El futuro canciller Manuel Ventura Robles, de 70 años, fue uno de los juristas que denunciaron la comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela por parte del régimen de Nicolás Maduro.
Ventura formó parte del panel de tres expertos internacionales, nombrados por el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, que elaboró un informe sobre la violación de derechos humanos en Venezuela en los últimos años.
Las investigaciones se extendieron de setiembre del 2017 a mayo del 2018.
Ventura fue designado en el panel luego de que Almagro le solicitara colaboración al entonces presidente, Luis Guillermo Solís.
“(En Venezuela) se cometieron siete crímenes de lesa humanidad, con fundamento en toda la prueba aportada y en el testimonio recibido… no es que fueron siete como tales, únicamente, sino que de cada uno de esos hay una enorme cantidad de pruebas contra muchas personas”, declaró Ventura a La Nación en noviembre pasado.
Los crímenes de lesa humanidad son ataques contra una población civil, los cuales responden a una política de Estado o de una organización. Estos pueden ser sistemáticos (siguen un patrón) o generalizados (de gran magnitud), por ejemplo, la violación en masa de mujeres o la represión de miles de personas.
“En la elaboración del mencionado informe se pusieron de relieve los crímenes ocurridos en Venezuela, especialmente las torturas, lo cual me impactó fuertemente pese a haber trabajado 37 años en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 12 de ellos como juez”, escribió Ventura en un artículo publicado en La Nación en octubre.
La investigación concluyó que “los actos a los que se ha visto sometida la población civil de Venezuela, que se remontan por lo menos al 12 de febrero de 2014, constituyen crímenes de lesa humanidad, de conformidad con lo que establece el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, incluyendo los crímenes de asesinato, encarcelación, tortura, violación y otras formas de violencia sexual, persecución y desapariciones forzadas”.
Manuel Ventura confirmó este lunes a Columbia que será juramentado como canciller el martes entre 1:30 p. m. y 3 p. m., en Casa Presidencial.
Crítica por no firmar denuncia
El informe del panel de expertos sirvió como insumo para que siete Estados presentaran una denuncia contra Maduro ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, con el objetivo de que se juzguen los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.
Y, de hecho, Ventura alzó la voz cuando se dio cuenta de que el gobierno de Carlos Alvarado, con Epsy Campbell como canciller, evitó firmar la denuncia.
El futuro canciller consideró lo ocurrido como un error “lamentablemente desacertado”.
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“Qué vergüenza ver a Argentina y Canadá, Estados nacionales de los otros dos expertos, integrarse de inmediato a la presentación del caso a la fiscala del Tribunal Penal internacional y Costa Rica, de la que se esperaba encabezara la iniciativa, no lo hiciera esgrimiendo razones débiles que hubiera sido mejor no mencionar”, escribió Ventura en La Nación.
El panel investigador también lo integraron el argentino Santiago Cantón y el canadiense Irwin Cotler.
“Que Costa Rica no se mantenga a la cabeza de la protección internacional de los derechos humanos es muy doloroso, porque bajo diferentes gobiernos, presidentes y ministros de Relaciones Exteriores esa ha sido siempre su tónica”.
“Nuestro país ha cometido un error de dimensiones históricas. Ojalá se rectifique para que la imagen proyectada se disipe. No debemos fomentar la impunidad”, citó.
En una primera instancia, Costa Rica alegó que el caso lo debía ver la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU), cuyas resoluciones y recomendaciones no son obligatorias.
Luego, el gobierno de Carlos Alvarado alegó que apoyaría la denuncia ante la Corte Penal Internacional.
Sin embargo, lo que la Cancillería hizo, al mando de Campbell, fue remitir a la Fiscalía internacional una nota verbal y un comunicado de prensa en el cual el Gobierno expresaba su “apoyo” a la petitoria de los siete países.
Ventura, entonces, criticó la informalidad de lo hecho, en declaraciones a La Nación.
“Me impresionó mucho la falta de formalidad de un acto de esta naturaleza. Esto no se hace a través de un comunicado de prensa. Se hace mediante un documento formal firmado por el presidente y la canciller. Creo que lo pertinente es que la Cancillería explique por qué lo hizo así y que diga quién le recomendó a la Canciller hacerlo de esa manera”, dijo en ese momento.
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“A mí me sorprendió enormemente cuando me enteré de que Costa Rica no estaba dentro del grupo inicial (de países que presentaron la petición), pero después me llamó el presidente (Carlos Alvarado) y me dijo que se sumarían, entonces yo quedé tranquilo y muy contento, pero ahora no se sabe qué es lo que hicieron exactamente. Yo quisiera que el Gobierno aclare qué es lo que hizo”, agregó.
“Deben aclarar eso muy bien, sobre todo porque eso es un papelón ante la comunidad internacional”, insistió Ventura.
En julio del 2018, el futuro canciller y Tamara Sujú, directora ejecutiva del Instituto Casla (Center for Studies and Analysis for Latin America, por sus siglas en inglés), le entregaron al expresidente Óscar Arias una copia del Informe investigativo sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
Tras la cita, Arias dijo que le propondría al mandatario Carlos Alvarado llevar el caso de Venezuela a la Corte Penal.
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Trayectoria
Ventura tiene una larga trayectoria en la diplomacia y en el derecho internacional.
Fue embajador ministro consejero en Asuntos Jurídicos en la embajada de Costa Rica en Washington, Estados Unidos, entre 1978 y 1979, durante el gobierno de Rodrigo Carazo Odio. A la vez, era el segundo delegado alterno de esa misión diplomática ante la Organización de Estados Americanos (OEA).
En la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) tiene una larga trayectoria.
De 1990 al 2003 fungió como secretario del organismo y, entre el 2004 y el 2015, se desempeñó como juez de la Corte IDH llegando a ocupar, incluso, el puesto de vicepresidente.
En el 2016, fue candidato de Costa Rica para integrar la Comisión de Derecho Internacional de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
No obstante, la candidatura fracasó durante la administración de Luis Guillermo Solís.
Ventura también ocupó un cargo en el Comité Asesor que ve las candidaturas de los magistrados a la Corte Penal Internacional.