El Gobierno y las fracciones legislativas se fueron a encerrona para negociar las mociones del plan fiscal, este lunes, antes de definir cuál será el futuro de la reforma fiscal, si se puede restablecer el IVA a los bienes de la canasta básica o si se impone la intención, de varios partidos, de dejarla exenta.

Apenas iniciada la sesión de la Comisión de Reforma Fiscal, el presidente del foro, el oficialista Welmer Ramos, anunció una moción negociada entre los nueve miembros de ese foro para levantar e irse a reunión con el ministro de la Presidencia, Rodolfo Piza, y con las autoridades del Ministerio de Hacienda.

“El gobierno tiene la voluntad de negociar con las distintas fracciones legislativas para encontrar un texto común que sea suficiente para garantizar y evitar que este país entre en una muy seria crisis económica”, dijo Piza una vez que la sesión fue suspendida.

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Esa suficiencia de la que habla el ministro de la Presidencia ya está amenazada, según explicó la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, quien detalló que cada uno de los golpes dados por los legisladores, sobre todo el del impuesto al valor agregado (IVA) sobre canasta básica, han carcomido el proyecto al punto de que ya no sería suficiente para enfrentar los problemas financieros del Estado.

Los mordiscos que ya le dieron los legisladores al plan fiscal le han minado hasta ¢197.000 millones a la previsión de ingresos por el plan fiscal que tenía el Ministerio de Hacienda, o sea, casi un 35%. Ahora, la previsión de ingresos solo alcanza a un 1,12% del producto interno bruto (PIB), que serían ¢365.000 millones y no los ¢562.000 millones iniciales (un 1,72% del PIB).

No obstante, Piza cree que queda un camino de conversaciones, “revisar los números, que los diputados puedan revisar por qué razones sustentadas conviene tener el 1% del IVA para toda la cadena agropecuaria, por qué es integral para los insumos y por qué a los consumidores y agricultores les puede servir esa fórmula”.

Esos números hay que hacerlos, conversarlos, oírlos, dijo el ministro de la Presidencia, quien alegó que el Gobierno está en disposición de sentarse a encontrar una fórmula viable y conveniente para el país con las fracciones políticas.

El problema que afronta el Poder Ejecutivo en la negociación es la negación que, de plano, hace uno de los tres liberacionistas de la Comisión de Reforma Fiscal, Gustavo Viales, quien se niega a apoyar el restablecimiento del impuesto a los bienes de canasta básica y, más bien, amenaza con darle el voto a mociones que eximirían a toda la cadena agropecuaria del impuesto.

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“Estamos valorando cuáles son las otras mociones que están pidiendo sectores como Cacia (Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria), donde en una nota explica que si se exoneró la canasta básica, se pueda más bien exonerar todos los insumos de la cadena. Esas son las mociones que vamos a revisar”, afirmó Viales.

Además, no mostró apertura a que se apruebe alguna de las mociones del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) para restablecer un impuesto a la canasta básica, pero con una tarifa del 1%.

Los golpes que han carcomido el proyecto son, según el Ministerio de Hacienda, principalmente las mociones para eliminar el IVA a la canasta básica y sobre la educación privada, así como una moción de Restauración Nacional que también daría problemas para cobrar ese impuesto sobre las medicinas.

Sector agro dividido: voceros piden IVA para canasta, otros grupos no

Antes de encerrarse en reunión directa con los diputados, el Gobierno y varios legisladores recibieron a voceros de la Alianza Nacional Agropecuaria (ANA), quienes alegan que la eliminación del IVA para los bienes de la canasta básica, tanto la tasa general del 2% como la específica del 1% para los bienes agropecuarios, resulta una lesión para el sector.

En la cita participaron Guido Vargas, de la Unión de Pequeños Productores Agropecuarios Costarricenses (UPA Nacional), y Juan Rafael Lizano, de la Cámara Nacional de la Agricultura y la Agroindustria (CNAA).

“El problema de fondo es que hubo una negociación de muchos meses, quizá años, logramos llegar al 1% y ahora se regresa al 13% para materias primas, que eso nos afecta. Vuelve a pasar del 1% al 13%. Eso afecta totalmente al sector productivo", explicó Vargas.

Lizano reiteró la larga negociación que se dio entre el sector agropecuario y el Gobierno, para que ahora una moción aprobada por los legisladores se la traiga abajo.

“Habíamos llegado al 1% del IVA. Eso está bien, porque da la trazabilidad necesaria para que todas las etapas de la economía paguen su impuesto y lo reporten. Con esta moción, se quitó la parte de la canasta que va al público y el impuesto, que ahora ya no sería el 1%, sino un 13% a las materias primas que entregamos a las fábricas, piña para jugo, café en fruta para moler y tostar, la caña para hacer azúcar, papas para las papas tostadas”, manifestó Lizano.

“Eso es una torta, no se puede hacer. Creo que hay disposición de los diputados y nunca lo habían visto tan claro como en este momento”, añadió el presidente de la CNAA.

Pero mientras Vargas y Lizano conversaban con diputados y Gobierno, afuera varias decenas de agricultores gritaban consignas en contra del plan fiscal y todo lo que suene al impuesto sobre la canasta básica. Varios de ellos, incluso, hicieron llamados a bloquear las vías nacionales como mecanismos de presión.

A la vez que el agro negocia con los diputados por que el estado de cosas vuelva a la situación ya planteada en el texto sustitutivo del Gobierno, la Cámara Costarricense Norteamericana de Comercio (AmCham) lanzaba un reclamo en contra de una de las reformas planteadas en el plan fiscal.

Se trata de la disposición para que solamente las compras de bienes y prestación de servicios para la exportación califiquen para la exención del IVA, que según Elías Soley, presidente de la AmCham, generaría “inseguridad jurídica” para las empresas en régimen de zona franca.

“Es muy desafortunada esa modificación, porque genera inseguridad jurídica y afecta los encadenamientos productivos” entre las empresas en régimen de zona franca y los prodcutores nacionales, alega Soley.

“La iniciativa del Ministerio de Hacienda no es congruente con el deseo del presidente, Carlos Alvarado, quien reiteradamente ha manifestado que esta reforma no afectará las zonas francas”, agregó el vocero de la Cámara.

Soley lo que asegura es que, al fijar muy específicamente cuáles bienes y servicios se eximirían del IVA, se le impondría el IVA a los encadenamientos productivos.

“El establecimiento de una condición diferenciada entre exportación y compra local es indudablemente un desestímulo a los encadenamientos productivos. Creemos que es importante que exista claridad respecto a la exención de todo tipo de compras de bienes y servicios de compras, independientemente del destino del producto. De aprobarse esa medida, se estarían cambiando las reglas del juego y atentando contra la seguridad jurídica que requieren las empresas que operan en zonas francas”, alegó Soley.