Hacienda le solicitó entonces al Banco Central de Costa Rica (BCCR) activar un mecanismo excepcional establecido en la Ley orgánica de esta entidad.
Se trata de la compra de “letras del tesoro”, sistema que no se utiliza desde 1994 y que el expresidente Rodrigo Carazo utilizó durante la crisis de los 80.
Así lo anunciaron la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, y el presidente del BCCR, Rodrigo Cubero.
¿Qué son las letras del tesoro?
Las letras del tesoro son préstamos temporales que el Banco Central le hace al Poder Ejecutivo para ayudar a financiar el desbalance entre ingresos y gastos, explicó el exministro de Hacienda, Thelmo Vargas.
Esta es una medida extraordinaria. En este caso, se otorga un plazo de 90 días para que Hacienda le devuelva el dinero al BCCR.
El mecanismo está establecido en el artículo 52 de la Ley Orgánica del Banco Central, el cual le permite al BCCR comprar letras del tesoro emitidas por Hacienda únicamente en colones y con una tasa de interés que no puede ser inferior a la tasa básica pasiva, que actualmente está en 5,75%.
Esa fue precisamente la tasa pactada para esta operación, la cual está muy por debajo, por ejemplo, de la tasa del 9,20% que tuvo que aceptar Hacienda el 13 de agosto cuando el Banco de Costa Rica (BCR) y el Instituto Nacional de Seguros (INS) le compraron ¢60.690 millones en bonos que vencen en el 2021.
En otras palabras, con este salvamento, el Banco Central financiará temporalmente el déficit fiscal.
¿De dónde sale el dinero?
¿Y de dónde obtendrá el BCCR los recursos? Técnicamente, creará dinero, hará emisiones de dinero, afirmó Rodrigo Cubero.
Pese a ello, el jerarca de la política monetaria dijo tener certeza de que la medida no provocará un aumento en el costo de la vida, es decir, en la inflación. Aseguró que el mecanismo, más bien, protege la inversión, el crecimiento económico, el consumo y el empleo.
Los expresidentes del Central, Eduardo Lizano y Rodrigo Bolaños, coincidieron en que no habrá un efecto inflacionario porque la operación es de solo 90 días.
No obstante, el exministro de Hacienda, Thelmo Vargas, explicó que el BCCR lo que hará es “lanzar colones a la calle” y, si estos no son recogidos y pagados pronto, sí habrá un efecto inflacionario.
Vargas agregó que la medida depende en mucho de la aprobación de la reforma fiscal porque, si esta es aprobada en octubre, Hacienda podría regresar al mercado a buscar dinero en mejores condiciones.
Sin embargo, esi eso no ocurre, el mecanismo solo patearía la bola hacia adelante: “Estamos frente a una acción de cortisimo plazo que sería positiva sólo si la reforma fiscal se da pronto y en la magnitud requerida (que entre recorte de gasto y aumento de impuestos se llegue al 4,5% del PIB)”.
Por su lado, según el presidente del Central, esta vía presiona menos las tasas de interés en el mercado, por lo que se mantiene la meta de inflación del 2018, que oscila entre 2% y 4%.
“No esperamos ningún impacto inflacionario porque es una medida absolutamente temporal y se reversa en el plazo de 90 días”, afirmó.
¿Cómo pagará Hacienda
La ministra de Hacienda señaló las siguientes fuentes de financiamiento para pagarle al BCCR:
-¢134.000 millones que Hacienda había invertido en Bancrédito y que se le devolverán con la fusión de este banco con el BCR
-La colocación hasta de $800 millones (¢468.000 millones) en bonos de deuda interna en el mercado exterior a través de los bancos, operación que ya autorizó la Contraloría General de la República
La jerarca aseguró que el gobierno podrá honrar la deuda y que las probabilidades de que todos los respaldos fallen son “bajísimas”.
Evitar el ‘desbarajuste’
Rocío Aguilar negó que existan problemas de liquidez o de disposición de inversionistas a comprar bonos de deuda pública costarricense.
La jerarca insistió en que lo que surgieron fueron dificultades en las tasas.
Los inversionistas empezaron a preferir los bonos de corto plazo, los cuales exigen pagar el dinero prestado en menos de un año. Además, cobraban tasas de interés más altas, debido al riesgo que conlleva el empeoramiento del déficit fiscal del Gobierno.
La ministra explicó que, si se seguía insistiendo en la búsqueda de recursos en el mercado interno, se iba a provocar un “desbarajuste” en las tasas de interés.
“No es un tema que de ya no quieran comprar, es un tema de a qué tasa y a qué plazo quieren comprar”, explicó la jerarca.
Aguilar añadió que el objetivo de la medida es lograr un mayor orden financiero en la siguientes semanas y meses mientras se aprueba la reforma fiscal.
El presidente Carlos Alvarado, a su vez, afirmó que la aprobación de la reforma es imprescindible para el mes de octubre.
En su criterio, sería peor seguir buscando recursos, mediante la colocación de bonos de deuda interna, en un mercado interno con condiciones tan desfavorables.
“No es que decimos que no hay financiamiento. Sí hay”, dijo Cubero. En tanto, Aguilar aseguró: “No hemos tenido problemas para acceder a los fondos”.
La Ley Orgánica del Banco Central establece que la entidad debe aprobar la compra de deuda a Hacienda con el apoyo cinco de los siete miembros de la Junta Directiva. Esta emisión fue aprobada este martes por unanimidad.
“El Banco Central deberá informar a la Asamblea Legislativa, al día siguiente de tomarse el acuerdo, cada vez que compre letras del tesoro”, se detalla en la ley.
Las circunstancias
El uso del mecanismo surgen en momentos en que la economía se desacelera y se reduce la recaudación de impuestos.
Mensualmente, lo gastos del Poder Ejecutivo rondan entre los ¢450.000 millones y ¢500.000 millones, muestran los datos de Hacienda.
La mitad de ese gasto se destina a transferencias a instituciones del resto del sector público y el 40% al pago de la planilla del Gobierno.
El deterioro fiscal del Gobierno Central ha generado, en los últimos años, que se estreche cada vez más la estructura de la deuda pública y acuda con más regularidad a la emisión de deuda de corto plazo.
Prácticamente, la mitad de los gastos se financian mediante endeudamiento.
El porcentaje de deuda interna de corto plazo, la que se debe pagar en menos de un año, pasó de 15% a un 18% del total entre el 2016 y el 2017. Además, la parte a tasa variable subió de un 12,3% a un 20,1% en el mismo periodo y, el porcentaje en dólares, escaló del 19,3% al 24,1%.
Esta desmejora hace que el Gobierno tenga una gran presión por buscar nuevos préstamos para pagar los que se vencen y lo expone a mayores gastos ante aumentos en las tasas de interés y el tipo de cambio.
El 17 de setiembre, Hacienda hizo una subasta de bonos de deuda pública, para captar recursos. Sin embargo, de siete series de bonos que salieron a concurso, tres se declararon desiertas.
Para el 24 de setiembre, estaba prevista otra subasta.
La premonición de un banco londinense
El lunes de la semana anterior, el banco londinense Barclays emitió una nota en la que recomendó a sus inversionistas deshacerse de sus inversiones en bonos de Costa Rica, y trasladarlas a títulos de El Salvador.
La entidad financiera fue directa con sus inversionistas: les indicó que el país se encuentra en una posición “vulnerable”, y que las posibilidades de darle un respiro a la economía local a través de la aprobación de una reforma fiscal son cada vez más escasas.
“Las expectativas iniciales de que el nuevo gobierno de Costa Rica, liderado por Carlos Alvarado, pudiera apresurar el plan fiscal se desvanecen, y la reforma está siendo debilitada. De hecho, incluso si la reforma se aprueba en su versión actual, el camino fiscal seguiría siendo retador”, dijo el comunicado del banco.
La entidad destaca los siguientes factores de riesgo:
*Al inicio del trámite legislativo, el gobierno estimaba que la reforma podría generarle a Costa Rica recursos frescos equivalentes al 1,9% del PIB, principalmente a través de la transformación del impuesto de ventas al Impuesto al Valor Agregado (IVA). Sin embargo, luego de las distintas modificaciones, la expectativa de recaudación cayó hasta un 1,1%.
Con el texto vigente, se espera que la reforma genere recursos hasta un 1,4%. No obstante, Barclays advierte de que incluso si el gobierno logra que el proyecto recupere músculo, las expectativas de que la reforma se apruebe en los próximos meses siguen cayendo,
*Barclays advierte de que la aprobación de la reforma fiscal no es garanía de que se pueda estabilizar la deuda pública. La entidad bancaria señala que las dificultades del Ejecutivo iniciaron en mayo, cuando los partidos de oposición del Congreso pidieron hacerle nuevas enmiendas al proyecto de ley. Además, rechazaron el primer texto sustitutivo que les envió para consideración el Ministerio de Hacienda.
El banco señala la sustancial pérdida de recursos que implicó la exención de la educación privada. También habla sobre la exoneración que se aprobó inicialmente sobre los bienes de canasta básica, aunque Casa Presidencial sí consiguió recuperar ese gravamen, con una tarifa reducida al mínimo: de un 1%.
*Barclays subraya que el Partido Restauración Nacional (PRN), el que mayor oposición ha expresado contra la reforma fiscal, cuenta con 14 de los 57 votos del Poder Legislativo.
*El banco subraya la afectación a la prestación de servicios públicos que ha causado la huelga general que sostienen los sindicatos públicos desde el 10 de setiembre.
*La entidad señala el riesgo creciente de que la votación de la reforma fiscal pueda aplazarse hasta el próximo año. “Otro gran riesgo es el de que el gobierno pueda aceptar una versión debilitada del plan fiscal, con tal de conseguir que algo se apruebe este año y así poder acceder a mercados internacionales en el 2018, o a potenciales préstamos con el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. En cualquier caso, la persistente vulnerabilidad de las cuentas fiscales aparentemente seguirán poniendo presión sobre el presidente Alvarado”, reseña Barclays.
*El banco anota, además, el presupuesto extraordinario por ¢600.000 millones que presentó el Ministerio de Hacienda a finales de julio, para poder hacerle frente a un hueco presupuestario que dejó el gobierno de Luis Guillermo Solís cuando se elaboró el presupuesto nacional del año 2018.0..
