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Luego de que un informe jurídico del Poder Judicial declarara que la reforma fiscal afectaría el funcionamiento de esa institución, en el tanto le pone freno al gasto público en salarios, la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, afirmó que el país no está en capacidad de defender sueldos privilegiados.
“Al fin y al cabo tenemos recursos públicos que vienen de impuestos de todos los costarricenses y no nos podemos arrogar el derecho de tener salarios con privilegios por encima del que tiene el resto de los asalariados de incluso el sector público”, afirmó la jerarca.
“Hay mucho más en juego que estar protegiendo un nivel salarial que, a todas luces, se ha venido originando a través del autootorgamiento de pluses de toda índole... Me da la sensación que algunas instituciones, que siguen gozando de recursos y privilegios, no han sufrido en su carne la crisis”, agregó.
“Pero lo cierto es que los costarricenses que están afuera, que tienen que pagar créditos, que tienen que buscar trabajo y que en muchas oportunidades con niveles salariales por debajo de los salarios mínimos, esta gente ya sintió la crisis, esta gente ya la está viviendo”.
Este viernes, trascendió que informe de la dirección Jurídica del Poder Judicial concluye que la Corte tiene potestades de “autogobierno” en la administración de sus salarios y que, por lo tanto, la reforma fiscal afectaría la organización y funcionamiento, pues el proyecto le pone tope a los salarios millonarios y atenúa el crecimiento de los incentivos salariales.
Por ejemplo, la reforma establece que ningún nuevo jerarca podrá ganar más de ¢5,3 millones y que los salarios de quienes hoy ganan más de esa cifra quedarán congelados de por vida. En la Corte, han surgido sueldos hasta de ¢10 millones.
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El criterio fue solicitado por el presidente de la Corte y magistrado de la Sala IV, Fernando Cruz, y se someterá a conocimiento de la Corte Plena, el próximo martes, para responder una consulta que hizo la Asamblea Legislativa que aprobó la reforma fiscal en primer debate.
En entrevista con La Nación, la ministra de Hacienda argumentó la imposibilidad de sostener el crecimiento de los salarios que se pagan actualmente en el sector público, incluido el Poder Judicial, donde los empleados reciben en promedio ¢1 millón en incentivos económicos.
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“Yo creo que vale la pena que ya entendamos que, si por alguna circunstancia, si un proyecto como este no logra ver el final del día, va a afectar la operación y funcionamiento del Estado como un todo, ya no solo el Poder Judicial... va a recibir un efecto por la fuerte reducción del presupuesto de la República", advirtió.
A la vez, alabó la posición tomada por los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), los cuales evitaron pronunciarse sobre las medidas de contención de gasto en pluses, por una cuestión de probidad.
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La reforma fiscal establece que las instituciones ya no podrán crear nuevos pluses, a menos de que sea por ley.
Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia se han creado pluses para ellos mismos. Entre 2008 y 2010, se aprobaron un incentivo salarial que elevó, en cuestión de dos años, sus propios salarios y los de otros altos cargos del Poder Judicial, entre un 26% y un 96%.
Pese al criterio de los abogados del Poder Judicial, Aguilar no comparte que el proyecto de ley afecte el funcionamiento institucional.
“Algunos expertos y especialistas en el tema han estudiado si efectivamente este producto podría tener una incidencia en la organización y funcionamiento del Poder Judicial y la respuesta ha sido que no. La respuesta se ha basado en que no toca ningún aspecto de carácter jurisdiccional, no modifica las competencias jurisdiccionales, ni los tribunales, ni absolutamente nada que tiene que ver con la esencia del Poder Judicial en la administración de la justicia”, explicó.
Además, la ministra hizo un intento por tranquilizar al Poder Judicial al decir que el proyecto de ley no afecta su presupuesto, pues está protegido por una obligación constitucional de transferencia de fondos. Según la jerarca, esta autoridad ha recibido, históricamente, más dinero del que le corresponde y hoy percibe un 50% adicional.
Consultada sobre si este informe entorpece el trámite legislativo, asegura que, en caso de que los magistrados se pronuncien en contra y manifiesten que la iniciativa les afecta, el requisito de los 38 votos en el Congreso se debería cumplir en segundo debate, pero no sería necesario devolver el proyecto de ley a primer debate.
La jerarca se refiere a la crisis fiscal que atraviesa el gobierno, cuyo déficit superará el 7% del producto interno bruto este año, y que para financiar los gastos, incluidos los del Poder Judicial, ha recurrido a un alto endeudamiento que supera el 50% del PIB.
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Sin referirse en específico al informe jurídico, Aguilar externó su preocupación por la afectación que podría tener la no aprobación de la reforma fiscal, que en este momento se encuentra en consulta en la Sala Constitucional.
