Las cuatro mayores fracciones del Congreso consideran que la reforma fiscal debe continuar su camino pese a que los magistrados le enviaron un oficio a la Asamblea con el que intentan proteger los sueldos del Poder Judicial, en vista de que el proyecto le pone freno al crecimiento de los pluses salariales.

Los partidos Liberación Nacional (PLN), Restauración Nacional (PRN), Acción Ciudadana (PAC) y Unidad Social Cristiana (PUSC) consideran innecesario consultarle el proyecto a la Corte Suprema de Justicia antes de someterlo a votación.

Los magistrados alegan que la versión original de la reforma, la que dejó el gobierno de Luis Guillermo Solís, incide sobre la organización y el funcionamiento del Poder Judicial porque le pone tope a los salarios millonarios, atenúa el crecimiento de los pluses y limita el gasto público.

Si un proyecto de ley afecta la organización de la Corte, los diputados requieren de 38 votos para aprobarlo, lo que impediría tramitarlo por la vía rápida.

No obstante, los magistrados se pronunciaron de forma extemporánea el 3 de setiembre sobre un texto que, de hecho, ya no existe, pues la administración de Carlos Alvarado lo cambió. La Asamblea había consultado al Poder Judicial desde abril.

El jefe de bancada del PLN, Carlos Ricardo Benavides, indicó que no comparte el criterio de la Corte de que la reforma afecta el funcionamiento del Poder Judicial y considera innecesario realizar una nueva consulta, como piden el Partido Integración Nacional (PIN), el Partido Republicano Social Cristiano y el Frente Amplio (FA).

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“Me parece que el criterio no debe afectar el trámite porque es contrario a resoluciones de la misma Sala Constitucional. La Corte no es una isla y los cambios no afectan la organización o al aparato en sí. Además, no tiene ningún sentido haber contestado una consulta de abril en setiembre, a sabiendas de que el texto cambió. Realmente no entiendo el mensaje ni el propósito, pero sería muy doloroso que las potestades de la Corte fueran utilizadas para defender un régimen de privilegios”, dijo el liberacionista.

El legislador del PUSC, Pedro Muñoz, también aboga porque la reforma siga su trámite, pero asegura que, ante el panorama actual, la Asamblea Legislativa debería buscar blindar el proyecto aprobando el plan tributario con al menos las dos terceras partes de los diputados.

“Debemos hacer un esfuerzo para que esto se vote con más de 38 votos porque ahora la Asamblea Legislativa debe verse unida frente al Poder Judicial. Yo veo esto como una oportunidad para que la Asamblea cierre filas y que busquemos la forma de que todas las fracciones nos sintamos representadas con este proyecto”, comentó el diputado.

Por su parte, el jefe de fracción de Restauración Nacional, Carlos Avendaño, comentó que aunque no conoce a profundidad el criterio enviado por la Corte, ya el momento de las consultas pasó y que el trámite debe avanzar.

“Ya los textos anteriores se habían consultado y creo que el momento procesal de las consultas ya pasó. Ahora, lo que tenemos que esperar es el criterio de Servicios Técnicos que diga si la aprobación requiere de 38 votos”, dijo Avendaño.

Los legisladores coinciden en que si el plan tributario es aprobado en primera ronda deberá ir a la Sala Constitucional para que esta determine si lleva la razón la Corte Plena con el argumento de que las reformas al gasto afectan el funcionamiento del Poder Judicial.

El PAC, por su parte, dijo mediante un comunicado de prensa que el proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas no es una iniciativa específica para regular la organización o el funcionamiento del Poder Judicial, sino una reforma fiscal para mejorar los ingresos del Estado y contener el crecimiento del gasto público.

El ministro de la Presidencia, Rodolfo Piza, insistió en que la reforma fiscal no es una iniciativa específica para regular la organización o el funcionamiento del Poder Judicial, sino para mejorar los ingresos del Estado y contener el crecimiento del gasto público.

Añadió que la legislación permite utilizar la vía rápida para tramitar proyectos fiscales y presupuestarios, según lo declaró la Sala Constitucional en 2012.

“Al día de hoy, el expediente 20580 requiere de mayoría simple de acuerdo al artículo 129 de la Constitución Política. La votación del proyecto solamente puede ser calificada si existiera una opinión negativa de la Corte, la cual a la fecha no ha sucedido. Aún en esa hipótesis, si el texto final requiriera más que una mayoría simple, ello no invalidaría el procedimiento adoptado al amparo del 208 Bis del Reglamento Legislativo”, señaló Piza.

Piden una nueva consulta

El FA, el PIN y el Republicano Social Cristiano consideran, por el contrario, que la opción de seguir con el trámite es demasiado riesgosa y que la Asamblea debe enviar lo antes posible el último texto del proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas a consulta a la Corte Suprema, para que esta diga si la iniciativa afecta al Poder Judicial y en dado caso el Congreso busque realizar cambios que eviten esa afectación.

“Hemos manifestado que el procedimiento tiene vicios no solamente en este caso, no le quieren hacer caso a los más experimentados, se debe hacer la consulta a la Corte”, declaró el jefe de bancada del Partido Integración Nacional (PIN), Walter Muñoz. “Deberíamos pedirle un criterio a la Corte, por mucho correr se nos puede caer el plan fiscal y eso va a ser un caos”, mencionó el diputado del Republicano Social Cristiano, Otto Roberto Vargas.

“La Asamblea debe consultarle el nuevo texto al Poder Judicial de forma casi inmediata, el Gobierno dice que lo va a hacer después, pero si la Corte dijo que ese proyecto original le afecta, con mucha más razón le va a afectar un proyecto que va en la misma dirección. La opción que yo veo, para que no se caiga el plan fiscal, es hacer esa consulta y hacerle al proyecto cambios a los aspectos que dice la Corte que le afecta, sería realmente arriesgado aprobar el proyecto en primer debate y esperarse a la Sala Constitucional”, dijo el diputado del Frente Amplio, José María Villalta.

Corte intenta proteger salarios

El Poder Judicial, que paga sueldos hasta de ¢10 millones, dijo encontrar afectación en el proyecto porque actualmente no existe un límite para los salarios, aunque la reforma establece que no se podrán rebajar los salarios públicos actuales.

La Corte alega que, en comparación con los gastos actuales, el plan fiscal “daría como resultado una disminución del gasto” y que los salarios de quienes hoy superan los ¢5,3 millones solo podrían ajustarse por inflación, “de manera que el proyecto sí aplicaría a un segmento de los funcionarios que al día de hoy prestan sus servicios al Poder Judicial”.

También, los magistrados argumentan que la reforma fija en 8 años el pago de cesantía (indemnización por despido o jubilación), como ocurre con la mayoría de los trabajadores, y que el Poder Judicial paga 12 años.

Añadió que la legislación permite utilizar la vía rápida para tramitar proyectos fiscales y presupuestarios, según lo declaróla Sala Constitucional en 2012. , la Corte paga un 65% para licenciados, un 45% para egresados de licenciatura y un 30% para bachilleres.

La última versión del proyecto establece un 25% para licenciados y un 10% para bachilleres

Asimismo, la Corte Plena acotó que la reforma exige firmar un contrato de uno a cinco años para pagar dedicación exclusiva y que ese requisito hoy no existe, además de que se requiere que el profesional esté incorporado a un colegio profesional y que hoy basta con que sea egresado universitario.

Otra observación tiene que ver con las anualidades. La reforma actual transforma el plus en un porcentaje fijo en vez de un porcentaje del salario, además de que exige, desde su versión original, una evaluación del funcionario para medir si merece el incentivo.

“El Poder Judicial tendría que reestructurar parte de su organización interna con el objeto de destinar el recurso humano necesario para diseñar y aplicar los instrumentos de evaluación, en la forma que indica el plan fiscal”, alegó el Poder Judicial, el cual paga un 1,94% de anualidad a profesionales y un 2,54% a no profesionales, así como un 5,5% a los médicos de la institución.

Otra observación de la Corte tiene que ver con la regla fiscal, mecanismo que limitaría el crecimiento del gasto corriente del Gobierno central de acuerdo con ciertos rangos, según el nivel de deuda pública que haya.

Los magistrados alegaron que, si la regla fiscal se hubiese aplicado este año, el crecimiento del presupuesto del Poder Judicial habría sido menor a causa del nivel de endeudamiento del Gobierno.