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El expresidente Óscar Arias pedirá al presidente, Carlos Alvarado, y a la canciller, Epsy Cambell, que el Gobierno de Costa Rica tome la batuta de llevar a la Corte Penal Internacional (CPI) los asesinatos, detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas ocurridas en Venezuela.
Esa instancia es un organismo independiente encargado de juzgar a personas responsables de cometer crímenes.
Se trata de un tribunal internacional cuyas funciones son definidas por el Estatuto de Roma, un documento suscrito por distintas naciones en 1998.
Ante la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya (Países Bajos) pueden ser presentados conflictos ocurridos en las naciones signatarias de dicho estatuto. Costa Rica y Venezuela son parte de las más de 23 países que lo han suscrito.
La decisión de Arias de llamar al Gobierno de Carlos Alvarado a presentar el caso venezolano ante dicho tribunal, se basa en los datos contenidos en el último Informe investigativo sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela, elaborado por la Organización de Estados Americanos (OEA).
Ese documento fue entregado al exmandatario la tarde de este miércoles por Tamara Suju, directora ejecutiva del Instituto Casla (Center for Studies and Analysis for Latin America, por sus siglas en inglés) y por Manuel Ventura, miembro del grupo de expertos quienes realizaron el informe.
“Me parece que Costa Rica puede aprovechar su prestigio como defensor de los derechos humanos y como país democrático, donde sabemos convivir y donde sabemos que en una democracia el pueblo tiene todo su derecho de manifestarse en contra del gobierno… sería muy importante que Costa Rica, acompañada de otros gobiernos, presentara el caso en la Corte”, comentó Arias.
Aunque no especificó cuáles serían esos países que podrían acompañar al nuestro ante la Corte Penal Internacional, dijo que tendrían que ser democracias consolidadas de América Latina y de América del Norte. Solo citó a Canadá como ejemplo.
En entrevista con La Nación este martes 17 de julio, el Premio Nobel dijo a La Nación que Costa Rica debería llevar a esa misma instancia el caso de Nicaragua, donde han muerto al menos 270 civiles en los últimos tres meses en manos de los militares.
No obstante, especialistas en derecho internacional coinciden en que la diligencia no sería factible, dado que ese país no ha suscrito el Estatuto de Roma y, por ende, no forma parte de la Corte.
Una segunda denuncia
Ya ese tribunal internacional estudia una demanda interpuesta por el caso venezolano por la misma Tamara Suju en julio del 2016.
En aquella ocasión, ella presentó las primeras 55 incidencias, expediente que ha ido alimentando en el tiempo, hasta hace dos semanas.
En total, ya ha aportado 120 incidencias, las cuales incluyen a más de 400 víctimas.
“Esas se pueden multiplicar por dos, o por tres, porque esas víctimas han denunciado muchos casos de otras personas que fueron torturadas”, dijo Suju a La Nación.
Esas pruebas presentadas por la venezolana a la Corte Penal Internacional son parte de la documentación valorada por la OEA para realizar el informe.
“Se determinaron siete crímenes, que son asesinatos, detenciones arbitrarias, torturas, violencia sexual, desaparición forzada y, además, de determinó la manipulación del hambre y de los derechos fundamentales, como el derecho a la vida y de la integridad física a través de los alimentos y las medicinas”, explicó Suju.
Según la vocera, quien es abogada penalista, la represión que están sufriendo los venezolanos va más allá de las agresiones sufridas por quienes se manifiestan en contra del régimen de Nicolás Maduro. Para ella, la violencia también se refleja en la falta de acceso a alimentos y medicinas.
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Venezuela está sumida en una profunda crisis económica que azota a la población con escasez de alimento, medicinas y servicios públicos.
De hecho, el Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que la inflación de ese país llegará a un 14.000%.
Tanto Suju como Ventura visitaron Costa Rica en el marco del 40° aniversario de la Corte Interamerica de Derechos Humanos (CIDH), con sede en nuestro país.
