La idea de trasladar a la empresa privada los pluses salariales que paga la CCSS socava los Ebáis y clínicas operados por cooperativas, una universidad y una asociación.

Tales beneficios son tan costosos que una de las cooperativas estima que quebrará si debe costearlos. Otras apuntan a cobrarle más dinero a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) por la administración de los centros de salud y, de hecho, ya existe una demanda judicial con ese objetivo.

Por medio de demandas laborales, profesionales en ciencias médicas están exigiendo a patrones privados el pago de los beneficios fijados en la Ley de Incentivos Médicos de 1982.

Esa ley fue creada con el espíritu de remunerar a médicos en la función pública. Sin embargo, en el 2004, una comisión plena del Congreso, presidida por la entonces diputada liberacionista Kyra de la Rosa extendió los beneficios a los profesionales de entidades privadas.

Dicha norma reconoce beneficios como anualidades, carrera administrativa, carrera hospitalaria y el incentivo de consulta de externa. En total, suman al salario base al menos un 71,5% adicional.

Además, no solo aplica para médicos, sino también para enfermeros, microbiólogos, farmacéuticos, nutricionistas, psicólogos y odontólogos.

Actualmente, en los Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (Ebáis) administrados por empresas privadas, los profesionales reciben un salario básico sin componentes, aunque existen excepciones. Tal es el caso de los microbiólogos, que por escasez de profesionales, reciben un porcentaje adicional.

Las cooperativas, la Universidad de Iberoamérica (Unibe) y la Asociación de Servicios Médicos Costarricenses (Asemeco) administran, en conjunto, 177 (17%) de los 1.034 Ebáis. Lo hacen mediante contratos de concesión. Estas empresas se encargan de atender a la población y la CCSS les paga por sus servicios.

De acuerdo con estudios de la Caja, estos centros son más eficientes y baratos que los operados directamente por la misma entidad. Un informe titulado Evaluación de costos, desempeño y cobertura general de las áreas de salud administradas por terceros versus referentes institucionales, elaborado por la Gerencia Médica de la CCSS, en agosto del 2015, reveló que el costo anual de un Ebáis operado por la Caja duplica el de los que son dirigidos por cooperativas y Unibe.

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Representantes de cooperativas insisten en que pagar estos incentivos les resultaría muy costoso, los llevaría a la ruina y los haría menos atractivos para que la Caja los contrate.

“Esto encarecería los servicios privados y, en nuestro caso, los servicios que le brindamos a la seguridad social. Muy probablemente, a la institución no le sería atractivo contratarnos”, señaló José Pablo Ross, gerente de la Cooperativa Cogestionaria de Salud de Santa Ana (Coopesana), que presta servicios en Santa Ana, Escazú, San Francisco de Dos Ríos y San Antonio de Desamparados.

Por su parte, Óscar Abellán, gerente de la Cooperativa Autogestionaria de Servicios Integrales de Salud de Barva (Coopesiba), pinta un panorama todavía más oscuro para su cooperativa y advierte de que, si pierde los juicios y no pueden trasladar los costos a la CCSS, caerían en la quiebra. “Es un peligro, es un tema complicadísimo para los cooperativas porque podríamos cerrar operaciones todas”, aseveró.

Actualmente, Coopesiba tiene cinco juicios pendientes. “Un juez (del Contencioso) con una sentencia de estas podría dejar a la cooperativa en la quiebra”, detalló Abellán, cuya cooperativa opera en Barva y San Pablo de Heredia con 60 profesionales en ciencias médicas.

La estimación de Abellán es que pagar los incentivos al personal médico le costaría cerca de ¢550 millones más por año. Consideró absurdo el traslado de estos privilegios al sector privado y agregó: “Es muy difícil que podamos seguir dando el servicio porque se encarecería demasiado el servicio”.

En el caso de Unibe, acumulan tres demandas. El asesor legal, Israel Hernández, estima que agregar esos incentivos encarecería su operación en un 15%.

Los tres representantes aseguran que, de perder los juicios, esos costos tendrían que cobrarlos a la CCSS, por lo que también se pone en aprietos a la institución.

La Caja informó de que Unibe, como proveedor, presentó una demanda en un tribunal Contencioso Administrativo para que se le reconozcan los incentivos de la ley.

Dudas

Aunque la reforma a la Ley de Incentivos Médicos de 2004 obligó al sector privado a reconocer los mismos incentivos que reciben los médicos en el sector público, los prestadores de servicios privados se han echado el pulso en tribunales, incluso en la Sala Constitucional.

Abellán dijo que desconocía la reforma porque no fueron consultados.

El argumento es que los salarios del sector privado deben fijarse por el Consejo Nacional de Salarios (como el resto del sector privado) y no por los establecidos por la Dirección General de Servicio Civil (DGSC), tal como lo indica la Ley de Incentivos.

Por su parte, el Consejo Nacional de Salarios se desmarca de tener que fijar el salario de los médicos que trabajan en la práctica privada.

El presidente de dicho Consejo, Guillermo Fernández, aseguró que, para estar más claros, se solicitó un criterio a la Procuraduría General de la República (PGR); la respuesta está pendiente.

Sin embargo, la Sala Constitucional ha resuelto a favor de la comunidad médica, al confirmar que el cambio de 2004 no raya en lo inconstitucional.

Han habido excepciones. Por ejemplo, en el caso de Unibe, un juez laboral le dio la razón de no haber pagado los incentivos porque el contrato con la CCSS no contempló ese gasto, confirmó Hernández.

La Universidad hizo un reclamo administrativo a la institución para que reconozca en el contrato ese gasto, que al final terminó en una demanda ante el Tribunal Contencioso Administrativo porque la CCSS no cumplió con ese reconocimiento.

Para Abellán, la discusión, en cualquier caso, debe terminar en corregir el artículo que reconoció estos beneficios a todos los médicos.

Proyecto de reforma

Esa reforma se planteó en un proyecto de ley en el 2016, impulsado por los liberacionistas Ronny Monge y Karla Prendas. Sin embargo, la iniciativa se encuentra en una comisión y desde su ingreso no ha tenido avance.

Las cooperativas administran 116 Ebais y sus contratos del servicio se ratificaron en el 2015, mientras que la Unibe recién renovó su contrato este año.