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De poco sirvió un oficio que la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, le envió a la Corte Plena este martes 16 de octubre, en el que les garantizaba a los magistrados la independencia del Poder Judicial en materia salarial.
La jerarca envió el mensaje para aclararles a los magistrados los alcances del proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas en dos de sus contenidos: la rectoría del Ministerio de Planificación (Mideplán) en la evaluación del empleo público y la potestad del Poder Judicial para modificar su escala salarial.
Aun con las explicaciones de la ministra de Hacienda, la mayoría de la Corte Plena concluyó que el proyecto tributario sí afecta su funcionamiento y la independencia del Poder Judicial.
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En la nota, de la cual La Nación tiene una copia, Rocío Aguilar les dijo a los magistrados que el Mideplán ejercería la potestad sobre la evaluación del empleo público “con las excepciones respectivas”.
“Sé que existe voluntad de las y los diputados de presentar una interpretación auténtica que garantice absoluta independencia del Poder Judicial en materia de evaluación de desempeño”, aclaró la jerarca.
Aguilar también intentó aclarar las dudas del Poder Judicial acerca de si la reforma fiscal, aprobada en primer debate con 35 votos el viernes 5 de octubre en el Parlamento, afecta su independencia al regular la aplicación de algunos de los pluses que paga a sus empleados.
“Quisiera señalar de manera respetuosa que el proyecto no afecta o elimina la potestad del Poder Judicial de modificar su escala salarial o modificar los salarios bases”, afirmó.
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Y les explicó a los altos jueces que la reforma tributaria no quitaría al Poder Judicial su potestad y autonomía de aumentarle el salario a algún funcionario si considera que es necesario.
Sobre ese particular Aguilar les amplió: “Particularmente, si el Poder Judicial considera que, ante la regulación de la dedicación exclusiva o las anualidades, es necesario incrementar el salario de algún funcionario, puede hacerlo al amparo de su independencia en material salarial”.
Llamado a poner sobre la balanza la situación del país
En su nota, Rocío Aguilar les expuso a los magistrados la urgencia que tiene el Gobierno de que el Congreso apruebe definitivamente en segundo debate el proyecto de reforma fiscal, porque “el nivel de endeudamiento pone en un alto riesgo todo el funcionamiento de la economía nacional”.
Y les advirtió que, si el proyecto no entrara en vigor, “la capacidad del Estado para afrontar sus obligaciones está en riesgo”.
“Hoy, más que nunca, Costa Rica necesita el concurso de todos los habitantes, para asegurar que esta reforma sea aprobada y podamos acometer, ahora sí, con la tranquilidad que se requiere, la reforma que nos permita mantener el Contrato Social que le ha permitido a este país paz, igualdad y solidaridad”, recalcó la titular de Hacienda.
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Aguilar también recalcó a la Corte Plena que la crisis fiscal se ha materializado y que, por esa razón, urge “una respuesta digna de los más puros ideales del ser costarricense”.
“Esa idea de que juntos debemos afrontar los retos y que todos debemos aportar, en la medida de nuestras capacidades, es el sacrificio que la situación demanda”, enfatizó.
En su mensaje, la jerarca les desglosó a los magistrados la composición del proyecto de fortalecimiento fiscal. Sin embargo, el presidente de la Corte, Fernando Cruz, criticó que esa explicación de la iniciativa de ley se les diera hasta después de la aprobación en primer debate de la propuesta de ley, que permitiría reducir el déficit fiscal a la mitad en un plazo de cuatro años.
El Banco Central de Costa Rica (BCCR) estima que el déficit fiscal sobrepasaría un 7% del producto interno bruto en diciembre entrante.
