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“El informe es, simplemente, una defensa a ultranza de los pluses salariales del Poder Judicial, mal disimulada bajo el argumento de la independencia judicial. Un funcionario no es más ni menos independiente por tener una regulación salarial igual a la del resto de los mortales”.
Así se pronunció Carlos Ricardo Benavides, jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), luego de que este viernes trascendiera un documento en el que ese poder de la República deja claro que tiene potestades de “autogobierno” sobre sus salarios y, por lo tanto, considera que el paquete tributario lesionaría sus funciones.
Se trata de un informe elaborado por la Dirección Jurídica del Poder Judicial a petición de Fernando Cruz, presidente de la Corte Suprema de Justicia y magistrado, quien, además, ocupa un puesto en la Sala IV.
“Yo confío en la entereza moral de los magistrados de la Corte a la hora de analizar ese informe el próximo martes (16 de octubre)”, afirmó Benavides.
Ese día, la Sala Constitucional emitirán una opinión definitiva acerca del proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, el cual superó el primer debate en la Asamblea Legislativa el pasado viernes 5 de octubre.
El informe de la Dirección Jurídica representa, entonces, tan solo un insumo. Forma parte de las consultas planteadas por la Asamblea Legislativa a distintas instituciones.
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En dicho documento, el Poder Judicial determinó que la reforma fiscal afectaría su funcionamiento porque frena el crecimiento del gasto en los pluses salariales del sector público y el gasto público en general.
Erwen Masís, jefe de fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), compartió un criterio similar con Benavides.
“A mí me parece que el país en general, y no solo el Poder Judicial, años atrás tomó decisiones abusivas en función de los beneficios particulares de sectores. Hoy estamos en una coyuntura diferente en la que el país no aguanta esas decisiones”, enfatizó Masís.
El socialcristiano fue categórico al expresar su desacuerdo con los privilegios que reciben ciertos funcionarios públicos.
“(El Poder Judicial) no debería estar excluido. El esfuerzo lo debemos hacer todos. No deben existir clases privilegiadas”, afirmó.
Diputados expectantes
Los congresistas se muestran expectantes de la decisión que tomen los 22 magistrados de Corte Plena el próximo martes.
“Ese es un insumo (el informe de Jurídicos) que le servirá a la Corte Plena para la decisión que tiene que tomar. En ese sentido, yo quiero ser absolutamente respetuoso del procedimiento interno del Poder Judicial y esperar a que ellos, formalmente, tomen una decisión y nos la comuniquen a la Asamblea Legislativa”, comentó Víctor Morales Mora (PAC), jefe de fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC).
Otto Roberto Vargas, líder del Partido Republicano Social Cristiano, dijo también que habrá que esperar criterio de la Sala Constitucional.
Si los altos jueces se apegan a lo dicho por el informe de la Dirección Jurídica, la reforma fiscal afrontaría un obstáculo. Esto debido a que, según el artículo 167 de la Constitución Política, si el Poder Judicial considera que un proyecto de ley afecta su organización y funcionamiento, el Congreso requiere de 38 votos para aprobarlo.
No obstante, el plan fiscal cuenta con la venia de 35 legisladores, quienes le dieron luz verde para que superara el primer debate.
Quien sí opinó que el informe de la Dirección Jurídica del Poder Judicial era previsible, fue Wálter Muñoz, cabeza del Partido Integración Nacional (PIN), quien votó en contra de la reforma fiscal.
“Desde la Comisión (especial para la reforma fiscal), nosotros advertimos que el proyecto de ley afectaba a la Corte y a otras dependencias. Lo que ellos (el Poder Judicial) concluyen es que, efectivamente, tiene que ver con su funcionamiento y, por lo tanto, el proyecto necesita los 38 votos, tal y como se ha venido hablando, advirtiendo y reiterando”, argumentó Muñoz.
Aunque alegó que no adelantaría criterio, el jefe de fracción del PIN dijo que el informe podría ser el preámbulo de un pronunciamiento de la Sala.
“Sería, exactamente, como ver la misma radiografía dos médicos, con el mismo diagnóstico, y que tengan opiniones contrarias”, explicó él, quien es médico.
Quien también se manifestó fue la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar. En entrevista este viernes con La Nación, la jerarca dijo que el país no está en capacidad de defender sueldos privilegiados.
Aparte del informe de la Dirección Jurídica del Poder Judicial, recientemente, la Corte Plena emitió otro pronunciamiento sobre la reforma fiscal, el cual versa en el mismo sentido de que la reforma fiscal afectaría el funcionamiento de la entidad.
Se trató de un documento elaborado sobre una versión desactualizada del proyecto de ley y emitido en forma extemporánea.
