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Roberth Castillo planeaba casarse con su pareja Mario Arias, desde enero pasado, luego de que diera a conocer la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
Sin embargo, había que esperar que esa posibilidad quedara formalizada en la legislación nacional. Su esperanza es que ocurriera con el fallo que dio a conocer este miércoles la Sala Constitucional.
No obstante, tampoco ocurrió, pues en una sesión maratónica los magistrados le dieron 18 meses a la Asamblea Legislativa para regular la materia; si no avanza entraría a regir el matrimonio igualitario.
Castillo no oculta su decepción.
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“Es algo vergonzoso, la Sala está pateando la bola a otra cancha, reconoce que el artículo (14 del Código de Familia) viola los derechos humanos, pero de igual manera da un plazo de año y medio para que se dejen de violentar. Para la Sala esos derechos humanos no son tan importantes porque reconocen que sí hay una violación y que son inconstitucionales, pero deciden que se sigan violando”, manifestó.
Este diseñador digital de 25 años admite que junto con su pareja, ingeniero de 28, esperaba que luego de la opinión consultiva el matrimonio igualitario llegara más rápido. Ahora se resignan a esperar los 18 meses, pues no cree que el Congreso dé el paso de modificar la normativa dada la oposición anunciada por legisladores de varias fracciones en el Congreso.
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“En la Asamblea no hay voluntad política y la Sala IV está tratando de evitar algo que es inevitable. A pesar de que es año y medio más, para nosotros es muchísimo, los derechos humanos no tienen plazo, tienen que cumplirse ya”, aseveró.
Castillo y Arias ahora deberán confiar en que al cumplirse el plazo, el tribunal constitucional cumpla con la anulación del inciso 6 del artículo 14 del Código de Familia, que estipula como “legalmente imposible” el matrimonio entre personas del mismo sexo.
“Según lo que leemos en la sentencia debería ser automático, pasando el año y medio ya deja de estar en vigencia ese inciso, y que no tengan que seguir violando los derechos humanos”, insistió Castillo.
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Arias y Castillo iban a ser la primera pareja gay en contraer matrimonio en Costa Rica, pero lo cancelaron tras la prohibición del Consejo Superior de Notariado de que los profesionales en este campo realizaran estos vínculos.
Hasta el momento, de la orden de la Corte IDH solo se ha cumplico plenamente la posibilida de cambio de nombre según género autopercibido ante el Registro Civil.
Ese órgano, adscrito al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) también estaba a la expectativa de la resolución de la Sala para proceder a la inscripciones de matrimonios entre parejas del mismo sexo.
