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La magistrada Julia Varela, de la Sala II, defendió los beneficios salariales que perciben los funcionarios públicos y aseguró que es incorrecto comparar sus sueldos con los de los trabajadores del sector privado pues, en su opinión, las diferencias se explican por las responsabilidades que tienen unos y otros.
Ese fue uno de los argumentos con los que este martes, en sesión de Corte Plena, Varela justificó su oposición al plan fiscal.
“Es importante señalar que no podemos seguir ejerciendo más presión sobre la clase trabajadora del sector público, se nos ha satanizado. El sector público se está viendo, y aprovechando muy mal creo yo, haciendo una polarización entre trabajadores del sector privado y trabajadores del sector público. Haciendo los comparativos, no tomando en cuenta que hay diferencias de responsabilidad, y que el mismo constituyente estableció que para trabajo igual en idénticas condiciones de eficiencia, salario igual. Por Dios, no podemos estar con la política del igualitico porque no se ejercen las mismas responsabilidades. Eso hay que tenerlo bien claro”, dijo Varela.
La alta jueza reconoció que los funcionarios del Poder Judicial se han visto beneficiados con mejoras en sus remuneraciones, según ella, siempre bajo principios de responsabilidad.
“Tenemos una población que se ha beneficiado por el sistema, más bien, por la política salarial que ha sido creciente en la medida que estos son viables, y con actuaciones responsables basadas en criterios técnicos”, dijo Varela.
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De manera específica, la magistrada defendió el alza salarial que se aprobaron a sí mismos los magistrados en 2010, para evitar que un ajuste que benefició a otros sectores de la Corte acercara demasiado los sueldos de los jueces, fiscales, defensores públicos y jefes administrativos a los suyos.
Así fue como el índice gerencial se incluyó como un componente dentro del sueldo base para los 46 miembros de la clase gerencial de la Corte, aumento que se vio reflejado en un incremento salarial del 25% para todos los favorecidos.
“Aquí hoy se ha traído a colación el tema de la clase gerencial. No me puedo quedar callada porque a mí incluso recientemente me cuestionaron esto porque yo lo voté a favor, y si lo tuviera que hacer ahora lo haría también, haciéndolo como lo recomendé en ese momento, con el percentil más bajo para que tuviera menor impacto. Y fíjense que hoy con lo que nos han traído a colación el señor presidente don José Figueres Ferrer, desde aquel entonces tenía muy claro que las y los funcionarios no podían estar mal pagados, porque tenían muchas responsabilidades”, dijo Varela.
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“Muy fácil, entonces es decir, y criticar. Y quiero decirles también que, como consecuencia de esa decisión de la famosa clase gerencial, también logramos que juezas y jueces y toda la población del Poder Judicial se beneficiara”, añadió la magistrada.
En opinión de la jueza laboral, la ciudadanía no se ha percatado de la importancia del esquema del Poder Judicial.
“Ya la población judicial ha sido afectada y así lo ha manifestado, al grado de ir a dos huelgas. Mire que esto no es cualquier cosa, esto ha dolido mucho porque nos han criticado, creo yo que un poco injustos, y creo que un poco desinformados porque solo lo ven como una cuestión muy negativa y no como lo que significa esto para la paz de este país”, lamentó Varela.
Mes a mes, cada uno de los 12.400 empleados del Poder Judicial recibe, en promedio, casi ¢1 millón solo en incentivos, además del salario base. Dicha cifra supera por mucho el sueldo promedio en el sector privado (¢385.000) y triplica el salario más bajo del Gobierno (¢267.000).
Dichos incentivos consumirán un 38% del presupuesto del Poder Judicial para el año 2019.
La magistrada dijo a sus pares que la contención del crecimiento de los sueldos de los funcionarios judiciales tendría como efecto que muchos de ellos se vean imposibilitados para hacerle frente a las obligaciones financieras que adquirieron con base en el esquema salarial al que están acostumbrados.
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“Siempre hemos colaborado y debemos seguir colaborando, pero no de una manera tan feroz como la que se está presentando, y no me parece justo que le atribuyan al Poder Judicial la responsabilidad ahora de que si esto no ser vota es nuestra responsabilidad histórica en lo que pueda pasar en lo económico”, concluyó Varela, antes de manifestar que la reforma tributaria incide negativamente en el funcionamiento del Poder Judicial.
El calificativo “igualiticos” que Varela pronunció este miércoles es el mismo que utilizó el 30 de julio ante la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa, en la audiencia de su proceso de reelección. En esa sesión, se le consultó su opinión sobre la posibilidad de unificar todas las pensiones en el régimen IVM de la CCSS, siendo que las jubilaciones del Poder Judicial son mucho más costosas para el Estado.
“Los ajustes, como estamos en país de derecho, cuando hablamos de derechos adquiridos y cuando usted entra a una institución, entra con unas reglas y usted está aportando de acuerdo a esas reglas. El tema es que si se cambian las reglas del juego, usted imagínese en ese escenario donde usted tiene reglas claras, con base en lo que usted recibe usted fija los gastos fijos que usted tiene, puede ser que si usted tiene unos recursos que le permiten tener a sus hijos en educación privada, pues los tiene en educación privada, pero si de un momento a otro le quitan todos esos recursos, a usted lo dejan en estado de incumplimiento”, dijo la magistrada en esa ocasión.
“Sabemos que la persona con lo que tiene se proyecta, sabemos cierto no todos los puestos y si fuera que se pueden unificar, que ni siquiera en un sistema comunista, ni siquiera así lo tienen que sea que todos están en plano, todos igualiticos como decía una compañera, igualiticos eso no es posible, por lo menos sí en una estructura”, añadió después, según consta en el acta de esa sesión.
El 10 de setiembre, Varela fue reelecta en su cargo por ocho años más. La magistrada ya tiene 16 años de ser miembro del máximo tribunal de justicia en materia laboral.
