Magistrado de Sala IV niega haber adelantado criterio sobre reforma fiscal

Fernando Cruz, magistrado de la Sala IV, niega haber adelantado criterio sobre la reforma fiscal por haber cuestionado, en una sesión de Corte Plena, las medidas que ese proyecto introduciría para contener el gasto público en salarios.

No obstante, el también presidente de la Corte Suprema de Justicia afirma que, cuando los diputados consulten al tribunal constitucional si el proyecto fue bien tramitado, evaluará si se inhibe de votar.

“A mí me parece que yo no adelanté ningún criterio porque no me referí a ningún tema de inconstitucionalidad, ni a ninguna norma violentada”, afirmó.

Según Cruz, dado que todavía no ha llegado la consulta facultativa por parte de los legisladores, es una “especulación” decir si él debería abstenerse de votarla.

“No encuentro motivos para inhibirme, pero cuando venga la consulta, porque vea qué especulativo que es, yo veré”, enfatizó el jerarca de la Corte.

Las declaraciones del magistrado se dan luego de que cinco de los siete jefes de fracción del Congreso opinaran que Cruz debería apartarse del proceso de votación de la reforma fiscal en la Sala IV, pues ya se habría pronunciado sobre el contenido del plan tributario.

Específicamente, los legisladores cuestionan que él haya hablado sobre los topes salariales en una sesión de Corte Plena del 3 de setiembre anterior.

Se trata de Carlos Ricardo Benavides, de Liberación Nacional (PLN); Víctor Morales Mora, de Acción Ciudadana (PAC); Carlos Avendaño, de Restauración Nacional (PRN); Wálter Muñoz, de Integración Nacional (PIN); y Otto Roberto Vargas, del Republicano Social Cristiano (PRSC).

Erwen Masís, líder del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), consideró que Fernando Cruz no tiene por qué apartarse de la votación de la reforma fiscal.

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Al superar el primer debate en el Congreso, el pasado viernes 5 de octubre, el proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas deberá pasar por el filtro de la Sala IV.

El máximo tribunal constitucional tendrá que determinar si el expediente 20.580 presenta algún vicio en su tramitación en la Asamblea Legislativa, o bien, alguna inconstitucionalidad en su contenido. De no encontrar ninguna anomalía, el plan tendrá vía libre para su votación definitiva en segundo debate.

Acuerdo enviado al Congreso

El 24 de setiembre, la Corte le envió al Parlamento un acuerdo de los magistrados en el que concluyen que la reforma fiscal, en su versión original, incidía sobre la organización y el funcionamiento del Poder Judicial porque le pone tope a los salarios millonarios, atenúa el crecimiento de los incentivos salariales y limita el gasto público.

En la sesión en que la Corte Plena conoció ese informe, el 3 de setiembre, Fernando Cruz se refirió a los topes a los salarios que pondrá el paquete tributario.

Ese día, los altos jueces de la República elaboraron un acuerdo y lo mandaron al Congreso a sabiendas de que se estaban pronunciando en forma extemporánea y sobre un texto desactualizado.

Desde el 2 de abril, el Parlamento le había pedido criterio a la Corte sobre el plan fiscal. No obstante, los magistrados se manifestaron cinco meses después; tomaron el acuerdo el 3 de setiembre y lo enviaron a los legisladores hasta el 24 de ese mismo mes.

Lo hicieron en conocimiento de que se pronunciaban sobre un texto sin validez, pues el 21 de agosto –cuatro meses después de que la Asamblea solicitara su opinión– los congresistas aprobaron un texto sustitutivo de la reforma fiscal.

“La Corte ha contestado reiteradamente consultas que son extemporáneas, así es que eso no tiene nada vicioso… La Asamblea hizo la pregunta forma y la corte tenía que contestar. Yo no veo que eso sea alguna irregularidad”, aseveró Cruz a La Nación.

Pese a conocer que se pronunciaban sobre un texto desactualizado y extemporáneo, a Cruz le pareció oportuno ponerlo en agenda para que “constara formalmente la posición de la Corte” en el expediente legislativo.

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Esa fue la respuesta que le dio el jerarca de la Corte al magistrado de la Sala I, William Molinari, quien elaboró el informe.

Estas fueron las palabras de Cruz el día de la sesión, en relación con el tope de ¢5,3 millones que la reforma fiscal le impondría a los salarios de jerarcas públicos (actualmente, algunos ganan incluso más de ¢10 millones):

“Si usted le pone un límite a los miembros de los Supremos Poderes, los que están en la carrera fiscal podrían llegar a ganar más que lo que está en los 20 salarios eventualmente", dijo el jerarca de la Corte.

Y agregó: “Si usted le pone ese límite, muchos que están en carrera podrían no tener interés en venir a la magistratura. Es decir, cuando usted uniforma de esa manera, tiene que valorar el contexto del poder al que está incidiendo, ese es un punto”, enfatizó Cruz.

Consultado sobre si no le parece que haberse referido a los sueldos del Poder Judicial podría verse como un adelanto de criterio, Cruz respondió: “mejor ni hablemos de salarios… No digamos salarios, porque decirlo es prohibido”.

Después del Ministerio de Educación Pública (MEP), el Poder Judicial es la institución con el presupuesto más grande del país, con ¢474.800 millones este 2018. De ese dinero, ¢384.000 millones (81%) se destina al pago de remuneraciones.